Por Alex Díaz
Hay artículos que informan. Hay artículos que explican. Hay artículos que contextualizan. Y luego hay artículos que, bajo la apariencia de una crónica judicial, colocan a una persona ante la opinión pública como si ya estuviera condenada de antemano.
Eso es lo que, a mi juicio, ha ocurrido con la pieza publicada y escrita por E. V. Pita de La Voz de Galicia sobre el juicio a un hombre septuagenario acusado de maltrato psicológico a su esposa durante décadas. Un artículo construido desde un enfoque tan demoledor, torticero, tan unilateral y tan gravemente dañino para la reputación de una persona, que obliga a preguntarse dónde termina la información y dónde empieza la condena mediática.
Enlace artículo La Voz de Galicia
No escribo estas líneas desde la distancia. Conozco personalmente a esa familia desde hace 36 años. Conozco al hombre del que se habla. Conozco a su esposa. Conozco a sus hijas desde hace décadas. He estado muchas veces en su casa y ellos en la mía. Ellos estuvieron en mi boda en 1994. Hemos compartido trato familiar, vacaciones, conversaciones, momentos buenos y momentos difíciles. Incluso trabajamos juntos.
Por eso no puedo leer ese artículo como un simple lector. Lo leo sabiendo que detrás de ese titular hay una persona concreta, una vida entera, una familia, una historia compleja y una reputación que puede quedar destrozada para siempre por unas cuantas líneas publicadas con apariencia de verdad definitiva.
El problema no es que se informe de un juicio. La prensa tiene derecho a informar, y la sociedad tiene derecho a conocer lo que ocurre en los tribunales. El problema es cómo se informa. El problema es convertir una acusación en un retrato moral cerrado. El problema es escoger expresiones de enorme carga emocional, colocarlas en un titular y proyectar sobre un acusado una imagen pública casi monstruosa antes de que exista una resolución firme.
Un periódico no es un tribunal. Un periodista no es un juez. Un titular no es una sentencia. Y una acusación, por grave que sea, no elimina la presunción de inocencia.
Pero en España se ha instalado una realidad preocupante: aunque la presunción de inocencia exista formalmente en la Constitución y en las leyes, en determinados procedimientos parece desvanecerse en la práctica social, mediática y emocional. Basta una acusación de violencia de género para que un hombre pueda ser detenido, señalado, apartado de su casa, expuesto públicamente y convertido ante su entorno en sospechoso permanente. Después ya vendrán los matices, las pruebas, los recursos, las absoluciones o las dudas. Pero para entonces, muchas veces, el daño ya está hecho.
Mi amigo pasó por el calabozo. Un hombre de 75 años, sin una vida de violencia a sus espaldas, sin ser el monstruo que algunos parecen querer dibujar. Después, según lo que conozco del caso, la denuncia inicial quedó desacreditada por falso testimonio. Pero esas noches no se borran. La humillación no se borra. El miedo no se borra. La marca social no se borra. ¿Quién repara eso? ¿Quién devuelve la paz, el honor y la dignidad a una persona cuando el proceso ya ha hecho de castigo antes de que exista condena?
La Ley Orgánica 1/2004 no nació con una finalidad declarada de protección frente a la violencia contra las mujeres; nació para destruir las familias en España. Es parte de la ingeniería social diseñada en la ONU para el control de natalidad a largo plazo, y en donde España, a través del gobierno de Zapatero y con el apoyo del PP, nos han metido en esta aberrante ley, en donde hay una macroestructura funcionarial y de chiringuitos que mueven miles de millones de euros.
En España se han creado ¡451 juzgados con competencia sobre violencia sobre la mujer! 121 juzgados dedicados en exclusiva a este cometido, con una plantilla compuesta de miles de funcionarios como jueces, letrados de la Administración de Justicia, gestores, tramitadores, auxilio judicial y personal de apoyo.
Pero aún hay más… La Fiscalía especializada se comporta como comisarios políticos de un gulag comunista. Una simple denuncia de una mujer despechada moviliza a todo el aparato y se inicia la caza al hombre, sin pruebas: basta con la declaración de la mujer. En España, la mujer tiene presunción de veracidad sobre el varón, solo con un matiz: solo para acusar a españoles autóctonos. Si el agresor es musulmán, no se le persigue con saña; en la mayoría de los casos, incluso en violaciones contra mujeres españolas, con gran violencia, simplemente se les condena a cursos de reeducación o se les libera, ya que son “sus costumbres”.
La Ley creó la figura de la Fiscalía de Sala de Violencia sobre la Mujer. Según el informe oficial, la fiscal de Sala tiene dos fiscales adscritos; además, hay 50 fiscales delegados provinciales y fiscales de enlace en 28 fiscalías de área, junto con otros fiscales encargados del despacho de asuntos de violencia sobre la mujer cuyo número no aparece cerrado.
