Más expropiaciones para Parques Solares en Castilla y León ¿Es así como el PP defiende el campo?

Hace unos meses tuvimos conocimiento de que las tierras de unos agricultores de la comarca zamorana de Tábara iban a ser expropiadas para la instalación de placas fotovoltaicas proyectadas por la empresa Ignis, una compañía muy «sostenible» viendo su página web. El caso es que La Junta de Castilla y León (PP-VOX) había considerado el proyecto de «utilidad pública» al igual que otros dos de los siete proyectos que esa empresa tiene previstos. Los afectados trataron de recurrir la decisión para defender sus propiedades y poder continuar con sus actividad pero nos tememos que sin éxito.

Este martes nos hemos enterado de que van a expropiar los terrenos de 126 agricultores en la provincia de León para crear un macroparque fotovoltaico. Asaja de León, a través de un comunicado, ha mostrado su indignación por la política de la Junta de autorizar el procedimiento de expropiación forzosa para que las empresas promotoras de macroparques fotovoltaicos puedan hacerse con la propiedad de los terrenos agrícolas cuando no han llegado a un acuerdo privado con los propietarios de los mismos. La organización agraria recuerda a la Junta que «no existe el “interés general” en el que se fundamenta la Ley de Expropiación, ya que el territorio en el que van a asentar el negocio, el de Castilla y León, es excedentario en la producción de energía eléctrica, y que el lugar elegido no es el único posible, es sencillamente el que más le interesa al promotor desde el punto de vista económico.»

La organización agraria hace referencia al expediente de expropiación a instancias de la empresa leonesa Planta Fotovoltaica La Llanada S.L., que promueve el macroparque “La Llanada”, en el término municipal de Cimanes del Tejar. Hoy 27 de marzo se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de León el anuncio de la Oficina Territorial de Industria, Comercio y Economía, de la JCyL, por el que se concede la autorización administrativa y se declara de utilidad pública, relacionando 83 fincas de uso agrario, de 126 propietarios, sobre las que se inicia el expediente de expropiación.

Asaja considera que, con esta decisión, la JCyL se pone claramente de parte de los grandes inversores en energía fotovoltaica, dando la espalda a los agricultores y a los propietarios de tierras rústicas, que se van a sentir indefensos ante los poderosos que impunemente apisonan sus derechos. «Defender el campo es también ponerse de parte de los agricultores en situaciones como esta», le recuerda Asaja al Gobierno de Mañueco.

Estos son solo dos ejemplos de la cantidad de expropiaciones forzosas que se están produciendo en nuestro campo español. Da igual quien gobierne cada CCAA, todos hacen lo mismo, todos siguen la misma línea marcada por los que realmente mandan. Esto es la Agend4 203O, señores.