El pasado 09-02 la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) acudió al Tribunal Supremo (TS) para que reconsidere la renovación de Álvaro García Ortiz a la cabeza del Ministerio Fiscal por su falta de idoneidad para dar impulso a la acción legal e imparcial de la justicia.
El recurso presentado por APIF cuestiona la renovación al Fiscal General del Estado (FGE) efectuada por el Consejo de Ministros, en fecha 27-11-2023, recalcando que el Estado de derecho tiene que mantenerse sobre un Ministerio Fiscal «independiente del gobierno y sometido únicamente al imperio de la ley».
APIF hace hincapié en que la Fiscalía General del Estado es «una institución clave y esencial dentro del Poder Judicial», por lo que el FGE, en la cúspide del Ministerio Público, no puede estar supeditado al Poder Ejecutivo. Y subraya que las actuaciones de García Ortiz son inconstitucionales y contrarias a las funciones que tiene asignadas como ya lo señaló el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un informe considerándolo como «inidóneo». Un informe que, sin embargo, no es vinculante para el gobierno.
Pero pese a que ese dictamen no obligue al Ejecutivo, argumenta APIF, al apartarse de este criterio «tan fundamentado» el gobierno de Pedro Sánchez «debía haber dado una explicación muy razonable y convincente para mantener la propuesta del candidato elegido».
APIF recuerda que la renovación de García Ortiz (27-11-2023) se hizo incluso muy poco después de la anulación del cargo (21-11-2023) que éste asignó arbitrariamente lo que deja una clara evidencia del sesgo político al no descartada su reelección.
Además, APIF insiste en que el TS debe pronunciarse respecto a que la anulación del cargo a Dolores Delgado como Fiscal de Sala en la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo implica la anulación del nombramiento, también irregular, de Fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos.
Argumentos adicionales a favor de la destitución de Álvaro García Ortiz
En su comparecencia en el acto de renovación del cargo, ratificó sus actuaciones y amplió las motivaciones de las asociaciones de fiscales para solicitar su destitución:
*Defendió su idoneidad para el puesto.
*Cargó contra el Tribunal Supremo por acusarle de «desviación de poder» al ascender a Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal.
*Descalificó a los vocales del Concejo General del Poder Judicial (CGPJ) que desaconsejaron su renovación.
*Defendió a los fiscales del procés frente a las acusaciones de aplicar estrategias jurídicas a favor del independentismo catalán («Lawfare»). Término que aplica al uso de instrumentos del sistema de justicia para perseguir, neutralizar o destruir adversarios políticos.
*Reivindicó su postura de no entregar un informe con el contenido de la Ley de Amnistía. Niega que el Consejo Fiscal deba emitir un informe sobre el contenido de la proposición de esa ley, requerido por el Senado. Según APIF esta primera acción posterior a su renovación al frente del Ministerio Público confirma su talante arbitrario. García Ortiz argumenta que la ley aún no ha entrado en vigor y que emitir ese informe implicaría invadir competencias de la estructura de la fiscalía en su toma de decisiones.
Todo ello, afirma la asociación, reafirma la urgente y necesaria destitución del Fiscal General del Estado, que carece del requisito de ser «jurista de reconocido prestigio» tras escasos días de ser condenado como autoridad que actúa con «desviación de poder».
Conclusiones y Comentarios
Al Fiscal General del Estado, lo nombra y lo cesa el Rey a propuesta del Consejo de Ministros, una vez valorada la candidatura sugerida por el CGPJ.
En la práctica, el Rey no puede emitir opinión política y la preselección que hace el CGPJ no es decisiva luego entonces el Consejo de Ministros (el gobierno) puede imponer a su candidato. Especialmente porque en el CGPJ actualmente sin renovar desde hace 5 años hay mayoría de conservadores, no afectos al PSOE.
De allí viene que Pedro Sánchez se pregunte ¿De quién depende la fiscalía? y se responda a si mismo: del gobierno, pos eso…
Por lo tanto, renovó a Álvaro García Ortiz, aunque ya se había emitido sentencia del TS en su contra por «desviación de poder» y lo calificó de «no idóneo».
El criterio que debe prevalecer es el que aplica el CGPJ al hacer una selección previa del mejor candidato a Fiscal General del Estado tomando en cuenta a los juristas españoles de más de 15 años de ejercicio efectivo en su profesión.
Quedan muchas preguntas en el aire
¿Dolores Delgado estuvo ejerciendo un cargo de máxima categoría en la carrera fiscal de forma ilegal desde el 18-10-2022 hasta el 21-11-2023?
¿Las decisiones que haya tomado en ese tiempo se revierten?
¿Qué penalización recibirá por ello, tanto ella como su amigo Álvaro García Ortiz?
