El Ministerio del Interior elaboró en 2024 un dosier oficial de 54 folios con 281 fichas (280 periodistas y tertulianos, uno aparece dos veces) clasificados por ideología y por su actitud hacia el Gobierno de Pedro Sánchez. El documento, titulado Tertulianos. Radio y Televisión, lleva el membrete del Ministerio del Interior y de su Oficina de Comunicación. El Confidencial lo publicó íntegro este 8 de septiembre de 2026.
El dosier completo puede consultarse aquí:
https://static.ecestaticos.com/file/1f0/e79/11a/1f0e7911a89837dbd22d905dad22581b.pdf
La investigación original y el contexto completo están en El Confidencial:
https://www.elconfidencial.com/espana/2026-09-08/interior-exclusiva-dosier-completo-tertulianos-periodistas_4420155/
Qué es el documento
Cada ficha incluye fotografía, el medio principal del profesional y las radios o televisiones en las que colabora como tertuliano, más comentarios sobre su trayectoria y posicionamiento político. Cubre directores de periódicos, columnistas, redactores, analistas, abogados y también políticos o expolíticos que participan en tertulias. Aparecen profesionales de prácticamente todos los grandes medios del país.
Las etiquetas van más allá de la especialización periodística. Entre las anotaciones que recoge El Confidencial figuran: “Apoya al Gobierno”, “afín al PSOE”, “defiende las políticas del PSOE”, “claramente de izquierdas y apoya al Gobierno”, “militante socialista”, “reconocido anti-sanchista”, “alineado con posiciones de derechas”, “tendencia conservadora”, “es de centro derecha moderado”, “periodista de derechas”, “ideología radical de derechas”, “extrema derecha”, “desinformación”, “es crítico con la amnistía”, “muy crítica con la ley de amnistía”, “en contra de los independentismos”, “defiende el ideario del PP” o “últimamente es más combativa”. Algunas fichas aluden también a opiniones sobre la Policía y la Guardia Civil.
El primer encargo se situó a finales de 2023, cerca de Navidad. Hubo al menos otra reunión para perfilar el trabajo e incluir fotos. El documento se culminó en 2024 (Interior precisa febrero de 2024), un año de fuerte tensión del Ejecutivo con la prensa crítica por las investigaciones que afectaban a Begoña Gómez y al entorno de Sánchez.
Parte del equipo de la Oficina de Comunicación se opuso. Algunos trabajadores advirtieron de que fichar a periodistas por ideas políticas era inconstitucional y se negaron a participar. Interior sostiene que no se obligó a nadie. El fichero salió adelante igualmente y, según el ministerio, no salió de la Oficina de Comunicación.
Periodistas de El Confidencial y otros perfiles
El dosier incluye al director de El Confidencial, Nacho Cardero (“tendencia de centro derecha y sus críticas al Gobierno son moderadas”; “centra sus artículos en los aspectos políticos del Gobierno y la oposición”), y a unos diez profesionales del medio, entre ellos José María Olmo (jefe de Investigación: “se identifica con las ideologías de centro-derecha y es activamente crítico con ciertas actuaciones del Gobierno, como los acuerdos de los independentistas”), Alejandro Requeijo (“independiente, pero con clara simpatía por la ideología de izquierdas y, a veces, crítico con las FCS”), Carlos Sánchez (director adjunto: “tendencia de centroizquierda”), Ignacio Cembrero (“independiente”), Juan Fernández Miranda (“defiende ideas de derechas”), Rubén Amón (“perfil moderado”), Javier Caraballo y Antonio Casado (posiciones conservadoras moderadas), Ignacio Varela (posiciones conservadoras y muy crítico con el PSOE actual) y Beatriz Parera (en su ficha se enumeran colaboraciones).
También figuran directivos o antiguos responsables de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP). Entre los tertulianos hay políticos o exdirigentes del PSOE como José Luis Ábalos, Cristina Narbona, Eduardo Madina y Juan Lobato.
Respuesta de Interior, Moncloa y las asociaciones
Interior reconoce la autenticidad del documento, lo describe como “informativo de carácter interno” y “de trabajo” o “consultivo”, y desvincula a Fernando Grande-Marlaska: ni lo ordenó ni se le elevó. Asegura que no es una lista negra, que no se usó para condicionar publicidad institucional ni represalias, que no circuló fuera de Comunicación y que la oficina “atiende a todos los medios y periodistas, sin distinciones”. Tras la publicación, el ministerio pidió “disculpas a los profesionales que se hayan sentido ofendidos por el contenido del documento y por algunas de las valoraciones vertidas”.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, lo normalizó: “Es un documento de trabajo de 2024. […] el objetivo no es en ningún caso ni señalar, ni censurar, ni acusar a medios de comunicación, a periodistas o coartar su libertad. Eso lo hacen otros”. Fuentes de Moncloa añadieron que las valoraciones servían para saber si había que preocuparse “más o menos” y que “están todos” los tertulianos habituales de 2024. No se anunció depuración de responsabilidades. El portavoz socialista Patxi López, en cambio, dijo que no le gusta “ninguna lista en la que se clasifique a nadie” y pidió explicaciones al ministerio.
La FAPE emitió una condena enérgica: en una democracia ningún organismo del Estado tiene legitimidad para fichar, catalogar o perfilar ideológicamente a quienes ejercen el periodismo; considera la práctica incompatible con el Estado de derecho y un ataque directo a la libertad de prensa del artículo 20 de la Constitución, porque introduce vigilancia y potencial represalia. Exige el cese inmediato de esas prácticas, garantías de que nadie sufrió perjuicio y depuración de responsabilidades en la Oficina de Comunicación. Se sumaron APM, APP y otras asociaciones. La Confederación Española de la Policía (CEP) calificó la práctica de “repugnante” y contrastó el esfuerzo dedicado a etiquetar periodistas con la gestión de Ceuta.
El documento está publicado. Las valoraciones que contiene y el debate sobre su legalidad, su utilidad real y si debió existir son ya públicos.
