El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha vuelto a hacer de las suyas. Este martes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado una partida extraordinaria de 25 millones de euros adicionales para atender a los “menores migrantes no acompañados” llegados a Ceuta durante la crisis de los últimos días. Se suman a los 5,5 millones ya comprometidos. Según datos del Gobierno de la ciudad autónoma, hay al menos 862 menores bajo tutela, con una sobreocupación que supera el 2.800 %.
La pregunta es inevitable y molesta: ¿cómo es posible que se destinen 25 millones a atender a “menores” si hace apenas tres días el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su ministerio aseguraban que “la práctica totalidad” de los inmigrantes que entraron en Ceuta ya habían regresado a Marruecos?
Las cifras oficiales del propio Gobierno hablaban de decenas de miles de personas (entre 50.000 y 60.000 según distintas estimaciones, pero que no hay duda que fueron muchos más) que cruzaron de forma masiva desde finales de julio. Interior y Exteriores se apresuraron a vender el relato de que la inmensa mayoría había retornado “voluntariamente” o con la colaboración de Marruecos. Albares lo reiteró con rotundidad. Y ahora, de repente, aparece una partida multimillonaria para cientos de “menores” que, aparentemente, siguen ahí y requieren atención urgente.
O bien no era “la práctica totalidad”, o bien el Gobierno oculta cuántas personas permanecen realmente en la ciudad, o bien está maquillando la realidad con eufemismos. Las tres opciones son gravísimas.
El relato oficial choca con la realidad visible. Cualquiera que haya visto las imágenes de los últimos días —y no las filtradas o editadas por determinados medios— ha podido comprobar que la inmensa mayoría de los que cruzaron no eran niños. Eran varones jóvenes, de veintitantos años, con complexión atlética, en edad militar. El recurso al término “menores” se ha convertido en una herramienta política habitual: dificulta las devoluciones, activa protocolos de protección y, sobre todo, permite presentar cualquier crítica como “odio” o “ultraderecha”.
La determinación de la edad en estos casos es opaca y contestada desde hace años. No es un secreto. Cuando se habla de “menores no acompañados” en contextos de lo que ellos llaman «crisis migratorias masivas», muchos ciudadanos ya desconfían de oficio, y con razón. El Gobierno y los medios que siguen el guion de Moncloa desde primera hora de la mañana prefieren no entrar en ese debate. Mejor repetir la palabra “vulnerables” hasta la saciedad.
Mientras tanto, en Ceuta los vecinos no viven en el relato. Hay testimonios reiterados de residentes que hablan de miedo, de hijos que no salen a la calle, de grupos que continúan deambulando por la ciudad días después de que Exteriores diera por cerrada la crisis, de comercios que han sufrido robos y de un ambiente de tensión constante. Algunos hablan de armas blancas. Otros de peleas diarias. El Gobierno local ha tenido que habilitar colegios ante el desbordamiento. La vicepresidenta de Ceuta ha alertado incluso de que, “si Marruecos quiere”, esto se puede repetir.
Si la “práctica totalidad” ya había regresado, ¿por qué hacen falta 25 millones de urgencia? ¿Por qué se habla de reubicar a cientos de menores en la Península en 15 días? ¿Por qué la sobreocupación de los centros es del casi 3.000 %?
Un efecto llamada descarado
Peor aún: esta medida no es solo un parche improvisado. Es un efecto llamada en toda regla. Anunciar a bombo y platillo 25 millones de euros extra, habilitar colegios, hablar de reubicaciones a la Península y de “acogida digna” envía un mensaje nítido al otro lado de la frontera: quien cruce y se declare menor tiene recompensa. Recursos, atención y, con suerte, un billete hacia el resto de España. ¿Cómo no va a incentivar nuevas oleadas? La propia vicepresidente de Ceuta ya ha advertido del riesgo de que se repita el 15 de agosto “si Marruecos quiere”. El analista Rubén Pulido ha publicado que «Influencers marroquíes llaman a través de las redes sociales a una nueva invasión de Ceuta y Melilla el segundo fin de semana de agosto. En Instagram, TikTok y WhatsApp con millones de visualizaciones».
El Gobierno, lejos de disuadir, recompensa. Es la misma lógica que lleva años fracasando: más dinero y más facilidades cuando se produce una crisis, en lugar de control estricto y devoluciones firmes. El resultado previsible es que, en cuanto las condiciones lo permitan, se vuelva a producir otra entrada masiva. Y entonces volverán las lágrimas de cocodrilo y las nuevas partidas extraordinarias.
Mentiras, omisiones y medios dóciles y sumisos
Este Gobierno ha convertido la invasión en un ejercicio permanente de narrativa. Primero minimizan o niegan. Después, cuando la realidad es innegable, cambian el foco hacia “los más vulnerables” y anuncian dinero. Y los medios que reciben el argumentario de Moncloa cada mañana reproducen el marco sin cuestionarlo: “partida extraordinaria para atender a los menores”, “solidaridad”, “acogida digna”. Pocas preguntas incómodas sobre las contradicciones flagrantes entre lo que dijo Albares y lo que anuncia Saiz apenas 72 horas después.
No se trata de negar que haya algunos menores reales entre los que entraron. Los habrá. El problema es el uso sistemático del término para envolver una crisis de seguridad y de control de fronteras en un lenguaje emocional que dificulta cualquier debate serio. El problema es la desconexión entre lo que el Gobierno dice a la opinión pública y lo que ocurre sobre el terreno. El problema es que se trate a los ciudadanos de Ceuta —y al resto de españoles— como si fueran tontos.
Mientras se anuncian millones “para los menores”, muchos ceutíes se preguntan por qué su seguridad parece secundaria y por qué el relato oficial se desmorona en cuestión de días.
(Por Lourdes Martino)
