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El resultado de una votación celebrada en el Senado de EEUU podría provocar el encarcelamiento de Anthony Fauci

Este 6 de agosto de 2026, el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos aprobó, por votación partidista, una resolución para declarar al doctor Anthony Fauci en desacato al Congreso. La medida se produjo después de que el exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) invocara la Quinta Enmienda en 111 ocasiones durante una audiencia celebrada la semana anterior sobre la rendición de cuentas de la pandemia de COVID-19.

Según el post de Fox News que informa del hecho, el comité votó para sancionar a Fauci tras su negativa reiterada a responder preguntas durante la sesión. El senador Rand Paul (republicano por Kentucky), presidente del comité y crítico habitual del científico, impulsó la resolución. La votación se resolvió 8-5 (o 8-7 incluyendo votos por poder), con los republicanos a favor y los demócratas en contra.

Antecedentes de la audiencia

El 29 de julio de 2026, Fauci compareció ante el mismo comité bajo citación. Tras una breve declaración inicial en la que acusó a Paul de tener una “obsesión desquiciada” con él, el médico de 85 años se negó a contestar cualquier pregunta. En cada ocasión repitió, bajo consejo de sus abogados, que invocaba su derecho constitucional a no autoincriminarse.

Los republicanos centraron el interrogatorio en el origen del SARS-CoV-2, el financiamiento de investigaciones en el Instituto de Virología de Wuhan, la respuesta gubernamental a la pandemia y supuestos engaños al Congreso. Paul y otros senadores sostienen que Fauci no podía acogerse a la Quinta Enmienda porque el expresidente Joe Biden le otorgó un indulto preventivo amplio que cubría posibles delitos entre el 1 de enero de 2014 y el 19 de enero de 2025. Argumentan además que, al hacer una declaración de apertura sobre temas relacionados, Fauci renunció a cualquier privilegio restante.

Los demócratas del comité, encabezados por el senador Gary Peters (Michigan), criticaron el proceso como unilateral y apresurado. Mantienen que el indulto federal no elimina el riesgo de posibles procesamientos estatales o locales, ni el peligro de ser acusado de perjurio por declaraciones futuras, por lo que el derecho a la Quinta Enmienda sigue vigente.

Consecuencias para Fauci

La resolución aprobada autoriza a Paul a remitir el caso directamente al Departamento de Justicia (específicamente al fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia) para que considere un procesamiento penal por desacato al Congreso. Esta vía busca evitar un voto en el pleno del Senado, que normalmente requeriría 60 votos y apoyo bipartidista, algo improbable.

El desacato al Congreso es un delito federal. En caso de condena, la pena máxima es de hasta un año de prisión y una multa de hasta 100.000 dólares. Hay precedentes recientes: Steve Bannon y Peter Navarro, asesores del expresidente Donald Trump, cumplieron condenas de cárcel por cargos similares.

Para Fauci, las implicaciones son múltiples:

  • Riesgo penal inmediato: Con un Departamento de Justicia bajo la administración republicana, la probabilidad de que se presente una acusación formal es más alta que en administraciones anteriores. El caso podría llegar a un gran jurado.
  • Batalla legal prolongada: Los abogados de Fauci argumentarán que la invocación de la Quinta Enmienda era legítima. Los tribunales deberán decidir si el indulto elimina realmente el privilegio y si la declaración de apertura constituyó una renuncia. Ese litigio puede durar meses o años.
  • Impacto personal y reputacional: A sus 85 años, el proceso judicial supone un desgaste considerable. Aunque el indulto de Biden lo protege de muchos cargos federales relacionados con su gestión, no lo libera de las consecuencias de este desacato ni de posibles acciones estatales.
  • Efecto disuasorio: Independientemente del resultado final, el episodio envía un mensaje a otros funcionarios y científicos: negarse a declarar ante un Congreso hostil puede acarrear sanciones penales.

Paul ha dejado claro que, una vez aprobada la resolución, enviará la recomendación de procesamiento “inmediatamente” al Departamento de Justicia. Los demócratas advierten que este precedente podría dificultar futuras investigaciones, ya que los testigos podrían negarse a comparecer por miedo a ser declarados en desacato.

El caso de Fauci se convierte así en uno de los capítulos más polarizados de la rendición de cuentas política sobre la pandemia. Mientras los republicanos lo presentan como un paso necesario hacia la transparencia, los demócratas lo ven como una persecución política. El desenlace dependerá ahora de la decisión del Departamento de Justicia y, eventualmente, de los tribunales.

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