Las pobres mujeres están más amenazadas que nunca desde que tenemos el Estado y el Gobierno más progresista de la Historia. Un hombre de 42 años (un autóctono de toda la vida llamado Hicham) ha sido condenado por agredir sexualmente a una mujer, otra inmigrante, en una vivienda situada en una localidad de la Canal de Navarrés, después de retenerla durante varias horas y someterla a graves abusos. El acusado admitió finalmente los hechos ante la justicia, lo que permitió rebajar considerablemente la pena que inicialmente solicitaba la Fiscalía.
La violó con una botella y la quemó con un cigarro
Los hechos se remontan a la noche del 15 de agosto de 2024, cuando el hombre (Hicham) ofreció alojamiento a la víctima, a la que acababa de conocer. Una vez en el interior del domicilio, comenzó a amenazarla con una botella de cristal para obligarla a mantener relaciones sexuales. Según la sentencia, el agresor la intimidó con frases violentas, advirtiéndole de que si no obedecía le desfiguraría el rostro o incluso la mataría. Bajo ese clima de miedo, logró desnudarla, realizarle tocamientos y masturbarse delante de ella.
La situación se prolongó hasta el día siguiente. El acusado impidió que la mujer abandonara el piso al cerrar la puerta con llave y continuó amenazándola para forzar su sometimiento. Durante ese tiempo volvió a agredirla sexualmente y llegó a introducirle el cuello de una botella de cristal mientras la tocaba, además de quemarla con un cigarrillo en el muslo y en la zona del pubis.
Tras reconocer los hechos en el juicio, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia lo ha condenado a ocho años de prisión por dos delitos de agresión sexual con violencia, uno de ellos agravado por el uso de un objeto, además de un delito de detención ilegal. La pena es notablemente inferior a los 23 años que solicitaba el Ministerio Fiscal debido al acuerdo alcanzado entre las partes y a la confesión del acusado.
La víctima es otra mujer inmigrante
La defensa logró que se aplicaran atenuantes como la reparación del daño, ya que el condenado abonó 1.500 euros antes del juicio como parte de la indemnización total de 3.000 euros fijada para la víctima por las secuelas físicas y psicológicas. También se tuvo en cuenta la existencia de dilaciones indebidas en el procedimiento. Por las lesiones provocadas —hematomas y quemaduras— se le ha impuesto además una multa.
La sentencia establece igualmente que, una vez cumplido un tercio de la condena, el agresor podrá ser expulsado del país al encontrarse en situación administrativa irregular.
La víctima, una mujer de 28 años, ya sufría un cuadro depresivo relacionado con su situación personal y su proceso migratorio, una situación que, según recoge la resolución judicial, se vio agravada tras las agresiones que padeció durante su cautiverio en la vivienda donde ocurrieron los hechos.
