Dos años después de la catástrofe de las riadas de la Comunidad Valenciana, ocurrida el 29 de octubre de 2024, la tragedia que se cobró cientos de vidas sigue sin ver esclarecida su responsabilidad política y operativa. Para Meri García y Yolanda Garrido, familiares directos de víctimas, la respuesta oficial ha sido caracterizada como un «abandono brutal» y un encubrimiento sistemático que ha priorizado la protección de cargos públicos sobre la vida de los ciudadanos.
En una entrevista detallada, las dos mujeres, que representan a la asociación Unión del Pueblo 29, repasan los hechos, las carencias institucionales y las teorías que sostienen sobre lo ocurrido en localidades como Catarroja, Aldaya y Torrent.
El silencio y el abandono institucional
Para Meri y Yolanda, el elemento definitorio de la respuesta ante la DANA no fue la falta de recursos, sino la ausencia de voluntad política para actuar. «La gente nos salvó, pero esa no es la función de la gente», explica Yoli. «Esa es la función de los políticos, por eso pagamos impuestos y ellos cobran salarios».
Los familiares relatan una noche del 29 de octubre de desesperación y soledad. Meri, desde Catarroja, describe cómo llamó insistentemente al 112 en busca de su padre, Felipe, quien fue arrastrado por una riada sin previo aviso efectivo en su zona. «El teléfono me decía: ‘Si no es una emergencia, cuelgue'», relata. Mientras tanto, en la calle, el silencio era «horrible y antinatural».
Yolanda, desde Valencia capital, no se enteró de la magnitud real hasta la mañana del 30. Al acudir a las zonas afectadas, como Aldaya, se encontró con una escena de desolación total: «No había policías, ni Guardia Civil, ni ejército. Un vehículo de las fuerzas de seguridad pasó y no bajó nadie».
Crítica a la respuesta de las administraciones
La entrevista se centra en una crítica feroz a los «seis pilares» de la responsabilidad, desde los ayuntamientos hasta el gobierno central.
- Ayuntamientos y Junta Central de Emergencias (CECOPI): Se culpa a los alcaldes, como Guillermo Luján de Aldaya (por no cerrar escuelas) y Lorena Silver de Catarroja (por acudir a una reunión en un cementerio en lugar de activar el protocolo de emergencias), de inacción.
- Confederación Hidrográfica del Júcar y AEMET: Se cuestiona la falta de alertas efectivas y la gestión de las presas. Se menciona que el presidente de la Confederación, Miguel Polo, actuó con desdén durante su declaración judicial.
- Gobierno Central y Regional: Se acusa a Pedro Sánchez y Carlos Mazón de haber mantenido una «pactada inacción» para no elevar la alerta a nivel 3, lo que habría permitido una coordinación única de recursos. Yoli afirma tener pruebas de que Mazón le dijo personalmente que acordaron no subir la alerta porque «no cambiaría nada».
La investigación y la justicia
Uno de los puntos más dolorosos para las familias es la percepción de que la justicia no está buscando la verdad, sino cubrir las responsabilidades.
- Cifra de fallecidos: Meri sostiene que la cifra oficial (alrededor de 241 muertos) es una subestimación. Asegura haber visto listas con más de 500 nombres y cree que muchas muertes se han clasificado como «accidentes de tráfico» para evitar que recaigan sobre la DANA, facilitando así pagos de seguros.
- Falta de autopsias: Revela que el 90% de las familias no tienen acceso a las autopsias completas, un hecho que califican de «misterioso» y opaco.
- Manipulación de fechas: Las fechas de fallecimiento en los certificados suelen ser iguales (30 de octubre a las 00:00), lo que indica una manipulación burocrática para simplificar el reporte de la tragedia.
- Julia Ruiz Tobarra: La jueza instructora del caso es acusada directamente de «corrupta» y de proteger a los responsables, como Miguel Polo, tratándolos como testigos en lugar de investigados.
La manipulación
- Cambio climático como excusa: Mary desestima el «cambio climático» como causa principal, calificándolo de «estafa» y «scam». Argumenta que los gobernantes usan esta narrativa para absolverse de responsabilidad por la falta de mantenimiento de infraestructuras (como el Barranco del Poyo, cuyas obras de prevención fueron paradas en 2021).
- Manipulación meteorológica: Se menciona el uso de «químicos en la atmósfera» (chemtrails) y la manipulación del tiempo, citando el caso del radar meteorológico «Palleter» que supuestamente no funcionaba en la zona crítica.
- Propósito oculto (Tierras y Agua): Se sostiene que el verdadero objetivo de la catástrofe fue la expropiación de tierras agrícolas y control del agua. Se menciona la aprobación rápida de proyectos de energía solar y la privatización del sistema de riego del Tribunal de las Aguas, el único en Europa.
- Bonaire: Se niega la versión oficial de que no hubo víctimas en el parking de la caseta Bonaire. Las familias afirman tener testimonios de personas que vieron muertos y cuerpos flotando, y aseguran que el área fue acordonada y limpiada de forma opaca.
La lucha de las familias
Meriy Yolanda fundaron Unión del Pueblo 29 como un escudo contra la politización y la división que, según ellas, buscan las administraciones. Se presentan como víctimas de «segunda clase», excluidas de actos oficiales y silenciadas por los medios y las asociaciones controladas políticamente.
Se han enfrentado intentos de medicación psiquiátrica no consensuada y campañas de desprestigio. Sin embargo, su mensaje es de resistencia: «No queremos dimisiones, queremos cárcel». Creen que la justicia política no existirá, por lo que apuestan por la «justicia social» y la «justicia divina», trabajando para despertar la conciencia ciudadana y evitar que la historia se repita.
Conclusión
Dos años después, las localidades siguen sin recuperar servicios básicos como colegios estables o infraestructuras de drenaje eficientes, sufriendo nuevas inundaciones menores. Para Mary y Yoli, la DANA no fue solo un desastre natural, sino una «catástrofe provocada» por la incompetencia y la malicia de una élite política que priorizó sus intereses sobre la vida de los valencianos. Su lucha continúa, no solo por la verdad de sus seres queridos, sino por el futuro de las generaciones venideras.