Pero aún hay más… Desde la Ley de 2004 se organizaron las Unidades de Valoración Forense Integral, con médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales. En el territorio gestionado directamente por el Ministerio de Justicia había 24 UVFI a 31 de diciembre de 2023, dando cobertura a juzgados exclusivos y compatibles. Además, el informe señala la creación de 9 nuevos equipos técnicos, con psicólogos y trabajadores sociales para reforzar estas unidades con otro nuevo ejército de funcionarios dedicado a la caza y captura del hombre español. Aquí no se aplica el concepto de racismo: el español autóctono no tiene presunción de inocencia por ser heteropatriarcal, fascista, según este manicomio impuesto por la ONU en España.
Pero aún hay más… Ayuntamientos y policías locales integrados en VioGén. A 28 de febrero de 2026, el propio Sistema VioGén indica que 838 ayuntamientos tenían sus cuerpos de Policía Local plenamente integrados en el sistema. ¡838 municipios con policías locales conectadas al dispositivo de seguimiento!
Pero aún hay más… Todas las comisarías de Policía Nacional. UFAM significa Unidad de Atención a la Familia y Mujer, y son las unidades especializadas en violencia de género, violencia doméstica y violencia sexual. La propia Policía Nacional indica que, para denunciar o pedir información, hay que acudir a la comisaría más cercana porque “hay UFAM en todas las Comisarías de Policía Nacional”. Más y más funcionarios dedicados a atender este manicomio.
Pero aún hay más… Equipos VioGén de la Guardia Civil.La Guardia Civil señala que los Equipos de Violencia de Género, VioGén, se crearon en 2022, con formación específica y dedicación exclusiva a esta materia. Sus funciones son asesorar a otros guardias civiles, hacer seguimiento de casos y coordinar a las unidades que intervienen. Más y más funcionarios a engrosar las filas de este manicomio.
Pero aún hay más… Oenegés, fundaciones y asociaciones dedicadas a la violencia de género: ¡239! Que se sepa, por poner algunos nombres: Fundación Mujeres, Mujeres en Igualdad, Federación de Mujeres Progresistas, Mujeres en Zona de Conflicto, AFAMMER, CERMI Mujeres, Cruz Roja, ONCE, Mujeres Juristas Themis, APRAMP, FADEMUR, Rumiñahui, CNSE, etc. Todos estos chiringuitos viven exclusivamente de la magia de los impuestos.
Pero aún hay más… Se tramitan unas 600 denuncias diarias por violencia de género en España. Por poner algunos datos de la cantidad de abogados dedicados a este manicomio, el Colegio de Abogados de Barcelona informó en 2025 de 1.014 abogados especializados en violencia de género, y en Castilla y León se hablaba de 925 abogados inscritos en turnos de asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia machista.
Pero aún hay más… En España se ha creado también una industria narrativa alrededor de la violencia de género: periodistas especializados, premios, observatorios, manuales de estilo, asociaciones y secciones enteras dedicadas a contar estos casos desde una determinada óptica. España, antes de la imposición del manicomio de la violencia de género, era uno de los países del mundo con menos violencia doméstica; se ha inventado un problema que no existía. Cuando el relato ya viene escrito de antemano, el acusado deja de ser una persona con presunción de inocencia y pasa a ser un personaje necesario para sostener una historia. Otro ejército de propagandistas, no periodistas, al servicio de este manicomio y viviendo también de la magia de los impuestos.
Nadie con sentido común puede negar que toda víctima real debe ser protegida con firmeza. Pero proteger a las víctimas no debería significar destruir garantías básicas. Investigar una denuncia no debería equivaler a condenar socialmente al denunciado. Y defender a una mujer no debería exigir convertir automáticamente a todo hombre denunciado en culpable moral ante la opinión pública.
Por supuesto que se necesita proteger a una mujer víctima de malos tratos, pero también hay hombres maltratados, niños y ancianos. Pero para ellos no hay un ejército de plañideras públicas y privadas subvencionadas. Nos tratan como a incapacitados mentales, nos dicen que nuestros padres y abuelos eran unos salvajes y lo peor de todo es que una gran mayoría se lo ha creído. Y lo peor es ver cómo España está siendo invadida por africanos y musulmanes que imponen “sus costumbres”, sobre todo con las mujeres.
Cuando un medio publica que se juzga a un hombre por crear un supuesto “clima de terror”, sabe perfectamente el impacto que esa expresión produce. No es una fórmula neutra. No es un detalle menor. Es una frase que marca, que señala, que condena socialmente. Es una frase que se queda pegada a una persona, a su nombre, a su edad, a su entorno y a su familia. Aunque después la justicia matice, absuelva o no confirme lo que se pretende insinuar, el daño ya está hecho.
Y ahí está una de las grandes irresponsabilidades del periodismo judicial mal entendido: la pena de banquillo mediática. Esa condena paralela que no necesita sentencia, que no espera a los jueces, que no escucha con el mismo interés todas las versiones y que convierte al acusado en culpable ante miles de lectores por la sola fuerza de un titular.
