Los Acuerdos de Abraham son el marco diplomático impulsado por la Administración de Donald Trump en 2020 para normalizar las relaciones entre Israel y varios países árabes y musulmanes. Emiratos Árabes Unidos y Baréin firmaron primero, en septiembre de ese año. Sudán y Marruecos se sumaron después. El capítulo marroquí, anunciado el 10 de diciembre de 2020 y formalizado el 22 de diciembre en Rabat mediante una declaración conjunta tripartita, no fue un simple restablecimiento de lazos: incluyó un intercambio explícito de contraprestaciones que sigue teniendo consecuencias directas para España.
En qué consisten
El documento firmado por representantes de Marruecos, Estados Unidos e Israel estableció dos bloques de compromisos.
Por un lado, Marruecos e Israel acordaron reanudar contactos oficiales plenos, establecer relaciones diplomáticas, pacíficas y amistosas, reabrir las oficinas de enlace en Rabat y Tel Aviv, autorizar vuelos directos (incluidas compañías de ambos países) y derechos de sobrevuelo, y desarrollar cooperación económica en comercio, finanzas, inversión, innovación, aviación civil, visados, turismo, agua, agricultura, seguridad alimentaria, energía y telecomunicaciones. También se preveía un componente cultural: la enseñanza de la historia y la cultura judías en las escuelas marroquíes, en un país con una importante diáspora judía en Israel.
Por otro lado, Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre todo el territorio del Sáhara Occidental y reafirmó su apoyo a la propuesta de autonomía presentada por Rabat en 2007 como «la única base» para una solución justa y duradera. Washington se comprometió además a fomentar el desarrollo económico y social en el territorio, incluido el anuncio de un consulado estadounidense en Dajla. Trump argumentó que un Estado saharaui independiente no era una opción realista.
No se trataba de un tratado de paz clásico como el de Camp David, sino de una normalización condicionada. Marruecos ya había mantenido contactos discretos con Israel en décadas anteriores; el valor añadido del pacto fue el reconocimiento estadounidense del Sáhara, la reivindicación territorial central de la monarquía alauí. Israel formalizó su propio reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara en julio de 2023.
Desde entonces la relación se ha profundizado en el ámbito de la defensa: memorandos de cooperación militar, venta de sistemas (incluidos drones y el sistema antiaéreo Barak MX), planes de trabajo conjunto y participación israelí en ejercicios como African Lion, organizados por Estados Unidos en territorio marroquí.
El punto de inflexión para el Sáhara y para España
El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo según Naciones Unidas, pendiente de descolonización. España fue la potencia administradora hasta los Acuerdos de Madrid de noviembre de 1975, firmados cuando Franco agonizaba. Esos acuerdos no transfirieron soberanía según el criterio de la ONU; España sigue figurando como potencia administradora de iure, aunque no ejerce control. El Frente Polisario proclama la República Árabe Saharaui Democrática y reclama un referéndum de autodeterminación que la MINURSO nunca llegó a organizar. Marruecos controla de facto la mayor parte del territorio y propone autonomía bajo su soberanía.
El reconocimiento estadounidense de 2020 rompió décadas de neutralidad de Washington y desencadenó un efecto cascada. Varios países abrieron consulados en El Aaiún o Dajla. En marzo de 2022, tras la crisis migratoria de Ceuta de 2021 (vinculada a la hospitalización en España del líder del Polisario, Brahim Gali), Pedro Sánchez envió una carta a Mohamed VI en la que calificaba el plan de autonomía marroquí de «la propuesta más seria, realista y creíble». Esa fórmula se incorporó a la declaración conjunta hispano-marroquí de abril de 2022. España no llegó al reconocimiento de soberanía que hizo Trump, pero abandonó la neutralidad formal que había mantenido durante décadas y se alineó con la tesis de que la autonomía bajo soberanía marroquí es la vía preferente.
El coste interno y externo fue alto: ruptura diplomática con Argelia (proveedor clave de gas), críticas de socios parlamentarios y de parte de la opinión pública que considera el giro una cesión unilateral, y la percepción de que Madrid pagó un peaje territorial para recuperar la cooperación migratoria. En octubre de 2025 el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución que sitúa la propuesta de autonomía marroquí como base de negociación, lo que refuerza esa tendencia internacional. El Gobierno español ha intentado compensar en el plano interno: el 10 de septiembre de 2026 el Congreso aprobó una proposición de ley para facilitar la nacionalidad española a saharauis nacidos bajo administración española y a sus descendientes.
Otros puntos que afectan directamente a España
Ceuta y Melilla. Marruecos nunca ha renunciado a su reivindicación sobre las dos ciudades autónomas. El fortalecimiento de la alianza Rabat-Washington-Jerusalén ha coincidido con un endurecimiento del lenguaje en algunos círculos estadounidenses e israelíes y con el uso recurrente de la presión migratoria. Informaciones de 2026 recogen análisis israelíes que presentan a Israel como posible apoyo diplomático a las aspiraciones marroquíes en el norte de África, en un contexto de tensiones entre el Gobierno de Sánchez y la Administración Trump por el gasto en defensa, la política hacia Palestina o el acceso a bases. Ceuta y Melilla no están cubiertas de forma automática por el artículo 5 de la OTAN de la misma manera que el territorio peninsular.
Equilibrio militar y recursos en el flanco sur. La cooperación de defensa entre Marruecos e Israel sitúa sistemas israelíes y ejercicios conjuntos cerca del Estrecho. Al mismo tiempo, Marruecos ha otorgado licencias de exploración de hidrocarburos en aguas atlánticas frente al Sáhara a empresas israelíes. Esas zonas se solapan, desde la perspectiva española, con la zona económica exclusiva de Canarias. El control de fosfatos, pesca y posibles recursos energéticos del Sáhara adquiere así una dimensión económica y estratégica para España.
Argelia y la estabilidad del Magreb. El pacto de 2020 agravó la rivalidad marroquí-argelina. Argelia rompió relaciones con Marruecos en 2021, entre otros motivos por la normalización con Israel. España, que depende del gas argelino y de la estabilidad en el Mediterráneo occidental, se encuentra entre dos potencias magrebíes enfrentadas, con menor margen de maniobra que cuando podía mantener una cierta equidistancia.
Relación con Estados Unidos. Marruecos se ha convertido en el socio predilecto de Washington en el norte de África dentro de la lógica de los Acuerdos de Abraham: estable, cooperador en seguridad y dispuesto a normalizar con Israel. España, aliado histórico y anfitrión de bases, ha tenido fricciones con la segunda Administración Trump. Eso no implica un abandono de la alianza, pero sí un contexto en el que las reivindicaciones territoriales marroquíes encuentran más eco en Washington que en etapas anteriores.
En síntesis, los Acuerdos de Abraham no resolvieron el conflicto del Sáhara ni crearon un nuevo orden de paz en Oriente Medio. Lo que sí hicieron fue convertir el reconocimiento de la «marroquinidad» del Sáhara en moneda de cambio diplomática y anclar a Marruecos en un eje estratégico con Estados Unidos e Israel. Para España eso se traduce en menos autonomía para definir su política saharaui, mayor presión sobre Ceuta y Melilla, un Magreb más polarizado y la necesidad de gestionar una relación con Rabat en la que el desequilibrio de apoyos internacionales se ha acentuado. El pacto de diciembre de 2020 sigue siendo, seis años después, uno de los factores estructurales que condicionan la política exterior española en su frontera sur.
