El Sistema tiene su gracia y los imbéciles que «votan» nunca se cansan de hacer el ridículo escuchando a todo tipo de artistas subvencionados. Ahora resulta que dos bocazas y eternamente presuntos corruptos nos cuentan cuánto cuesta construir una casa en Cantabria y toda España. Hoy hablamos del problema de la vivienda, las promesas del bocazas de Revilla y las contradicciones de la política regional que nos cuenta el vago Abascal. Risas aseguradas.
Cuánto cuesta construir una casa en Cantabria en 2026
Cuánto cuesta construir una casa en Cantabria es una de las preguntas que se hacen cada vez más familias que han descartado comprar una vivienda de segunda mano y contemplan la posibilidad de construir su propio hogar. El encarecimiento del suelo, los materiales, la mano de obra, los impuestos y los trámites administrativos ha convertido un proyecto que tradicionalmente representaba una alternativa razonable en una inversión económica considerable. Mientras tanto, los jóvenes encuentran enormes dificultades para emanciparse y muchas familias comprueban que sus ingresos no crecen al mismo ritmo que el precio de los inmuebles.
En este contexto, las recientes declaraciones de Miguel Ángel Revilla sobre la crisis de la vivienda han vuelto a poner sobre la mesa un debate fundamental: ¿por qué resulta tan difícil acceder a una casa y qué responsabilidad tienen las administraciones que han gobernado durante décadas? El expresidente de Cantabria ha defendido en su última intervención televisiva que solucionar este problema sería relativamente sencillo si se actuase sobre el precio del suelo, los costes de construcción y los impuestos. Sin embargo, sus propuestas también invitan a examinar la gestión política de los años en los que el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) tuvo responsabilidades de gobierno, así como los problemas urbanísticos, judiciales y de contratación pública que marcaron diferentes etapas de su trayectoria.
Construir una vivienda unifamiliar exige estudiar mucho más que el presupuesto que presenta una empresa constructora. Una cosa es el precio de levantar la estructura y ejecutar los trabajos de albañilería, instalaciones y acabados, y otra muy diferente es conocer cuánto dinero necesita realmente una familia para terminar el proyecto y entrar a vivir.
Como referencia orientativa para 2026, una vivienda unifamiliar de calidades medias puede situar su coste de ejecución en una horquilla aproximada de 1.000 a 1.500 euros por metro cuadrado, dependiendo del diseño, las características constructivas y las condiciones de la parcela. Si hablamos de una construcción con mejores acabados, mayor eficiencia energética o soluciones arquitectónicas más complejas, el presupuesto puede superar ampliamente esas cantidades.
Es importante no confundir el presupuesto de ejecución de la obra con el coste total de autopromoción. Al primero hay que añadir los honorarios del arquitecto y del arquitecto técnico, los estudios geotécnicos y topográficos, las licencias municipales, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), las acometidas de suministros y los correspondientes impuestos. También conviene reservar una cantidad para posibles imprevistos durante la ejecución.
Echad un vistazo a las casas que son capaces de construir estos dos presuntos corruptos:
Tomando como referencia una vivienda de 150 metros cuadrados, el presupuesto global sin incluir el terreno puede situarse aproximadamente entre 240.000 y 315.000 euros, aunque determinados proyectos pueden superar esa cantidad. Una casa de 120 metros cuadrados puede requerir una inversión considerablemente inferior, pero tampoco debe calcularse únicamente multiplicando los metros por el precio anunciado por una constructora.
La parcela representa otro de los grandes condicionantes. No cuesta lo mismo construir en un terreno urbano consolidado que en una parcela que necesita movimientos de tierras, muros de contención, nuevas acometidas o actuaciones, especialmente en una comunidad como Cantabria, donde la legislación de protección del litoral y las características del territorio pueden condicionar notablemente determinados proyectos.
Una parcela aparentemente económica puede terminar convirtiéndose en una inversión ruinosa si aparecen problemas de edificabilidad, falta de servicios o limitaciones que no se habían previsto. Y cuando eso sucede, el comprador se encuentra con una situación muy parecida a la que han sufrido algunos propietarios de Argoños: años de incertidumbre, procedimientos administrativos y judiciales y una enorme dificultad para recuperar el dinero invertido.
Por eso, la seguridad jurídica debería ser una prioridad absoluta de cualquier Gobierno regional. No tiene sentido defender que hay que construir más viviendas si, al mismo tiempo, no se garantiza que las licencias y los instrumentos urbanísticos se ajusten a la legalidad.
El PRC de Revilla y los problemas de gestión: demasiadas explicaciones pendientes
El caso de Obras Públicas y los problemas urbanísticos de Cantabria no son los únicos episodios controvertidos que han acompañado la trayectoria política del regionalismo. Durante los años de gobierno de Revilla también hubo polémicas relacionadas con la gestión de fondos públicos, las adjudicaciones, las empresas públicas y la actuación de diferentes responsables políticos.
No sería correcto presentar todos esos episodios como delitos probados ni atribuir automáticamente a Revilla responsabilidades penales por actuaciones de terceros. Pero tampoco sería razonable ignorar el conjunto de controversias que han afectado a gobiernos en los que el PRC tuvo un papel protagonista.
La responsabilidad política no funciona exactamente igual que la responsabilidad penal. Un presidente puede no haber cometido personalmente ningún delito y, sin embargo, tener que responder por los mecanismos de control de su Administración, por los nombramientos que realiza y por la gestión de sus consejeros.
En este sentido, el caso de Obras Públicas fue especialmente demoledor para la imagen de un Gobierno que había presumido durante años de cercanía, honradez y defensa de los intereses de Cantabria.
