El 13 de agosto de 2026, Elon Musk anunció que las peticiones de censura de los gobiernos ya son “claramente visibles” en el código de X (antes Twitter). La plataforma ha avanzado en transparencia al mostrar a los usuarios cuándo una autoridad estatal solicita la retirada o restricción de contenidos, identificando en la medida de lo posible la agencia solicitante y la base legal alegada. Esta medida se enmarca en la apertura del código del algoritmo de la plataforma y busca sacar a la luz la intervención estatal en el debate online, aunque X sigue cumpliendo con una alta proporción de estas demandas (entre el 83 % y el 98,8 % según periodos reportados).
Según la información difundida, cinco países concentran por sí solos el 97 % del volumen mundial de estas solicitudes: Japón, Rusia, Corea del Sur, Turquía e India. Estos países han tenido tradicionalmente un alto número de requerimientos de retirada a plataformas como X, a menudo relacionados con leyes locales sobre seguridad nacional, difamación, discurso de odio o contenidos considerados ilegales.
Francia, el país europeo con más eliminaciones
En el ámbito europeo, los datos del primer informe de transparencia de X bajo el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) —periodo del 28 de agosto al 20 de octubre de 2023— resultan especialmente reveladores. Francia encabeza la lista de eliminaciones de contenidos en la plataforma con 16.288 mensajes retirados en apenas dos meses. Le siguen España con 7.743 y Alemania con 7.160, a pesar de que España cuenta con una base de usuarios mayor en X.
Más allá de la moderación ordinaria, el post destaca que Francia ha llevado la intervención estatal a un nivel sin precedentes entre las grandes democracias occidentales. En febrero de 2026 se produjo una perquisición en la sede parisina de X, se convocó a Elon Musk a declaración y se abrió una información judicial que podría apuntar al propio algoritmo de la plataforma por una posible “manipulación” del debate democrático. Ningún otro gran país occidental habría alcanzado un grado similar de injerencia judicial directa sobre una red social.
El caso de España bajo el Gobierno de Pedro Sánchez
Los datos del mismo informe DSA sitúan a España en una posición destacada dentro de Europa, con 7.743 acciones de retirada de contenidos en el periodo analizado, por encima de Alemania pese a diferencias demográficas y de uso. Esta cifra se produce en un contexto de creciente presión regulatoria y política por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez hacia las grandes plataformas.
Desde 2024-2025, el Gobierno español ha intensificado las medidas de control sobre el discurso online. Se han creado o reforzado estructuras de seguimiento permanente de contenidos considerados “discurso de odio”, en coordinación con plataformas como Meta, Google, X y TikTok. El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) ha notificado miles de publicaciones, y en 2025 se detectaron cientos de miles de mensajes clasificados como odio, con tasas de retirada que el Ejecutivo busca aumentar. En 2026 se anunció la herramienta HODIO para medir de forma sistemática la “huella del odio y la polarización” en las plataformas.
En febrero de 2026, Sánchez anunció un paquete de medidas que incluyen:
- Prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años, con sistemas de verificación de edad efectivos.
- Responsabilidad penal de los altos ejecutivos de las plataformas por contenidos ilegales o de odio que no se retiren.
- Tipificación de la manipulación algorítmica y de la amplificación deliberada de contenidos ilícitos.
- Investigación a X, Meta y TikTok por la posible difusión de material de abuso sexual infantil generado con IA.
- Sistemas de rastreo y exposición de cómo las plataformas alimentan la división social.
Estas iniciativas generaron un enfrentamiento directo con Elon Musk, quien calificó a Sánchez de “tirano”, “traidor al pueblo español” y “fascista totalitario”. La ministra de Juventud llegó a plantear la posibilidad de limitar o prohibir el acceso a X en el país. El Gobierno ha defendido las medidas como protección de menores y de la democracia frente a un “Salvaje Oeste digital” y frente a los “tecno-oligarcas”, mientras críticos (incluidos fundadores de otras plataformas como Telegram) advierten de riesgos de vigilancia estatal, censura excesiva y erosión del anonimato y de la libertad de expresión.
Adicionalmente, se han documentado prácticas de presión indirecta, como el uso de la publicidad institucional de forma selectiva contra medios críticos, propuestas de reforma del derecho de rectificación que podrían facilitar la retirada de informaciones incómodas, y un entorno mediático polarizado en el que el Ejecutivo ha criticado abiertamente a “pseudomedios” y a la “máquina del fango”. Informes sobre pluralismo mediático sitúan a España en niveles de riesgo medio-alto en varios indicadores.
Un patrón de creciente intervención estatal
La decisión de Musk de hacer visibles las peticiones gubernamentales no implica que X deje de cumplirlas —la plataforma opera bajo marcos legales estrictos en muchos países y debe evitar multas o bloqueos—, pero sí traslada la responsabilidad política a los gobiernos que las emiten. En el caso europeo, los datos del DSA de 2023 ya mostraban a Francia y España entre los países con mayor volumen de acciones de retirada, y la trayectoria posterior del Gobierno de Sánchez confirma una voluntad clara de ampliar el control sobre el espacio digital: desde la monitorización de “odio” y polarización hasta la responsabilidad penal de ejecutivos y la restricción de acceso a menores.
Mientras Japón, Rusia, Corea del Sur, Turquía e India concentran el grueso de las demandas globales, en Europa la combinación de moderación elevada (Francia y España a la cabeza en 2023) y medidas judiciales o legislativas más agresivas (especialmente en Francia y, de forma creciente, en España) dibuja un panorama de mayor intervencionismo estatal sobre las plataformas. La transparencia anunciada por Musk permitirá a partir de ahora que los usuarios vean con mayor claridad quién pide qué y con qué justificación. La pregunta que queda abierta es si esa visibilidad frenará o, por el contrario, normalizará aún más la censura gubernamental en nombre de la seguridad, el odio o la protección de la democracia.
