Lo que ocurre en Ceuta no es un incidente aislado. Desde finales de julio de 2026, decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos en dos jornadas; miles permanecen en una ciudad de unos 83.000 habitantes, con menores en la calle, asentamientos, tensión vecinal, investigaciones judiciales sobre alertas previas y un choque político en Madrid. Ursula von der Leyen ha dicho que «Ceuta es España. Ceuta es Europa». El Parlamento Europeo ha hablado de instrumentalización de la migración. La oposición acusa al Gobierno de dejación; el Ejecutivo niega orquestación marroquí y habla de gestión humanitaria y de repatriaciones.
Ese debate revive una pregunta antigua: cuándo una decisión de Estado —de un rey, un presidente o un ministro— se percibe no como realismo diplomático, sino como cesión de lo que el país considera suyo. «Traición» es una palabra política, no un veredicto histórico automático. Sirve para señalar hechos concretos: cesiones territoriales, abandonos de compromisos internacionales o debilidad ante un vecino que no reconoce las fronteras.
Utrecht: el precio de un trono
En 1713, al terminar la Guerra de Sucesión, Felipe V aceptó el Tratado de Utrecht. España cedió a Gran Bretaña «la plena y entera propiedad» de Gibraltar (ciudad, castillo, puerto y defensas), no la soberanía en los términos que luego se discutirían sobre el istmo y las aguas. También perdió Menorca (recuperada después) y posesiones europeas. El contexto era la supervivencia de la dinastía borbónica frente a una coalición europea. El resultado sigue vigente más de tres siglos después.
No fue un capricho personal aislado: fue el coste de una guerra que España no podía ganar sola. Pero fijó un precedente: la integridad territorial se negoció para asegurar el poder interno.
Bayona, el Felón y el imperio que se deshizo
Carlos IV y Manuel Godoy abrieron la puerta a las tropas francesas con el Tratado de Fontainebleau. En 1808, en Bayona, Carlos IV y Fernando VII abdicaron ante Napoleón. Mientras el pueblo se levantaba el 2 de mayo, Fernando —luego llamado «el Deseado» y después «el Felón»— escribió a Napoleón ofreciéndose como hijo adoptivo y celebró victorias francesas.
A su regreso en 1814, no juró la Constitución de Cádiz, restauró el absolutismo y persiguió a los liberales que habían resistido en su nombre. Durante su reinado se consumó la independencia de casi toda la América española. La pérdida no fue solo militar: fue el resultado de un Estado quebrado, un rey que priorizó su corona sobre el pacto con quienes lo habían defendido, y una metrópoli incapaz de reformarse a tiempo.
1898 y el fin del imperio ultramarino
Cuba, Puerto Rico y Filipinas se perdieron en una guerra breve contra Estados Unidos. No hay un único «traidor» con nombre y apellido: hay un sistema político de la Restauración, un Ejército mal preparado y una opinión pública que descubrió de golpe que el imperio era insostenible. El «Desastre» se convirtió en trauma nacional y en combustible del regeneracionismo. Fue más fracaso colectivo que conjura. En 1898 el rey de España era Alfonso XIII, aunque el poder efectivo lo ejercía su madre, María Cristina de Habsburgo-Lorena, en calidad de reina regente
El Sáhara, 1975: la salida sin descolonización
Este es el episodio que más se cita, con razón, cuando se habla de abandono en el Magreb. España administraba el Sáhara Occidental como provincia. Se había comprometido ante la ONU a un referéndum de autodeterminación. En noviembre de 1975, con Franco agonizante, Hasán II lanzó la Marcha Verde: cientos de miles de civiles, con cobertura militar, cruzaron hacia el territorio. Las tropas españolas tenían orden de no disparar.
El 14 de noviembre se firmaron los Acuerdos de Madrid con Marruecos y Mauritania: administración temporal compartida que, en la práctica, entregó el territorio. No hubo referéndum. La operación de evacuación (Golondrina) sacó a civiles y militares a toda prisa. Historiadores como José Luis Rodríguez Jiménez han titulado el proceso «agonía, traición, huida». El príncipe Juan Carlos, jefe de Estado en funciones en tramos clave, y el Gobierno de Carlos Arias Navarro actuaron bajo presión interna (transición incierta) y externa (Estados Unidos prefería un Marruecos estable). El pueblo saharaui quedó partido entre ocupación y exilio. España conservó intereses pesqueros y de fosfatos; no conservó la palabra dada.
Ifni se había entregado en 1969. El patrón se repite: cuando el coste de mantener un territorio africano sube y el régimen interno tiembla, Madrid cede.
Perejil, 2002: el contrapunto
En julio de 2002, gendarmes y luego infantes de marina marroquíes ocuparon el islote deshabitado de Perejil. El Gobierno de José María Aznar lanzó la operación Romeo-Sierra: tropas especiales desalojaron a los ocupantes sin bajas graves y se restauró el statu quo (isla desierta, sin símbolos de soberanía). Fue el primer uso de fuerza armada de la democracia española en un contencioso territorial. Demostró que, con voluntad política y capacidad militar, un incidente limitado se puede revertir. También mostró que Rabat prueba periódicamente el umbral de respuesta español.
Ceuta y Melilla: la reivindicación permanente
Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta (española de forma continua desde 1668, portuguesa desde 1415) ni Melilla. Las trata como «ciudades ocupadas» en su discurso interno, aunque en la práctica gestiona la frontera y recibe cooperación migratoria y económica.
En mayo de 2021, tras la hospitalización en España de Brahim Ghali (Frente Polisario), las fuerzas marroquíes relajaron el control. Entraron entre 8.000 y 12.000 personas en Ceuta en dos días, muchos a nado. El Gobierno español denunció un ataque a las fronteras por desavenencias de política exterior. En 2022, Pedro Sánchez cambió la posición histórica de España sobre el Sáhara: la propuesta de autonomía marroquí pasó a ser «la base más seria, realista y creíble». Lo justificó como alineamiento con socios (EE. UU., Francia, Alemania) y como forma de blindar Ceuta y Melilla y normalizar la frontera. La oposición y parte de la izquierda lo llamaron giro unilateral y abandono de la doctrina de la ONU.
La crisis de 2026 es de otra escala: estimaciones de 70.000-80.000 cruces en 30-31 de julio, cientos de muertos en el intento, miles que no volvieron, menores sin tutelar a tiempo, documentos desclasificados sobre avisos del CNI el 29 de julio, el presidente de vacaciones en agosto, investigación judicial y debate europeo sobre «guerra híbrida». El Gobierno sostiene que nueve de cada diez regresaron y que no hay prueba de orquestación estatal marroquí. Quienes hablan de traición señalan la combinación de alertas no traducidas en dispositivo suficiente, lentitud en expedientes y una diplomacia que lleva años tratando la frontera sur como moneda de cambio.
