Desde hace ya mucho tiempo nos preguntamos si en las administraciones públicas trabajan autómatas, sin cerebro y sin corazón, o seres humanos. Es tal el afán recaudatorio que el estado tiene en todas sus ramificaciones, que, por desgracia, ya no puede sorprendernos nada de lo que sean capaces de hacer y a los extremos a los que puedan llegar.
Josep Boan Rosanes, de 20 años, perdió la vida tras ser arrollado por un coche en agosto de 2020. El accidente se produjo cuando Josep estaba tomando una curva en Dumbría (La Coruña). Un coche, que circulaba a, al menos, 116 km/h en un tramo en el que la velocidad máxima permitida era de 70, invadió el carril contrario llevándose por delante la moto en la que viajaba Josep.
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Se celebró un juicio y el tribunal condenó al conductor del coche a dos años de prisión, que no tuvo que cumplir al no tener antecedentes penales. También le retiró su carnet durante tres años y medio, pero no se la impuso sin sanción económica. La familia recurrió esta sentencia, pero fue ratificada en marzo y ahora es firme.
Pero la pesadilla de esta familia ni se acaba ahí. El pasado 9 de octubre, la madre del fallecido, publicaba en sus redes sociales un carta que había recibido de la Diputación de la Coruña. En esta carta, la Diputación le reclamaba el pago de 485,50 euros por los siguientes conceptos:
- Asistencia y limpieza de vía por accidente entre vehículo y moto.
- Tiempo de intervención.
- Aviso al 112.
Y aunque parece que ahora la Diputación pide disculpas y quiere rectificar ese macabro «error», la madre no confía y espera que se lo ratifiquen también por escrito.
Como verán, indignante, aberrante, surrealista… no hay calificativos suficientes para describir esto. No podemos ni imaginarnos lo que tendrá que estar pasando esta familia.