Al desproteger al propietario indirectamente el gobierno desprotege al arrendatario
Muchos jóvenes que se quieren emancipar, en España, se han organizado en asociaciones que claman por viviendas dignas con precios accesibles. En ese sentido tienen toda la razón de mostrar su enfado. Cualquiera puede entender y empatizar con ese deseo tan genuino. No poder alcanzar esa meta genera frustración e impotencia.
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Pero están descargando su rabia contra quienes pueden proveer ese servicio con argumentos muy poco razonados en lugar de exigir al gobierno que construya viviendas de interés social.
Es cierto, que hay muchos abusos por parte de arrendadores, inmobiliarias e intermediarios que se valen de la inexperiencia y los temores de muchos arrendatarios.
Pero, en realidad, hay que percatarse de que la ineficiencia del gobierno es el verdadero causante.
Al desproteger al propietario indirectamente el gobierno desprotege al arrendatario.
La intención de este escrito es destacar argumentos como los expuestos a través de estos enlaces y responderlos con un enfoque equilibrado.
En varios medios muchos jóvenes manifiestan la frustración de no encontrar vivienda
«El gobierno es responsable y el casero es culpable»
¿Los caseros son culpables?
Decir esto es desconocer el contexto en que se vive.
El propietario también sufre la inflación, los bajos salarios, los impuestos que se llevan el 50% de los ingresos familiares.
La situación económica es deficiente para todos. Además, en España tenemos una de las mayores tasas de paro juvenil de la comunidad europea.
*El gobierno es responsable porque la vivienda es un derecho contemplado en el artículo 47 de la Constitución española y los poderes públicos deben garantizarla.
Exacto, entonces exijan más vivienda pública. Sin embargo, son muy pocas las pancartas y consignas orientadas en ese sentido.
*Los caseros son especuladores porque pretenden ganar dinero haciendo de la vivienda un negocio.
¿Si tengo una constructora de viviendas soy especulador? Parte de su negocio es hacer fincas residenciales.
¿Si tengo un abasto o un supermercado soy especulador? Estaría haciendo de la alimentación un negocio.
¿Si tengo una funeraria soy especulador? Estaría haciendo de la muerte un negocio.
Según esa mentalidad el casero en lugar de obtener rentabilidad de su esfuerzo tiene que ser expropiado para favorecer al que considere que se lo merece todo ¿Eso es igualdad y justicia?
Aplicando ese razonamiento.
Si ningún particular pudiese comprar viviendas para ponerlas en el mercado de alquiler, el gobierno las adjudicaría por adhesión política lo que implicaría inseguridad jurídica.
Eso es así bajo un comunismo ¿Es eso lo que prefieren estas asociaciones?
¿Si el mercado de alquiler dependiese solamente de la administración pública sería mejor?
Si fuese así ¿No habría ahora suficiente oferta pública? En cada campaña electoral los políticos ofrecen soluciones habitacionales que luego No cumplen. En ausencia de competencia su dejación de funciones sería peor aún.
¿En ese esquema habría alguna garantía de que el gobierno No especule?
Por otra parte, ¿Ante cualquier incidencia en lugar de llamar a la inmobiliaria o al casero llamarías a un organismo del gobierno para que la atienda? ¿Alguien se cree que la burocracia del gobierno sería más eficiente y eficaz?
La mayoría de las viviendas estarían destartaladas por la ineficiencia y la corrupción de las administraciones públicas.
Un apoyo al mercado inmobiliario sería que el gobierno bajara los impuestos al casero que remodele y haga mejoras a la vivienda que alquila.
La falta de competencia en el mercado de inmuebles haría que el descuido se normalice.
*Un propietario no tiene derecho a poner el precio que le dé la gana a su vivienda ni tiene por qué subir el alquiler cuando se acaba un contrato.
Eso sería cierto Si hubiese un comunismo ¿Es lo que quieren? Se nota la falta de conocimientos acerca de cómo funciona la sociedad y la actividad económica cuando hay una democracia.
Bajo un sistema democrático se respeta el derecho a la propiedad privada.
*El casero aumenta los precios porque puede.
Su intención No es sacarle dinero al inquilino. Es prestar un servicio que se rige según las leyes del mercado.
Cuando hay poca oferta y mucha demanda los bienes se encarecen.
Si el gobierno hiciera suficiente cantidad de viviendas de interés público para cubrir la demanda, los precios del alquiler bajarían porque al haber más oferta cada piso se abarataría.
El propietario sube el alquiler cada año porque la inflación sube para todos
Pero ¿De quién depende que se descontrole la inflación? … Del gobierno, por supuesto.
La reforma más reciente a la ley de viviendas desprotege al propietario y genera desprotección al inquilino.
La ley exige que se renueve automáticamente el contrato como mínimo durante 5 años a menos que lo requiera uno de los dueños o alguno de sus hijos. Durante ese tiempo la inflación aumenta a un ritmo que el casero no puede repercutir en el monto del alquiler.
Los aumentos anuales deben regirse por un índice, que se inventó el gobierno actual, distinto a la inflación cuya esencia sólo la conoce el propio Poder Ejecutivo. Ese índice obliga a que, independientemente de la inflación, que aprieta a todos, el incremento sea ínfimo.
Faltan viviendas y sobra mentalidad comunista
Al desproteger al propietario indirectamente el gobierno desprotege al arrendatario
Para grandes tenedores, los que tienen más de 10 propiedades, los aumentos anuales sólo pueden ser como máximo 2%.
Esa medida ha logrado que los inversionistas se las ingenien para no perder rentabilidad, forzando escasez para que se encarezca la renta. Lo hacen poniendo, o no, cierta cantidad de casas en el mercado.
O también puede que destinen sus propiedades al alquiler turístico con una rentabilidad enorme, desequilibrando los precios o las vendan y se lleven su dinero fuera del país.