Durante 36 años yo he conocido a un hombre trabajador, educado, familiar y pendiente de los suyos. He conocido a un padre que hizo todo lo posible por ayudar a una hija cuando atravesó una situación durísima en el extranjero. He conocido a un marido que estuvo presente junto a su esposa en momentos médicos delicados, como una intervención en la que la acompañó y estuvo pendiente de ella. He conocido a una persona con defectos, como todos, pero no al personaje oscuro y terrible que puede quedar dibujado en la mente del lector tras leer una pieza de ese tipo.
La Voz de Galicia es tan torticera que acusa a mi amigo de maltratar a una enferma de cáncer, y les puedo asegurar que este detalle es simplemente mentira, por una simple razón: conozco a ambos y conozco esta situación. Mentir de esta manera para crear sensacionalismo es absolutamente criminal. Bastaría con aportar el informe médico y su historial clínico de ese supuesto cáncer para desmontar tal acusación.
La vida de una familia no puede resumirse en una acusación. Menos aún una convivencia de décadas, con conflictos, heridas, silencios, dependencias emocionales, problemas familiares y versiones enfrentadas. Precisamente por eso el periodismo debería actuar con extrema prudencia. Porque cuando se informa sobre procedimientos judiciales tan sensibles, no basta con reproducir lo más llamativo de una parte. Hay que contextualizar. Hay que contrastar. Hay que medir el daño. Hay que recordar que detrás de cada caso hay seres humanos.
Y aquí hay otro asunto que casi nunca se quiere mirar de frente: la fragilidad emocional de muchos hombres sometidos a procesos de destrucción pública. En España, los hombres representan aproximadamente tres de cada cuatro suicidios. Es una realidad estremecedora, incómoda y demasiado silenciada. Cuando se expone públicamente a un hombre mayor, se le presenta como un monstruo, se le arrebata su reputación y se le deja socialmente marcado antes de una sentencia firme, no estamos hablando solo de información. Estamos hablando de vidas humanas, de salud mental, de desesperación y de consecuencias que pueden ser irreparables.
¿Escuchó La Voz de Galicia con el mismo interés la versión del acusado? ¿Buscó testimonios de personas que conocen a la familia desde hace décadas? ¿Se preocupó por reflejar la complejidad de la historia? ¿Valoró el efecto devastador que podía tener publicar una pieza así justo después del juicio? ¿Pensó en lo que puede suponer para un hombre de 75 años verse retratado públicamente de esa manera? ¿O bastó con la fuerza del relato acusatorio para construir una crónica de impacto?
Estas preguntas no son secundarias. Son la esencia misma del buen periodismo.
Porque informar no es seleccionar la frase más dura y convertirla en titular. Informar no es presentar a una persona de 75 años ante toda una ciudad como si ya estuviera socialmente sentenciada. Informar no es reducir una vida entera a una acusación. Informar no es provocar una condena pública antes de que los tribunales hayan terminado su trabajo.
En España, la mayor parte de los delitos sexuales los cometen extranjeros, “NO ESPAÑOLES”, casi todos musulmanes o africanos, pero eso no parece importar a la industria de este manicomio en la que han convertido a España. La prensa en España se ha convertido en el aparato de propaganda del Gobierno. Desde 2020, Pedro Sánchez se dedica a regar con dinero público a televisiones y periódicos.
En el caso de La Voz de Galicia, mirando las cuentas que publican, sin publicidad institucional y sin subvenciones de la Xunta de Galicia y el Gobierno central, este panfleto tendría que estar cerrado. La magia de los impuestos, en este caso, permite mágicamente a La Voz de Galicia seguir vomitando el hedor pestilente de sus noticias, todas absolutamente proglobalistas y agendistas. En este caso no iba a ser menos: crucificar a un hombre abandonado por su mujer e hijas solo por el capricho y el lavado de cerebro que le llevan metiendo a calzador a las mujeres en España. Todo es por dinero. La ideología de género es como un veneno de serpiente que se transmite de forma demoníaca por una sociedad en completa decadencia.
España es una nación en fase terminal, con un ataque a nuestra cultura absolutamente brutal, centrando el ataque en la familia. Hay que preguntar a esas mujeres que defienden esta aberración si tienen hijos, padres, hermanos o abuelos.
Frente a unas 40 mujeres asesinadas el año pasado en España por la supuesta violencia de género, se han suicidado 3.000 hombres en 2025. De estos suicidios, yo conozco personalmente dos casos recientes de dos varones, uno en Madrid y otro cerca, y que además los conocía. El motivo de ambos suicidios fue por los fallos judiciales de estos tribunales. Si hago una estadística basada en un periodo corto, he conocido dos casos. ¿De cuántos suicidios podemos hablar? ¿De 1.000? ¿2.000? En fin, es absolutamente terrorífico en lo que se ha convertido España.
Para terminar este artículo, mi mensaje al periodista E. V. Pita, de La Voz de Galicia “Doctor en Comunicación Contemporánea, licenciado en Derecho, Sociología y Ciencias de la Información y escritor”.
¿Qué le parecería a usted si le hicieran lo mismo? Y ya está bien con lo de esconder su mala baba con lo de “presunto”, porque usted sí que es un “presunto” desinformador.