La magistrada María Tardón, de la Audiencia Nacional, ha solicitado al Consejo de Ministros la desclasificación de una serie de documentos e informes relacionados con la entrada masiva irregular de personas en Ceuta desde Marruecos, ocurrida los días 30 y 31 de julio de 2026. La petición se formula mediante una exposición razonada y exige que se realice con carácter urgente, en un plazo máximo de 15 días naturales.
La juez investiga los hechos en el marco de un procedimiento judicial. En su resolución subraya que la información solicitada es relevante para el esclarecimiento de lo ocurrido y no afecta a la seguridad del Estado. Al contrario, señala que esa seguridad ya se vio vulnerada precisamente con los hechos investigados, y que el objetivo de la causa es determinar la autoría de ese ataque.
Entre los materiales que pide desclasificar figuran:
- Todas las notas e informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y difundidos a las autoridades a partir del 30 de julio de 2026, relativos a las investigaciones sobre los sucesos de los días 30 y 31 de julio.
- En particular, todos los documentos clasificados que se refieran a la actuación de las autoridades de Marruecos hasta la fecha actual.
- El listado concreto de las autoridades que recibieron las notas ya desclasificadas del 27 y del 30 de julio de 2026, así como cualquier otra enviada con posterioridad al 30 de julio. Debe indicarse la fecha y hora exacta del envío y certificarse su recepción efectiva por los destinatarios.
Según la magistrada, esta documentación permitirá establecer qué autoridades conocían la convocatoria de entrada masiva prevista para el 30 de julio, desde qué momento tenían esa información, qué decisiones se adoptaron o dejaron de adoptarse a la vista de esos datos y cuál fue el comportamiento de las autoridades marroquíes.
Todo el material que resulte desclasificado se incorporará a la pieza separada del procedimiento que permanece declarada secreta.
La juez Tardón insiste en que la información es indispensable para averiguar la verdad material de los hechos y para el ejercicio efectivo de la potestad jurisdiccional. Argumenta que, cuando los datos tienen una relación directa, objetiva y relevante con los hechos investigados y no existen fuentes alternativas que permitan llegar al mismo resultado, el deber constitucional de colaboración con la Administración de Justicia se intensifica. La clasificación como materia secreta o reservada no constituye, en su opinión, un obstáculo jurídico absoluto que impida promover la desclasificación cuando resulte necesaria para investigar hechos presuntamente delictivos.
La resolución recuerda que el Consejo de Ministros ya desclasificó parcialmente información relacionada con estos hechos el 8 de septiembre de 2026, lo que incluía algunas notas y comunicaciones del CNI. La nueva petición amplía el alcance de lo solicitado, especialmente en lo relativo a la actuación marroquí y a la cadena de distribución de la información dentro de las instituciones españolas.
La decisión de la juez sitúa al Ejecutivo ante la obligación de responder en un plazo corto. El resultado de esa desclasificación determinará en buena medida el avance de la investigación sobre uno de los episodios de mayor impacto en la frontera sur española de los últimos años.
