En la mañana de hoy, Pedro Sánc-HEZ ha recibido una entrevista-masaje en ese ente financiado por todos los españoles llamado Televisión Española, más conocido como «Telepedro» en los últimos tiempos. A lo largo de la entrevista, el presimiente ha dicho unas cuántas barbaridades, pero una de ellas ha sido demasiado clarificadora y desvergonzada ya que ha calificado ese periodo oscuro de la historia de España, conocido como la Segunda República, como «la mejor de las Españas» en lo que muchos interpretamos como una clara muestra de intenciones.
Si un presidente del gobierno se permite ensalzar la II República, es por culpa del PP. Durante décadas, no solo han permitido, sino que han apoyado las leyes de memoria histórica que sesgaban el relato de la historia.
La II República fue un régimen criminal que perseguía y…
— Manolo Otero (@Manotepas) September 9, 2026
Para los despistados, e ignorantes, es importante recordar las atrocidades que se cometieron en ese periodo y que a Sánchez parecen producirle una gran melancolía.
La Segunda República Española (1931-1939) nació como un régimen de esperanzas reformistas, pero se desenvolvió en un clima de polarización creciente, debilidad institucional y violencia política. A lo largo de sus distintos gobiernos —izquierdistas, de centro-derecha y del Frente Popular— se produjeron episodios de desorden, persecución y represión que afectaron a civiles, religiosos, propietarios, militantes de uno u otro signo y a las propias fuerzas del orden. El siguiente recuento se centra en los hechos documentados de violencia ejercida o consentida desde el poder o desde fuerzas que el Estado no logró o no quiso controlar.
Los primeros años: quema de conventos y deterioro del orden público
Poco después de la proclamación de la República, en mayo de 1931, se desató una oleada de incendios de iglesias, conventos y colegios religiosos en Madrid, Málaga, Valencia, Sevilla y otras ciudades. Decenas de edificios fueron destruidos o saqueados. El gobierno provisional, presidido por Niceto Alcalá-Zamora y con Manuel Azaña en Gobernación, tardó en intervenir con energía. La pasividad o la lentitud de las autoridades fue interpretada por muchos católicos como complicidad o, cuando menos, como desinterés por proteger un sector de la población.
En los años siguientes, la violencia callejera se volvió habitual. Según el historiador Eduardo González Calleja, entre 1931 y julio de 1936 hubo alrededor de 2.500 muertos por violencia política. Las cifras anuales que maneja son: 196 en 1931, 190 en 1932, 311 en 1933, 1.457 en 1934, 46 en 1935 y 428 en 1936. Gran parte de esas víctimas correspondían a militantes de izquierdas enfrentados entre sí o con las fuerzas de orden público creadas o reforzadas por la propia República (Guardia de Asalto). El Estado no logró monopolizar la violencia ni garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
Octubre de 1934: insurrección y represión en Asturias
El episodio más sangriento del periodo anterior a la guerra fue la Revolución de Asturias de octubre de 1934. Sectores socialistas, comunistas y anarquistas se alzaron contra el gobierno de Alejandro Lerroux, que había incorporado ministros de la CEDA. En las cuencas mineras se asaltaron cuarteles de la Guardia Civil, se ejecutó a sacerdotes, guardias y propietarios, y se destruyeron o dañaron decenas de iglesias y edificios. Treinta y cuatro religiosos murieron a manos de los revolucionarios.
El gobierno respondió enviando tropas del Ejército de África (Legión y Regulares) bajo coordinación de Francisco Franco desde Madrid. La represión fue dura: combates, saqueos, detenciones masivas (decenas de miles en toda España) y torturas atribuidas a figuras como el comandante Lisardo Doval. Las estimaciones de muertos en el conjunto de la revuelta y su sofocamiento oscilan entre 1.300 y 2.000 personas. El episodio dejó un poso de odio que se reactivaría dos años después.
Primavera de 1936: el Frente Popular y la descomposición del orden
Tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, se produjo una nueva oleada de ocupaciones de fincas, incendios de iglesias y centros de partidos de derecha, y asesinatos políticos. Estudios sobre la violencia anticlerical de aquellos meses muestran que no se trató de hechos aislados: hubo ataques generalizados, a menudo ante la pasividad de las autoridades locales o con la presencia de militantes afines al gobierno. El ejecutivo de Santiago Casares Quiroga fue acusado de no restablecer el orden y de permitir detenciones arbitrarias de derechistas, sustitución de jueces y nombramiento de “delegados gubernativos” extraoficiales.
El 13 de julio de 1936, José Calvo Sotelo, líder de la oposición, fue asesinado por un grupo de guardias de asalto y milicianos. El crimen, cometido por agentes vinculados al Estado, aceleró el golpe militar que estalló cuatro días después.
La Guerra Civil en zona republicana: checas, sacas y persecución religiosa
El alzamiento de julio de 1936 fragmentó el Estado. En el territorio que permaneció bajo autoridad nominal de la República, el gobierno de José Giral entregó armas a milicias de partidos y sindicatos. El resultado fue el colapso de la legalidad y el llamado Terror Rojo. Se crearon checas (centros de detención y tortura paralelos), se practicaron “paseos” y “sacas” de presos, y se ejecutó a miles de personas identificadas como “fascistas”, propietarios, militares leales o simplemente católicos practicantes.
La persecución religiosa fue especialmente sistemática. Según el estudio clásico de Antonio Montero Moreno, 6.832 eclesiásticos fueron asesinados: 13 obispos, 4.184 sacerdotes seculares, 2.365 religiosos y 283 religiosas. La inmensa mayoría de estas muertes se produjo en los primeros meses de la guerra. Iglesias, conventos y patrimonio artístico fueron destruidos o profanados en casi todas las provincias republicanas, con la excepción relativa del País Vasco.
Uno de los episodios más documentados son las matanzas de Paracuellos del Jarama (noviembre-diciembre de 1936), en las que miles de presos de las cárceles de Madrid fueron extraídos y fusilados. Las estimaciones del conjunto de la represión en retaguardia republicana varían según los historiadores: Paul Preston y Hugh Thomas sitúan la cifra en torno a 50.000-55.000; otros cálculos oscilan entre 38.000 y algo más de 70.000. La mayor parte de estas muertes se concentró en el verano y otoño de 1936, cuando el gobierno de Largo Caballero aún no había logrado (o no había querido) reconstruir un monopolio efectivo de la violencia.
Posteriores gabinetes republicanos, especialmente a partir de 1937, intentaron limitar los desmanes y restablecer tribunales, pero para entonces gran parte de la matanza ya se había consumado. La responsabilidad política recae, en distinto grado, en la decisión de armar a las milicias, en la tolerancia inicial y en la incapacidad de imponer la ley en su propia retaguardia.
Conclusión
La Segunda República no fue un periodo de paz institucional. Desde 1931 hubo incendios de edificios religiosos, violencia callejera y uso desigual de las fuerzas del orden. En 1934 el Estado reprimió con dureza una insurrección revolucionaria que a su vez había cometido crímenes. En 1936, ya en guerra, la zona que permaneció fiel al gobierno republicano vivió una oleada de ejecuciones extrajudiciales, persecución del clero y destrucción de patrimonio que constituye uno de los capítulos más sombríos de la historia contemporánea española. Estos hechos no agotan la violencia de la época —el bando sublevado cometió a su vez una represión de mayor magnitud numérica—, pero sí muestran que los gobiernos de la República, en sus distintas etapas, no protegieron de forma eficaz a amplios sectores de la población y, en varios momentos, contribuyeron a crear las condiciones para que se produjeran atrocidades.
