Este domingo festivo, el Consejo General del Poder Judicial se ha visto obligado a reunirse de urgencia. El detonante: la queja formal y precipitada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, contra el juez Juan Carlos Peinado. El magistrado, en el ejercicio legítimo de sus funciones, había adoptado medidas cautelares en la investigación que salpica directamente al entorno de la Presidencia del Gobierno y, al motivarlas, cuestionó, según interpretación interesada de los de siempre, la profesionalidad de determinados agentes de la Policía Nacional adscritos a la seguridad de Moncloa.
La respuesta al juez ha sido desproporcionada y orquestada. Ministros, dirigentes de izquierdas, sindicatos policiales con comunicados demoledores y una legión de periodistas —incluidos algunos que se autoproclaman “críticos” con el Gobierno— han lanzado una campaña de descrédito sin precedentes contra el juez. Se ha hablado incluso de movilizaciones en la calle. La presión ha sido brutal, perfectamente sincronizada y dirigida a un único objetivo: someter al magistrado que se atreve a investigar donde duele.
La comisión permanente del CGPJ se reunió, pero no ha alcanzado un acuerdo. Mañana lunes, a petición de su presidenta Isabel Perelló, decidirán si abren expediente disciplinario contra Peinado. Si finalmente se produce ese expediente, habrá responsables: quienes presionaron, quienes cedieron a la presión política y mediática, y quienes priorizaron la defensa del poder antes que la independencia judicial.
Resulta cuanto menos curioso —por no decir escandaloso— que hace apenas unos días el propio CGPJ emitiera comunicados exigiendo respeto a las decisiones de los jueces y hoy se plantee expedientar a uno de ellos por el contenido de un auto motivado. Esa contradicción desnuda la crisis profunda que atraviesa el órgano de gobierno de los jueces. Su credibilidad está en caída libre. Si cede ahora a las presiones del Gobierno de Sánchez, el CGPJ habrá firmado su propia acta de defunción como garante de la separación de poderes.
Lo que está ocurriendo en España es gravísimo. Si este revuelo, esta presión institucional y mediática desatada, se produce ya por un auto de medidas cautelares, cabe imaginar —con verdadero espanto— lo que sucederá cuando Begoña Gómez sea finalmente juzgada y, en su caso, condenada. El espectáculo que estamos viviendo no es más que el aperitivo. El plato fuerte vendrá después, y el Gobierno y sus aliados ya han demostrado que no están dispuestos a aceptar que la Justicia actúe con normalidad cuando les toca de cerca.
Resulta también curioso que el sindicato de policía JUPOL, tras la que armó este sábado con su primer comunicado agresivo contra el criterio del juez Peinado, ahora ha reculado y ha tenido que matizar hoy recordando la doble vara de medir del Ejecutivo: silencio ante los “piolines” de Sánchez, ante las relaciones del director general de la Policía con Koldo García, ante los nombres de mandos policiales en sumarios de corrupción o ante casos de agresión sexual de altos cargos. Recuerdan que solo cuando la investigación roza a la esposa del presidente, el ministro reacciona con celeridad fulminante. Y concluyen que «hemos sido críticos con la justificación de la resolución judicial en la que se pretende argumentar una medida cautelar poniendo en duda y bajo sospecha la actuación de la Policía Nacional. Sin embargo, esa crítica jurídica no es incompatible con nuestro respeto absoluto a los pronunciamientos de la judicatura, a la independencia del Poder Judicial y al Estado de Derecho, principios fundamentales que siempre defenderemos y respetaremos». En fin…
Todos los que hoy atacan al juez Peinado —políticos, ministros, sindicatos, sica-periodistas y medios afines al gobierno— están destruyendo los pilares de este supuesto Estado de Derecho. Y el mensaje que envían a la sociedad y al resto de jueces es aterrador: si investigas al poder, prepárate a pagar las consecuencias.
(Por Lourdes Martino)
