Este 21 de abril, la ministro de Sanidad, Mónica García (médico y dirigente de Más Madrid), publicó un mensaje contundente en su cuenta de X: “La homeopatía no funciona. El riesgo es dejar de usar medicamentos que sí funcionan. Trabajamos para que las decisiones en salud se basen en evidencia científica, con información rigurosa y protección frente a prácticas sin respaldo”.
El post acompañaba un vídeo y se enmarcaba en un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que concluye, tras revisar decenas de compilaciones científicas, que los productos homeopáticos no superan el efecto placebo en ninguna patología analizada. Según la ministro, a medida que aumenta el rigor de los ensayos, los supuestos beneficios desaparecen, y muchas diluciones son tan extremas que equivaldrían a “disolver un sobre de azúcar en el Mediterráneo”. El riesgo, insiste, es que los pacientes abandonen tratamientos convencionales con evidencia demostrada.
La homeopatía no funciona.
El riesgo es dejar de usar medicamentos que sí funcionan.
Trabajamos para que las decisiones en salud se basen en evidencia científica, con información rigurosa y protección frente a prácticas sin respaldo. pic.twitter.com/4kw4vn2uss
— Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 21, 2026
Hasta aquí, el argumento parece razonable para quien defiende el método científico estricto. El problema surge cuando se observa quién lo pronuncia y qué hizo esa misma órbita ideológica y profesional durante la pandemia.
Los promotores de las vacunas COVID y su exigencia de “evidencia”
Durante 2020-2022, figuras políticas, sanitarias y mediáticas afines al actual Gobierno y a partidos como Más Madrid, PP o PSOE, ahí sí se ponían de acuerdo, defendieron con vehemencia las campañas de vacunación masiva contra el COVID-19. Se presentaron las vacunas como la solución definitiva, se impulsaron pasaportes covid, restricciones a no vacunados y mensajes que rozaban la obligación moral o incluso coercitiva. Se minimizaron o negaron públicamente dudas sobre efectos adversos, se tachó de “negacionistas” o “antivacunas” a quienes pedían más transparencia o estudios a largo plazo, y se argumentó que “la ciencia” no admitía debate.
Hoy, esa misma voz institucional —representada por una ministro que se presenta como médica defensora de la sanidad pública— exige “evidencia rigurosa” para desautorizar la homeopatía, una práctica con décadas de uso y algunos estudios observacionales que sugieren beneficios en patologías autolimitadas o en reducción del consumo de fármacos convencionales (por ejemplo, menos antibióticos en infecciones respiratorias o menos psicotrópicos en trastornos de ansiedad, según datos del estudio EPI3 francés citado en respuestas al post).
La ironía es evidente: durante la pandemia, la “evidencia” sobre las vacunas se construyó en tiempo récord, con ensayos clínicos de fase 3 abreviados, autorizaciones de emergencia y una farmacovigilancia que muchos consideramos insuficiente para detectar efectos raros a medio y largo plazo. Se vacunó a millones, incluyendo grupos de bajo riesgo, bajo la premisa de que los beneficios superaban con creces los riesgos. Ahora, ante la homeopatía —un producto sin patente cara, sin grandes campañas publicitarias y con bajo margen de beneficio para la industria farmacéutica—, se aplica un rasero de exigencia máxima.
Vendedores a comisión, no científicos neutrales
Mónica García y su entorno no actúan como políticos neutrales ni como médicos independientes en busca de la verdad. Son parte de un ecosistema donde la industria farmacéutica ejerce una influencia enorme: financiación de congresos, becas, estudios, puestos en comités y publicidad en medios. Las vacunas COVID representaron uno de los mayores negocios de la historia reciente para Pfizer, Moderna y otras compañías. Las mismas estructuras que presionaron por su uso generalizado son las que hoy defienden el monopolio de la medicina alopática patentada.
La homeopatía, por su naturaleza (diluciones extremas, principio de “lo similar cura lo similar” y enfoque individualizado), choca frontalmente con el modelo farmacéutico dominante. No genera miles de millones en ventas recurrentes. Por eso resulta cómodo descalificarla como “pseudociencia” o “placebo peligroso” mientras se silencia o minimiza el debate sobre la seguridad y eficacia real de otros productos masivamente impulsados.
Respuestas al post de la ministro reflejaron precisamente esta percepción: usuarios la acusaron de defender el “negocio” farmacéutico, recordaron su apoyo previo a investigar efectos secundarios de las vacunas (para luego cambiar de discurso) y señalaron que, mientras la sanidad pública sufre listas de espera eternas, colapso en urgencias y fuga de médicos, la prioridad parece ser retirar del mercado más de mil productos homeopáticos.
Evidencia selectiva
La ciencia no es dogma. Existen revisiones que muestran resultados mixtos sobre homeopatía: algunos metaanálisis encuentran efectos superiores al placebo en ciertas condiciones, especialmente cuando se usa de forma individualizada; otros, como el informe de la AEMPS, concluyen lo contrario al aplicar filtros muy estrictos. Lo relevante no es dirimir aquí si la homeopatía “funciona” o no (ese debate merece rigor, no consignas), sino destacar la doble vara de medir.
Si se exige “evidencia científica rigurosa” para todo, ¿por qué no se aplicó con la misma dureza a las vacunas COVID cuando se impusieron a la población general? ¿Por qué se persigue con tanto celo una terapia de bajo coste y bajo riesgo mientras se protegió un producto nuevo con mecanismo novedoso (ARNm en algunos casos) y efectos adversos notificados en sistemas de farmacovigilancia?
La ministro tiene razón en un punto: el riesgo real es abandonar tratamientos que funcionan. Pero ese principio debería aplicarse en todas direcciones. Incluyendo no presionar ni estigmatizar a quienes, durante la pandemia, cuestionaron la narrativa oficial o buscaron alternativas.
Al final, quienes hoy sentencian “la homeopatía no funciona” son los mismos que ayer nos dijeron que las inoculaciones masivas eran infalibles y seguras sin matices. No son adalides de la ciencia. Son vendedores a comisión de un modelo sanitario que prioriza el fármaco patentado sobre cualquier otra aproximación. Y su credibilidad, después de los últimos años, está tan diluida como las propias preparaciones homeopáticas que critican.