En cualquiera de estos casos, disminuye la oferta de viviendas en alquiler.
La otra opción que aplican es dejarlos cerrados con el riesgo de que sean ocupados ilegalmente sin la debida protección del gobierno.
Sin estas restricciones los precios se regirían según el aumento o disminución espontáneo de la oferta y la demanda en cada zona según la competencia por las prestaciones que ofrezca cada inmueble.
*Los caseros vulnerables son sólo el 0,6% de la población.
¿Quieren decir que algunas minorías si importan y otras no? Ese porcentaje respecto al volumen de la población representa aproximadamente 300.000 personas que, por lo general, trabajaron toda una vida para ahorrar e invertir en algo que les genere ingresos legales, prestando un servicio básico e invaluable como lo es la vivienda.
También se suele señalar que son pocos los afectados por las ocupaciones ilegales (okupas) ¿Es esa, acaso, otra minoría que o importa?
*Hay que sacar del mercado a los propietarios que fijan precios abusivos.
Justamente el precio es alto porque muchos arrendadores han sacado del mercado sus bienes ante la permisividad y protección que ha dado el gobierno a los okupas e inquiokupas, entre otras razones ya expuestas.
Las ciudades donde se han impuesto controles a los alquileres, como en Barcelona, son ejemplo de que esa medida no funciona. La oferta es escasa y costosa
Una de las mayores injusticias es que el propietario invadido tiene la obligación de pagar los servicios básicos al okupa o inquiokupa.
Además, el gobierno ha limitado la intervención de la policía, que puede echar a los okupas sin orden judicial, pero se debe constatar la flagrancia. Es decir, debe haber testigos y pruebas claras que demuestren que se está realizando una ocupación ilegal. Con esto, No sólo se requiere la colaboración inmediata de los vecinos, sino que se debe evitar enfrentamientos directos con los transgresores.
Al desproteger al propietario indirectamente el gobierno desprotege al arrendatario
*Las asociaciones de inquilinos estimaran el monto a pagar, que en la mayoría de los casos han calculado sería un 50% de lo que pagan. Si no se regulan las rentas inmobiliarias los inquilinos dejarán de pagar los alquileres que consideren abusivos.
Según este razonamiento los contratos solo se deben cumplir según lo que el inquilino considere justo. Esto es romper la seguridad jurídica, aunque haya firmado libremente un contrato ¿Tiene sentido?
Es decir, las asociaciones de inquilinos piden justicia aplicando la injusticia más absoluta, que es la decisión aleatoria de una de las partes, como dice el economista Daniel La Calle en esta entrevista en Espejo Público.
El artículo 27 de Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que el incumplimiento de las obligaciones acordadas en el contrato de alquiler dará derecho a la resolución de este. Y la principal obligación del arrendatario es pagar, en el rango de fechas indicado, el monto acordado. También ampara al inquilino que, ante la falta de cumplimiento de su contraparte, se apoye en este artículo para dar por terminado el contrato.
*La rentabilidad de una vivienda la da un inquilino que paga con su esfuerzo la hipoteca del propietario.
El inquilino No está pagando la hipoteca del arrendador ni le está haciendo un favor. Está cumpliendo un contrato, que firmó libremente, a cambio de un servicio.
Es lo que tiene prestar un servicio. Se hace para capitalizar un bien. Así es en democracia bajo el capitalismo, que es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado. Permite que el capital adquiera recursos, que se destinen a la producción de bienes y servicios. Fomenta el intercambio y el crecimiento económico. Además, está demostrado mundialmente que genera mayor bienestar que el comunismo.
Desde el punto de vista, resaltado en rojo, el «malvado empleador» está pagando todas las actividades del empleado ¿Qué proponen? ¿Eliminar la propiedad privada?
¿Además, de no obtener los beneficios acordes con el mercado, el propietario estaría obligado a acondicionar la vivienda según el criterio de la asociación de inquilinos?
En conclusión.
Por una parte, se podría pensar que es admirable que estos jóvenes se organicen para ejercer su derecho a la protesta. Pero da la impresión de que son movidos y financiados por el gobierno para eludir su responsabilidad alimentando la pugna entre sectores a los que les conviene colaborar mutuamente. Esto quedó en evidencia durante la protesta del pasado 13-10 a la que se presentaron miembros del propio gobierno que no ha cumplido su labor de construir viviendas de interés social, entre otras cosas.
Ese día, como en otras ocasiones, el gobierno protestó por la ineficiencia del propio gobierno
Las consignas de la protesta demuestran la inexperiencia de los jóvenes acerca de las dinámicas de la sociedad. Son como se dice «Ignorantes de la vida» y la «Ignorancia es muy atrevida». Bastaría con conocer un poco la ley de oferta-demanda que determina el precio de los bienes en función de su disponibilidad y el deseo de compra.
En la gran mayoría de los casos el casero No es el enemigo. El gobierno está desprotegiendo al propietario y en esa forma ocasiona que, por temor a perder la vivienda, el arrendador prefiera venderla o no alquilarla, disminuyendo la oferta y, por lo tanto, indirectamente, el gobierno está perjudicando y desprotegiendo al que busca vivienda.
¡Así de simple!
La falta de educación financiera y la satanización del sector productivo a través de todos los medios de comunicación y entretenimiento incluidas las redes sociales causan este efecto en personas que No saben crearse un criterio propio. No han cultivado la habilidad de filtrar, discernir, de acuerdo con la tendencia de la fuente de información que escucha, qué es válido y modélico de lo que es manipulación.
¡Y así nos va!
Faltan viviendas, hay inflación, desempleo y el gobierno promueve la mentalidad comunista.
¿Es esto lo que conviene a España?
21-10-2024
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