«La tiranía deja de ser y acaba con las demás»
Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos (Madrid, 14 de septiembre de 1580[1]– Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, 8 de septiembre de 1645) noble, político y escritor español del Siglo de Oro.
Se ha producido en la vida pública española una mudanza silenciosa, casi insensible por cotidiana, pero devastadora en sus consecuencias: la transformación de la exigencia ciudadana en resignación. No hace tanto tiempo —apenas ocho años—, el viaje en un tren de alta velocidad llevaba aparejado un orgullo implícito de país. España exhibía ante el mundo una red ferroviaria que figuraba entre las mejores de Occidente, donde un retraso de diez minutos resultaba un motivo de enojo que la propia entidad gestora compensaba devolviendo el importe del billete. Existía un compromiso de puntualidad, sí, pero sobre todo existía la certeza de un Estado que funcionaba en sus servicios esenciales.
Hoy, el cuento ha cambiado de forma dramática. La preocupación ya no es la puntualidad, sino regresar con vida a casa.
La pérdida de esa tranquilidad cotidiana de viajar en tren, no responde a un fenómeno meteorológico ni a una fatalidad estadística. Los acontecimientos trágicos en puntos de la red y de la misma vía Madrid – Sevilla, como Urda o Adamuz han tratado de despacharse desde las plataformas del relato oficial bajo el cómodo paraguas del fallo humano. Es el recurso clásico de quien busca disolver la responsabilidad en el eslabón más débil. Sin embargo, cuando se examina la trastienda de la gestión, la explicación puramente accidental se desmorona: lo que late detrás no es una equivocación puntual, sino una concatenación de decisiones políticas deliberadas.
Durante estos años, el armazón fiscal del Estado se ha ensanchado notablemente a costa del bolsillo del contribuyente. La paradoja resulta sangrante: a mayor recaudación tributaria, menor solvencia en el mantenimiento de la infraestructura vital. El dinero que debía garantizar la revisión de las vías, la renovación de los sistemas de seguridad y la contratación de personal técnico altamente cualificado se ha desviado hacia el sostenimiento de una red de colocaciones de partido, activismo afín, sindicatos sumisos y organizaciones clientelares alimentadas a base de subvención. Se ha sustituido al profesional especializado por el afín ideológico, y las consecuencias de ese cambio de prioridades las termina pagando la infraestructura y, en última instancia, el ciudadano.
Existe un peligro superior al deterioro de las cosas materiales: acostumbrarnos a las tragedias con muertos. La sociedad española corre el riesgo de asimilar la negligencia y la descomposición de los servicios públicos con la misma pasividad con la que asimila los escándalos de corrupción. Cuando el ciudadano acepta que el transporte básico se degrade, que el coste de la vida devore los salarios y que los recursos públicos se dilapiden en la construcción de relatos en lugar de invertir en la seguridad de la gente, el contrato social salta por los aires.
El gobierno está podrido moralmente, y la sociedad española anestesiada con un veneno que la acabará convirtiendo en un vegetal insensible.
Decía el escritor ruso Antón Chéjov, que si ves que «temas triviales están al frente de las discusiones en una sociedad y personas triviales ocupan un lugar central, entonces estás hablando de una sociedad muy fallida»
La sociedad española está tan moralmente degenerada, que lo obvio es noticia.
El deterioro de un país no empieza cuando la maquinaria falla, sino cuando parte de la comunidad justifica el desmán por mera afinidad de siglas. En esa dinámica de sumisión ideológica se diluye la separación entre quien comete el abuso y quien, con su respaldo, lo convalida.
Por eso mismo, frente a episodios donde se pierden vidas humanas por falta de mantenimiento e inversión técnica, la respuesta institucional no puede agotarse en el catálogo habitual de la política convencional. No bastan las disculpas de compromiso ni los cierres en falso mediante dimisiones calculadas o relevos cosméticos en el organigrama. Quienes desde el poder ejecutivo (con los máximos responsables del Gobierno y del Ministerio al frente) decidieron priorizar el gasto en propaganda y colocaciones afines por encima de la seguridad física de los viajeros deben responder ante los tribunales. Hay que auditar los Fondos Europeos destinados al mantenimiento de la red de ferrocarriles españoles: a buen seguro que la corrupción de ha llevado una buena parte, y sin esa mordida gubernamental, se hubieran evitado los siniestros con víctimas.
Si la negligencia con resultado de muerte no encuentra un castigo penal severo y directo, el mensaje que se traslada es la impunidad total. Y sobre la impunidad no se puede construir ni un servicio público digno ni una sociedad decente.
En el Gobierno de Sánchez hay orden de no dimitir, suceda lo que suceda, aunque haya más de 100 muertos en el plazo de 9 meses, por negligencia de un ministro infame. Dimitir significa ser culpable, y la culpabilidad resta votos y complica el modo de relatar lo sucedido.
Con el psicópata de la Moncloa, todo es posible: Apagones con muertos, inundaciones con más de 200 muertos con abandono de las víctimas, volcanes con españoles dejados a su suerte en barracones, accidentes de tren causados por deterioro de la seguridad en la circulación de trenes y un largo etcétera, pero todo tiene un denominador común: buscar a un tercero como responsible.
Decía George Orwell que «Noticia es lo que alguien no quiere que se publique; todo lo demás es publicidad» y mucho más en periodo preelectoral.
