Por Eduardo M. Morato López – Abogado
Antonio Naranjo lo dejó claro en su artículo de El Debate: en cinco veranos, el disfrute de Pedro Sánchez en La Mareta ha costado a los españoles más de 230.000 euros, al margen del Falcon, la escolta o el propio palacio, con gastos que no se justifican e invitados que nunca se identifican. No es un dato aislado ni una anécdota veraniega: es el retrato de un presidente que trata el dinero público como un asunto privado.
Presidencia del Gobierno se ha visto obligada a reconocer que la estancia de Sánchez en La Mareta durante 2025 costó 44.975,19 euros: 11.322,65 en alojamiento, 22.711,41 en manutención y 10.941,13 en locomoción, cifras a las que hay que sumar un dispositivo de seguridad cuyo coste, significativamente, se sigue ocultando.
Empecemos por lo evidente: La Mareta es una residencia pública de Patrimonio Nacional. Allí no hay hotel que pagar ni alquiler que justificar. Entonces, ¿qué son esos 11.322,65 euros de «alojamiento»? Moncloa no lo explica. Y cuando un Gobierno no explica en qué gasta el dinero de todos, la sospecha no es una exageración periodística: es sentido común.
Con la locomoción ocurre otro tanto. El presidente se desplaza a Lanzarote en aviones militares que paga Defensa, no esta partida. ¿A qué corresponden entonces esos casi 11.000 euros: coches de alquiler para su séquito, taxis, caprichos de invitados que viajan a su costa? El Gobierno prefiere no responder.
Y luego está la partida estrella: 22.711,41 euros de manutención, la cifra más alta de las tres. Ni una palabra sobre si ese dinero alimenta solo al presidente y su familia, o también a un séquito de asesores, escoltas y personal que disfruta de Lanzarote a cuenta del contribuyente. El silencio, una vez más, como estrategia.
Que esta opacidad no es casual lo confirma el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en su Resolución 1403/2025, de 21 de noviembre, tuvo que ordenar a Presidencia lo que debería ser obvio en cualquier democracia: desglosar el gasto y decir quiénes son los invitados y por qué están allí. Que haga falta una resolución administrativa para arrancarle a un presidente del Gobierno información básica sobre el uso de fondos públicos ya dice mucho de su concepto de la rendición de cuentas.
Porque las preguntas de fondo siguen sin respuesta: ¿quién paga las lanchas en las que Sánchez pasea o bucea? ¿Quién corre con el gasto cuando sus hijas salen en motos de agua, una actividad tan privada como cara? Todo apunta a que buena parte de ese ocio familiar se sufraga con dinero público, camuflado bajo epígrafes tan convenientes como «seguridad» o «gastos confidenciales». Mientras Sánchez siga escondiéndose detrás de esas etiquetas en lugar de dar la cara con las cuentas claras, la sospecha de que utiliza La Mareta como una segunda residencia pagada por todos seguirá siendo, no solo legítima, sino cada vez más difícil de desmentir.
