El 27 de julio de 2026, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha firmado una orden que suspende temporalmente las labores de cosecha con maquinaria agrícola en toda la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo. La medida permanece vigente mientras dure la emergencia de interés nacional declarada por los incendios forestales.
La justificación oficial es conocida: las cosechadoras y tractores pueden generar chispas por fricción, impacto de metales o sobrecalentamiento en un contexto de calor extremo, baja humedad y vegetación seca. Cualquier nuevo foco restaría medios a la extinción. Hasta aquí, el argumento técnico. Lo que convierte la decisión en un ejercicio de absurdo es el momento, el alcance y el trasfondo.
Cosechar cuando toca cosechar… o no
Finales de julio es el corazón de la campaña de cereal en la Meseta. En Ávila (Castilla y León) y buena parte de Toledo y Madrid, el trigo y la cebada están en su punto o a punto de pasarse. Retrasar la recolección no es un simple “esperar a que pase”. Es asumir pérdidas por desgrane, por lluvias eventuales, por deterioro de la calidad o, simplemente, por no poder entrar a tiempo. Los agricultores no eligen el calendario: lo marca el ciclo del cultivo y el clima. Prohibirles trabajar justo cuando el grano está listo, mientras se evacuan pueblos y se queman miles de hectáreas, es una ironía que solo puede nacer en un despacho.
No se trata de una restricción puntual en zonas de alto riesgo inmediato. Se aplica a tres provincias enteras. Se ampara en la Ley 17/2015 de Protección Civil, que permite al ministro dictar instrucciones de alcance supraterritorial “en defensa del interés general”. El interés general, en la práctica, se impone sobre el interés de quienes mantienen vivo el territorio que ahora arde.
El medio rural, siempre el pagano
Los incendios no son un fenómeno abstracto. Son el resultado acumulado de décadas de abandono: menos ganadería extensiva que limpia el monte, menos mosaicos agrícolas que actúan como cortafuegos naturales, más biomasa acumulada y más superficie forestal sin gestionar. España ha perdido decenas de miles de explotaciones en los últimos años. Cuando el fuego llega, se moviliza la UME, se evacua a la población y, de paso, se prohíbe a los que quedan trabajar su propia tierra.
La secuencia es siempre la misma: primero se dificultan las condiciones de vida y trabajo en el campo con normativas, costes energéticos, restricciones ambientales y burocracia creciente. Después, cuando el territorio se despuebla y se vuelve inflamable, se responde con más restricciones “por seguridad”. El resultado neto es que hacer de agricultor o ganadero se vuelve cada vez más inviable. No hace falta un plan maestro explícito: basta con la acumulación de medidas que empujan en la misma dirección.
Agenda 2030 y el campo como obstáculo
Hablar de Agenda 2030 en este contexto no es un grito conspiranoico. Es señalar el marco en el que se insertan muchas de estas políticas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen la acción climática, la protección de ecosistemas y la “sostenibilidad” de los sistemas alimentarios. En la práctica europea y española, eso se ha traducido en más exigencias para el sector primario, más presión sobre el uso del suelo y una visión del medio rural como un espacio que debe “reenaturalizarse” o adaptarse a una transición ecológica diseñada desde las ciudades.
Cuando se prohíbe cosechar con maquinaria en plena campaña “para no generar más incendios”, se está priorizando un riesgo teórico (la chispa de una cosechadora) sobre el riesgo real y concreto de dejar el grano en el campo. Se protege el dispositivo de extinción… a costa de quienes producen alimentos y mantienen el paisaje. Es coherente con una lógica en la que el campo tradicional aparece como un problema a gestionar, no como un aliado imprescindible en la prevención.
El medio rural no pide privilegios. Pide poder trabajar. La orden de Marlaska, en plena emergencia y en plena cosecha, les dice que primero apaguen el fuego (el que no han causado) y después, si queda algo, a ver si les dejan recoger lo suyo. Esa es la injusticia. Y esa es la dirección en la que se está empujando, decisión tras decisión, al campo español.