El fantasma del pasado trae a la memoria
Sánchez ha seguido el guion, que antes criticaba, señalado por Pablo Iglesias, cuando ambos competían por destronar a Mariano Rajoy de la presidencia en las elecciones generales del 26-06-2016.
El gobierno se ha propuesto controlar el Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo a través de una red de incondicionales. Para ello, Sánchez ha reformado y creado leyes como la que impide al CGPJ, estando en funciones, hacer nombramientos. De ese modo las vacantes en los tribunales se cubren con colegiados afines que garantizan las mayorías a conveniencia. Tal como se ha hecho con el Tribunal Constitucional bajo el mando de Cándido Conde-Pumpido, que fue Fiscal General del Estado en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, durante casi 8 años.
En 2016 Sánchez descalificaba a su oponente, Iglesias con estas palabras, pero es lo que ha venido haciendo
«…algunos líderes de Podemos quieran recuperar muchos derechos y libertades robados por la derecha durante estos últimos 4 años. Pero, antes de recuperar esos derechos siempre va a anteponer otras cosas como es el control de los jueces, de los policías, de los fiscales, de los espías y el derecho a la autodeterminación de Cataluña, de Galicia y del País Vasco.»
Estas declaraciones las hizo Sánchez durante un mitin el 24-06-2016 en Sevilla cuando reveló una conversación con Iglesias en la que éste mostraba su intención de controlar a los jueces, fiscales, espías y policías anteponiendo este control a las mejoras de la sanidad pública, la educación, el empleo y los autónomos. Este es el video:
(1219) Sánchez reveló que Iglesias quería «controlar a jueces, fiscales, espías y policía» – YouTube
¿Qué componenda desmontó el Tribunal Supremo anulando el cargo de Delgado en la cúspide del Ministerio Fiscal?
Por una parte, ser Fiscal Togada era el requisito que necesitaba Delgado para poder ser nombrada después Fiscal de Sala de Derechos Humanos y de Memoria Democrática, aunque el TS aún no se ha pronunciado acerca del 2do cargo.
Recordemos que, Delgado es pareja de Baltazar Garzón, exmagistrado prevaricador, que preside una fundación privada dedicada a la defensa de los DDHH, llamada «FIGBAR».
En consecuencia, desde la más alta categoría del Ministerio Fiscal, Delgado podía aprobar y apoyar los postulados presentados por Garzón. Especialmente siendo ella también Fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Así cualquier actuación de esas fiscalías estarían influenciadas y producidas en beneficio de la fundación FIGBAR, lo que resulta inaceptable y un ataque frontal al principio de imparcialidad.
La jugada que estaba en marcha, según theobjective.com, es que la pareja Garzón-Delgado favorecía el ordenamiento jurídico de los indultos y la amnistía a los independentistas, garantizando así la gobernabilidad a Sánchez. También se prestaba para deshacerse de los fiscales anticorrupción que fuesen incómodos para sus objetivos.
Junto a Álvaro García Ortiz intentaban desbaratar la investigación por delito de terrorismo contra Puigdemont y «Tsunami Democratic», pero se ha confirmado que son aliados de Sánchez. No son imparciales ni independientes, sino que reciben instrucciones del gobierno.
Fuentes consultadas:
Querella del PP contra el fiscal general por el ascenso de Dolores Delgado (larazon.es)
Renovación de García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado (elderecho.com)
“Es que la Fiscalía ¿De quién depende?” … del gobierno … “Pos eso…”
‘Alvarone’ García Ortiz: un fiscal inidóneo, por Guadalupe Sánchez (theobjective.com)
Dolores Delgado – Wikipedia, la enciclopedia libre
Editorial ABC: García Ortíz hunde a la Fiscalía en el descrédito
El Supremo anula por desviación de poder el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría fiscal
Una asociación de fiscales recurre en el Supremo el nombramiento de García Ortiz (larazon.es)
El Poder Judicial suspende a Garzón por unanimidad | España | elmundo.es
Ley de amnistía de España de 1977 – Wikipedia, la enciclopedia libre
Ya nos deprime y nos da más dolor de cabeza los eternos temas de corrupción institucional,que las amenazas de los globalistas iluminatis con sus tecnologías genocidas.
A nuestro modo de ver,basta con tener una carrera,ser primogénito,meter cabeza en estas Instituciones y jugar al ping pong,mientras todos van socavando la economía nacional…robando y pactando entre unos y otros es que parecen…niños en el recreo!.
En cuanto al socialismo,la teoría es bien fácil,es utópico lo mires por donde lo mires y deriva en corrupción,siempre ha sido así y siempre lo será,no sirve es inútil…y si esta en activo es por qué mucha gente ve un modo fácil de vivir o de hacerse ricos.