El presidente de CENAFE y de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, Miguel Ángel Galán, ha destapado lo que presenta como un escándalo de gran calado en la estrategia judicial de LaLiga contra la piratería. Según afirma, la patronal habría utilizado firmas falsificadas de sus propios inspectores —mediante un «corta y pega» sin consentimiento— en más de 2.000 demandas contra particulares.
Galán sostiene que ha tenido acceso a pruebas exclusivas y que varios exinspectores de LaLiga denuncian que los informes que sustentan la carga probatoria en los juzgados no fueron firmados por ellos. En su publicación, acompañada de una fotografía en una terraza junto a uno de esos inspectores que ha decidido hablar, sostiene que se trataría de un presunto delito de falsedad documental continuada y de aportación de pruebas ilícitas, lo que «podría invalidar miles de procedimientos judiciales». Apunta, además, a que Javier Tebas, presidente de LaLiga, habría tenido conocimiento de estos hechos.
El mensaje, publicado la noche del 22 de septiembre de 2026, alcanzó en pocas horas cientos de miles de visualizaciones y una notable difusión. Galán advierte de un «terremoto judicial» y, en publicaciones posteriores del hilo, recomienda a quienes estén inmersos en pleitos con la patronal que sus abogados revisen con atención los informes de inspectores que se aporten como prueba.
🚨 BOMBAZO: Destapo un presunto fraude masivo en las denuncias por piratería de @LaLiga con conocimiento de JAVIER TEBAS @Tebasjavier
He tenido acceso a pruebas exclusivas que demuestran que LaLiga habría utilizado presuntamente firmas falsificadas («corta y pega» sin… pic.twitter.com/U9eq0ghpxq
— Miguel Galan (@MiguelGalanCNFE) September 22, 2026
Quién denuncia y en qué contexto
Miguel Ángel Galán no es un denunciante ocasional. Es graduado en Derecho, dirige el Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE) y se ha convertido en uno de los litigantes más persistentes contra irregularidades en el fútbol español: ha presentado escritos o querellas que afectaron a Ángel María Villar, Luis Rubiales, la Federació Catalana de Futbol y, de forma reiterada, a Javier Tebas y LaLiga. En los últimos meses ya había cuestionado otras prácticas de la campaña antipiratería de la patronal, como las cartas y burofaxes a usuarios particulares o la campaña que ofrecía 50 euros por denunciar bares.
LaLiga lleva años combatiendo la emisión ilegal de partidos, primero con una red de inspectores que visitaban bares y restaurantes y, más recientemente, con herramientas tecnológicas y acciones judiciales también contra usuarios finales. En 2024 un juzgado mercantil de Barcelona abrió la puerta a identificar a particulares que accedían a IPTV pirata. Posteriormente se han enviado comunicaciones reclamando indemnizaciones (en distintos momentos se han citado cifras en el entorno de 200-450 euros). En junio de 2026 la organización prescindió de la mayoría de sus verificadores de campo mediante un ERE y apostó por un modelo más automatizado, algo que los propios exinspectores ya habían criticado por posibles lagunas jurídicas.
El núcleo de la nueva acusación no es la existencia de esas demandas, sino la validez de la prueba documental: si los informes periciales o de inspección que se presentan en sede judicial llevan firmas que los propios inspectores no reconocen como suyas.
Qué implica, si se confirma
En el Derecho procesal español, la aportación de documentos con firmas no auténticas puede constituir falsedad documental. Si esos informes son la base fáctica de miles de demandas, una anulación o impugnación sistemática de la prueba podría afectar no solo a procedimientos en curso, sino también a sentencias ya dictadas, según el planteamiento de Galán.
Por ahora se trata de una denuncia pública. Ni LaLiga ni Javier Tebas han emitido una respuesta oficial en las horas posteriores al tuit. Tampoco se han difundido, al menos de forma abierta en esa primera publicación, los documentos concretos que Galán dice tener (comparativas de firmas, declaraciones de inspectores, etc.). El propio Galán invita a quienes litiguan contra la patronal a que sus letrados examinen esos informes.
El episodio se suma a una relación ya muy deteriorada entre Galán y la cúpula de LaLiga, marcada por denuncias cruzadas, expedientes ante el TAD y una narrativa de permanente confrontación. Lo que está por ver es si esta última acusación se traduce en una querella formal, en declaraciones de más inspectores ante un juzgado o en un simple choque mediático más. De momento, el aviso queda sobre la mesa: en los procedimientos por piratería, la firma del inspector podría dejar de ser un trámite y convertirse en el punto débil del expediente.
