Por Alfonso de la Vega
Al final del sarao sevillano Sánchez ha anunciado urbi et orbi una oportuna novedad: nada más y nada menos que la creación de una empresa pública para proporcionar viviendas a los pobres que desea redimir. De modo que es de temer que lo mismo pronto tengamos nuevos sobresaltos.
El lector más joven acaso no tenga noticia de un sucedido que fuera muy mentado hace un tercio de siglo. Una de las más famosas hazañas de nuestro socialismo, en este caso del heroico sindicalismo oficialista en “la lucha final” por la vivienda. Era la época gloriosa socialista en que la corrupción se desbordaba con ocasión de los grandes fastos como las olimpiadas o la EXPO sevillana. Como las desgracias se soportan mejor con humor, el gracejo andaluz había instaurado el pellón como unidad de cuenta de corrupción, cuyo valor se cifraba en mil millones de pesetas, (unos seis millones de euros). Con justicia o no, el nombre empleado era homenaje a don Jacinto, hombre de confianza del clan sevillano de la tortilla y audaz laborioso ingeniero puesto al jefe del negociado de los fastos de la EXPO 92.
Me refiero, claro está, al llamado caso PSV que fuera un escándalo socialista originado por su sindicato oficial, la UGT, que se declaró en diciembre de 1993. El sindicato socialista había creado una empresa, la llamada Promoción Social de Viviendas (PSV), para promover la construcción de miles de viviendas a bajo precio, “to pa al pueblo” que decía Guerra. El asunto terminó mal porque está probado que los socialistas son auténticos linces para aprovechar lo que ya hay pero se las apañan mal para generar riqueza. Pero UGT crea un fuerte grupo empresarial (PSV), con una promotora inmobiliaria (PSV), una constructora (IGS) y una compañía aseguradora (UNIAL), como una especie de mini holding similar al tan criticado y luego expropiado por el gobierno socialista de RUMASA.
La quiebra de la promotora cinco años después provocó la intervención del Gobierno de Felipe González que aprovecharía la ocasión para purgar a un entonces incómodo por lo crítico Nicolás Redondo. Se vieron afectados cerca de 20.000 cooperativistas. En junio de 1994 ingresa en prisión sin fianza el director de PSV, Carlos Sotos, por una presunta estafa y apropiación indebida. Dos semanas después, ingresó en prisión el ex secretario de finanzas de la UGT, Paulino Barrabés, que fuera puesto en libertad condicional dos semanas más tarde. Tras la quiebra de PSV, en 1994, el sindicato UGT tuvo que hipotecar todo su patrimonio en un crédito del ICO para la asunción de la deuda.
Tras la condena inicial jueces más comprensivos terminarían aliviando al sindicato oficial un decenio más tarde. En 2003, el Tribunal Supremo eximió al sindicato UGT del pago de la indemnización de 78,13 millones de euros (unos 13 pellones) de responsabilidad civil subsidiaria. Pero confirmó la condena de dos años y cuatro meses al director de la cooperativa de viviendas PSV, Carlos Sotos.
Al aparecer, el socialismo patrio no habría escarmentado con el pasado y puede volver a tropezar en la misma piedra. Sin embargo, no cabe duda que ahora el socialismo woke dispone a su favor de las probadas virtudes empresariales de una experta emprendedora como la catedrática consorte. No obstante, es preciso considerar que aunque la intención pueda ser buena, al menos en teoría, parece ignorar el cómo hacer bien las cosas. Frente a la relativa eficacia del régimen anterior para construir millones de nuevas viviendas asequibles, la realidad es que la complejidad administrativa de la Monarquía, con sus infinitos escalones burocráticos discrecionales dispuestos a sacar magra tajada de la actividad empresarial, dificulta y encarece tan loables objetivos. No es momento de entrar en detalles.
Para colmo, parte de las calamidades actuales en esta materia las ha generado el propio gobierno de Su Majestad con su persecución de la propiedad privada que disuade, desampara u obstaculiza la inversión. Es conocido que en el mercado inmobiliario intervienen muchas variables diferentes y no solo las empresas inmobiliarias que ven su actividad muy condicionada por el entorno de todas clases.
El problema social existe pero para intentar solucionarlo es preciso entender bien las causas de lo que pasa. Es necesario promover el mercado inmobiliario con diferentes medidas, algunas de ellas además de los oportunos cambios legislativos tienen que ver simplemente con la confianza. Se podría empezar por ahí salvo que lo que se pretenda sea otro crear otro chiringuito más para colocar adictos que bien pudiera estar a cargo futuro de las demostradas dotes emprendedoras de la familia socialista.