La noticia saltó el 26 de octubre de 2026. Heraldo de Aragón informó de que la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid había identificado y detenido en Zaragoza a “Paracetamol”, un popular y polémico instagramer (y creador en TikTok) al que llevaban meses siguiendo la pista.
Se trata de un hombre de 46 años residente en el barrio de Torrero. Desde allí graba la mayoría de sus vídeos: aparece con una guitarra española interpretando canciones que él mismo inventa, al estilo de rumba gitana, con estribillos pegadizos y repetitivos. Según la Policía, las letras “menosprecian y ridiculizan” a inmigrantes, enfermos y homosexuales, y por eso le imputan un delito de incitación al odio.
Los temas que han circulado (y que muchos recuerdan como memes virales) incluyen cosas del tipo “Panchito, panchito, panchito repartidor”, “Panchito guacamole”, “Panchito frijoles” o referencias a “morito saltavallas”. Son canciones cortas, absurdas y cantadas con la misma voz y gesto de quien se graba en casa. No hay amenazas directas, ni llamadas a la violencia, ni organización de nada. Es un tipo con guitarra haciendo rumbas satíricas que se han hecho virales precisamente por lo ridículas que son.
En las redes, la reacción ha sido inmediata y mayoritariamente burlona. “El único gitano al que detienen y lo hacen por cantar”, escribió uno. Otros han pedido “Free Paracetamol” y han recordado los estribillos. El contraste con la realidad cotidiana de la delincuencia o de las fronteras es lo que más se ha subrayado.
El escándalo de la diligencia selectiva
Aquí está lo escandaloso. La Brigada de Información de Madrid (unidad especializada en delitos de odio, extremismo y seguimiento de redes) ha dedicado meses a identificar a un hombre de 46 años que se graba en casa de Torrero cantando con una guitarra. Han “tirado del hilo”, localizado su domicilio y procedido a la detención por unas letras que, en el mejor de los casos, son chistes groseros o estereotipos de mal gusto, y en el peor, sátira de bajo nivel. No hay víctimas directas, no hay daño físico, no hay plan delictivo. El caso “no va a ningún sitio” en el sentido de que no protege a nadie de un peligro real: nadie va a salir herido porque alguien cante “panchito repartidor”.
Mientras tanto, en otros escenarios la misma Policía (y el Ministerio del Interior) han mostrado una pasividad que muchos califican de pusilánime o directamente de órdenes políticas de no actuar.
Ceuta, julio de 2026. Entre el 30 y el 31 de julio se produjo una entrada masiva de entre 75.000 y 85.000 personas por la frontera del Tarajal. Informes policiales del CENIF hablan de “total permisividad” de la policía marroquí, ausencia de intentos serios de dispersar a la masa y hasta indicaciones de agentes marroquíes para que cruzaran. Del lado español, los testimonios y las investigaciones judiciales (Audiencia Nacional, jueza María Tardón) describen descontrol, falta de instrucciones claras del Ministerio del Interior (“haced lo que podáis”, “no actuar y abrir las puertas”), enfrentamientos entre mandos de la Policía Nacional (que querían mantener cerrada la frontera) y de la Guardia Civil (que abrió una cancela), y un efecto llamada inmediato. Hubo choques, heridos y una sensación de impunidad que se prolongó después. Décenas de miles de personas entraron en cuestión de horas mientras los agentes en el terreno carecían de órdenes operativas firmes.
La acampada de Sol (Puerta del Sol, Madrid). Desde finales de septiembre de 2026 permanece instalada una acampada no comunicada ni autorizada, impulsada inicialmente por el Sindicato de Inquilinas y luego con presencia creciente de grupos radicales. Sindicatos policiales (JUPOL y otros) han denunciado órdenes de “no actuar”, retirada de unidades cuando se montaron las primeras tiendas y una gestión política del ya exdelegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ha permitido que el asentamiento continúe pese a peleas, amenazas con navaja, insalubridad, orines y excrementos, cierres de metro y denuncias por alcohol y drogas. Policías han descrito una situación de “órdenes más políticas que operativas” y un doble rasero evidente: lo que se desaloja en minutos en otros contextos se tolera aquí durante semanas. Hay registros de agresiones, grupos radicales y una deriva que recuerda al 15-M, pero con menos tolerancia institucional hacia quienes protestan de otra manera.
El contraste que indigna
Un hombre que se graba en el salón de Torrero cantando rumbas absurdas recibe meses de investigación especializada y una detención por “incitación al odio”. En Ceuta, la frontera se desborda con decenas de miles de entradas irregulares en un fin de semana y las órdenes brillan por su ausencia o por su ambigüedad. En Sol, una ocupación ilegal del centro de Madrid se mantiene con la policía recibiendo instrucciones de no intervenir de forma contundente.
Esto no es un debate abstracto sobre la libertad de expresión. Es una cuestión de prioridades y de uso de recursos policiales. Perseguir a un cantante amateur de memes satíricos (por muy de mal gusto que resulten sus letras) consume tiempo de unidades especializadas que podrían dedicarse a delitos reales, a redes de tráfico, a violencia callejera o a la seguridad en fronteras. El mensaje que se transmite es que ciertas expresiones (sobre todo si tocan tabúes progresistas) activan el aparato del Estado con diligencia máxima, mientras que problemas de orden público a gran escala, entradas masivas ilegales o ocupaciones que generan inseguridad se gestionan con órdenes de contención política.
Paracetamol, sea cual sea su nombre real, no iba a hacer daño a nadie. Sus canciones son tontas, repetitivas y ofensivas para quien quiera sentirse ofendido. La Policía ha demostrado que puede ser extraordinariamente eficiente cuando el objetivo es un perfil bajo con guitarra y un estribillo viral. En Ceuta y en Sol, esa misma eficacia brilla por su ausencia. Esa diferencia no es accidental. Es política. Y es, precisamente, lo escandaloso.
