En medio de la vorágine de escándalos de corrupción que agita España casi a diario, esta noticia ha pasado casi desapercibida. Mientras la atención mediática y política se concentra en otros frentes, un juzgado de Madrid acaba de dictar una sentencia contundente: el alto cargo que denunció un presunto desfalco de unos 25 millones de euros en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) fue despedido de forma ilegal y en represalia por haber alertado de las irregularidades, incluso después de haber avisado oficialmente al Ministerio de Ciencia que dirige la socialista Diana Morant.
La sentencia: despido nulo y represalia clara
El Juzgado de lo Social número 12 de Madrid ha declarado nulo el despido del exdirector de Operaciones del CNIO, ocurrido el 31 de agosto de 2025. El magistrado concluye que la medida fue una represalia por haber investigado durante casi un año un esquema de contratos irregulares y haber presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción según publica el Mundo.
La resolución obliga al CNIO —dependiente del Ministerio de Ciencia que dirige Diana Morant—a readmitir al directivo en las mismas condiciones que tenía antes del cese, a abonarle los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido y a indemnizarle con 50.000 euros por daños morales. Además, el juez exige que el centro declare expresamente que el despido se produjo como represalia por la denuncia de presuntas irregularidades. La sentencia es recurrible.
El tribunal desmonta las acusaciones disciplinarias esgrimidas por el CNIO (cinco en total), calificándolas de “vagas e inconsistentes”. Algunas de ellas, según el fallo, se referían a irregularidades por las que el propio directivo había sido felicitado meses antes. El juez subraya que el centro era “perfectamente conocedor de la inconsistencia” de esos cargos y, aun así, los utilizó para justificar el despido.
Avisos al Ministerio de Diana Morant que quedaron sin respuesta
La sentencia menciona hasta tres veces al secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa. El denunciante le alertó en dos ocasiones oficiales de lo que había descubierto y del riesgo de represalias:
- El 3 de marzo de 2025, le informó de que la estructura de gestión del CNIO, controlada de facto durante años por el histórico gerente Juan Arroyo, impedía la aplicación de los controles legales obligatorios en los contratos de suministros. Aportaba indicios de compras excesivas y sospechosas sin supervisión.
- El 8 de agosto de 2025, apenas 22 días antes del despido, volvió a escribirle tras haber presentado ya la denuncia ante Anticorrupción. No obtuvo respuesta.
Según el fallo, el directivo también puso sus sospechas en conocimiento de los responsables del CNIO, del patronato y de la secretaria general de Investigación, Eva Ortega Paíno (presidenta del patronato). La inacción ministerial, según la sentencia, no impidió el cese irregular.
Junto al director de Operaciones fue despedida la directora de Cumplimiento Normativo, con quien había llevado a cabo la investigación interna. Ambos ceses se produjeron un día antes de la toma de posesión del nuevo gerente nombrado por el Ministerio, José Manuel Bernabé. Este último se sumó posteriormente a la denuncia, pero acabó dimitiendo al considerar que se enfrentaba a “una verdadera mafia”, según testimonios recogidos en la prensa.
El presunto desfalco: 17 años y empresas pantalla
La denuncia presentada el 27 de junio de 2025 ante la Fiscalía Anticorrupción es un documento de 122 páginas (al que el juez ha unido al procedimiento) que estima entre 20 y 25 millones de euros (algunas informaciones elevan la cifra hasta 30) el volumen de recursos públicos detraídos durante 17 o 18 años. El CNIO maneja anualmente algo más de 20 millones de euros de fondos públicos destinados a la supuesta investigación del cáncer.
Según la investigación interna y la denuncia, el esquema se basaba en:
- Fraccionamiento de contratos para eludir controles.
- Pagos por prestaciones no realizadas.
- Adquisición de bienes que no llegaban al centro o se destinaban a usos privados.
- Uso de empresas pantalla vinculadas a antiguos altos cargos del propio CNIO.
Ejemplos que han trascendido incluyen compras masivas de grifos, duchas y material de ferretería de destino desconocido, así como contratos con sociedades como Gedosol, Zeus o Alaos, relacionadas con exresponsables del centro. La Intervención General del Estado ya había obligado en 2020 a reforzar los controles, y en 2024 el denunciante elaboró una guía interna para aplicarlos, lo que generó fuertes resistencias.
La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) mantienen abierta la investigación. En diciembre de 2025 se produjeron registros en el CNIO. La Autoridad Independiente de Protección al Informante ya había reconocido indicios de represalias y abierto un procedimiento sancionador contra el centro.
El Ministerio de Ciencia que preside la ministro Morant ha expresado “respeto” a la resolución judicial y ha indicado que los servicios jurídicos del CNIO analizarán la sentencia para decidir los pasos a seguir. El departamento insiste en que el centro se encuentra en un proceso de “refundación” con nuevos estatutos y una futura cúpula directiva permanente
El caso CNIO no es nuevo: lleva meses en la prensa. El exgerente Juan Arroyo y varios colaboradores cercanos fueron apartados o despedidos tras las revelaciones. El nuevo gerente interino también acabó marchándose. Patronos privados han abandonado el centro y se han producido vetos a empresas señaladas en la trama.
En un momento en el que la opinión pública está saturada de casos de corrupción, esta sentencia judicial pone el foco en un centro público que fue referencia en la lucha contra el cáncer y en la respuesta (o la falta de ella) de las autoridades ministeriales cuando un denunciante interno intentó alertar de un posible agujero de decenas de millones de euros públicos. La investigación penal sigue su curso.
¿Cuándo va a dimitir la ministro Morant?
(Por Lourdes Martino)
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