Y aquí aparece una contradicción difícil de pasar por alto: quienes han tenido durante tanto tiempo la oportunidad de gestionar la comunidad no pueden limitarse ahora a señalar los problemas estructurales como si acabaran de descubrirlos.
La casa ideal de Abascal no puede no mostrar elementos yanquis en el exterior:
¿Es realista construir una vivienda por 105.000 euros en Cantabria?
Volviendo a la propuesta de Revilla, conviene analizar sus números. El expresidente planteó que una vivienda de 80 metros cuadrados podría construirse por unos 96.000 euros, aplicando un coste de 1.200 euros por metro cuadrado. Si se añade el resto de conceptos y se consigue suelo gratuito, considera posible alcanzar precios de venta próximos a los 105.000 euros.
La idea tiene un componente interesante: utilizar suelo público, reducir determinados costes y promover viviendas protegidas destinadas a jóvenes y familias con dificultades económicas.
Sin embargo, hay una diferencia importante entre el coste de ejecución material y el precio final de una vivienda terminada. Los 1.200 euros por metro cuadrado no representan necesariamente el coste completo de una promoción inmobiliaria.
Hay que pagar los proyectos técnicos, los estudios previos, las direcciones facultativas, las licencias, los seguros, las conexiones a los servicios, los gastos de financiación y otros conceptos. También hay que contemplar los impuestos que correspondan y las particularidades de cada parcela.
Además, una promoción pública necesita suelo verdaderamente disponible, procedimientos transparentes, financiación y una gestión eficaz. No basta con anunciar que el terreno será gratuito.
Una cosa es que una Administración pueda poner suelo público a disposición de una promoción protegida y otra muy distinta es que ese terreno carezca de costes económicos. Incluso cuando se cede gratuitamente, existen costes de oportunidad, urbanización y mantenimiento que deben contabilizarse.
Por tanto, los 105.000 euros pueden ser un objetivo político para determinadas viviendas protegidas, pero no deberían presentarse como un precio universal que cualquier promotor puede conseguir en Cantabria.
Cantabria necesita construir viviendas, pero también gestionar mejor su territorio
La comunidad tiene características que deberían permitir desarrollar una política de vivienda mucho más ambiciosa. Existen municipios del interior con posibilidades de crecimiento, localidades bien comunicadas que podrían atraer a nuevas familias y zonas donde la rehabilitación de edificios tradicionales puede complementar la construcción de obra nueva.
No todo tiene que concentrarse en Santander, Torrelavega o los municipios costeros con mayor presión inmobiliaria. Localidades como Piélagos, Los Corrales de Buelna, Reinosa, Cabezón de la Sal, Medio Cudeyo o diferentes municipios de la comarca del Besaya podrían formar parte de una estrategia territorial que facilite el acceso a la vivienda sin generar una concentración excesiva de población.
Pero para ello hace falta coordinación entre administraciones, planeamiento actualizado y una política de infraestructuras que acompañe al crecimiento residencial.
También es necesario reducir los tiempos de tramitación, facilitar la rehabilitación de viviendas vacías y establecer mecanismos que permitan a los jóvenes acceder a promociones protegidas sin convertirse en víctimas de la especulación.
La construcción de vivienda debe hacerse con criterios de sostenibilidad y seguridad jurídica. No se trata de levantar edificios a cualquier precio ni de ocupar indiscriminadamente el territorio, sino de planificar correctamente dónde y cómo se puede crecer.
La vivienda no se soluciona con discursos: hacen falta resultados
Las declaraciones de Miguel Ángel Revilla sobre la dificultad que tienen los jóvenes para comprar una casa contienen una realidad indiscutible. Cada vez resulta más complicado ahorrar para una entrada, afrontar una hipoteca y asumir los gastos derivados de una vivienda. Los salarios de muchos trabajadores no permiten mantener una economía familiar holgada después de pagar el alquiler o la financiación inmobiliaria.
Sin embargo, reconocer un problema no equivale a haberlo solucionado. Y mucho menos cuando quien lo denuncia ha tenido durante años responsabilidades políticas de primer nivel.
Cantabria necesita una política de vivienda seria, que facilite la construcción, reduzca trabas innecesarias y aproveche el suelo público disponible. Necesita también una Administración que controle las adjudicaciones, que cumpla las resoluciones judiciales y que ofrezca garantías a quienes invierten sus ahorros en construir una casa.
Los episodios de Obras Públicas y los interminables problemas de los derribos de Argoños deberían servir para recordar que la gestión pública tiene consecuencias directas sobre la vida de los ciudadanos. Una carretera adjudicada irregularmente supone un perjuicio para el dinero de todos. Una licencia urbanística concedida de manera contraria a la legalidad puede acabar convirtiendo el hogar de una familia en un problema judicial de décadas.
Por eso, antes de presentar soluciones milagrosas para construir viviendas a precios reducidos, sería conveniente que quienes han gobernado Cantabria durante tantos años hicieran también un ejercicio de autocrítica.
Cuánto cuesta construir una casa en Cantabria es una pregunta que merece una respuesta rigurosa, con presupuestos realistas, información urbanística transparente y seguridad jurídica. Pero la cuestión de fondo es todavía más importante: cuánto le cuesta a una sociedad la mala planificación, la burocracia, los errores administrativos y la falta de responsabilidad de sus gobernantes. Una vivienda no es simplemente una estructura de ladrillos, cemento y hormigón. Es el proyecto de vida de una familia, el ahorro de muchos años de trabajo y, para buena parte de los jóvenes, la posibilidad de construir un futuro independiente.
Y eso no se consigue únicamente con declaraciones televisivas. Se consigue con buena gestión, transparencia, planificación y políticos que respondan por sus decisiones.
