Este miércoles 27 de mayo de 2026, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado en la sede central de la Dirección General de la Guardia Civil, ubicada en la calle Guzmán el Bueno de Madrid. La operación forma parte de un amplio dispositivo judicial relacionado con la investigación sobre presunta financiación irregular del PSOE y las actividades de Leire Díez, conocida como “la fontanera del PSOE”.
El registro en la Dirección General se enmarca en el mismo operativo que ha incluido la entrada en la sede nacional del PSOE en Ferraz, así como inspecciones en domicilios particulares, como el del exsecretario de Organización Santos Cerdán y el empresario Javier Pérez Dolset. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz instruye la causa bajo secreto de sumario, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción.
El contexto: el caso Leire Díez y las conexiones con la cúpula
Leire Díez, exmilitante socialista y exdirectiva de Correos, se ha convertido en el eje de una investigación que destapa presuntas maniobras de obtención de información comprometedora contra mandos de la UCO (como el teniente coronel Antonio Balas), posibles chantajes y una red de influencias vinculada al entorno del PSOE. Grabaciones y documentos incautados revelan supuestas conversaciones en las que Díez presumía de contactos altos y de acciones contra investigadores de corrupción.
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, ha sido salpicada por estas pesquisas. Según informaciones publicadas en 2025, González habría mantenido contactos con Leire Díez, incluyendo llamadas durante reuniones de la fontanera con agentes implicados y una supuesta recepción en su despacho oficial. Fuentes de la investigación señalan que Díez informaba a González sobre maniobras contra la UCO.
Mercedes González, periodista de formación y con una larga trayectoria en el PSOE (concejal en Madrid, delegada del Gobierno, diputada y secretaria general del PSOE madrileño), ocupa el cargo de directora general desde 2024 (tras un breve paso en 2023). Su posible implicación ha generado fuertes críticas de asociaciones de guardias civiles, que exigen transparencia y defensa de la independencia de la UCO.
Reacciones y consecuencias políticas
El operativo ha provocado una jornada de máxima tensión política. En redes sociales, el post de @GuillermoRocaf1 que alertaba de la entrada de la UCO en Guzmán el Bueno se viralizó rápidamente, acompañando un vídeo y una captura de una noticia de COPE sobre las llamadas entre González y Díez.
Medios como La Razón, El Imparcial y otros han confirmado la acción judicial en la sede de la Dirección General. El PP y otras fuerzas de la oposición han exigido explicaciones inmediatas al Gobierno y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Asociaciones profesionales de la Guardia Civil llevan meses denunciando presiones políticas sobre la UCO.
Hasta el momento, ni el Ministerio del Interior ni la Dirección General han emitido comunicados oficiales detallados sobre el registro en Guzmán el Bueno, más allá de las informaciones generales sobre el operativo en Ferraz.
Un escándalo que profundiza la crisis institucional
Este nuevo registro representa un escalón inédito: la UCO investigando potencialmente irregularidades en la propia cúpula que dirige el instituto armado. De confirmarse las conexiones entre la “fontanera” y altos cargos, incluidas presiones para “cargar” contra la UCO o recabar información interna, el caso podría tener consecuencias de gran calado tanto judiciales como políticas.
La investigación continúa abierta. Las próximas horas y días serán clave para conocer el alcance exacto de los registros, los posibles imputados y si se producen comparecencias o dimisiones. El caso Leire Díez ha pasado de ser un escándalo de “fontanería” política a poner en jaque la credibilidad de instituciones clave del Estado.
