Mientras miles de hectáreas arden en diferentes puntos de España y los vecinos se ven obligados a defender sus pueblos con tractores y medios propios, el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a exhibir las contradicciones y prioridades de su gestión.
Lejos de ser una catástrofe exclusivamente “del cambio climático”, como repiten los portavoces oficiales, los incendios ponen de manifiesto un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos, sus fronteras y su territorio.
España cuenta actualmente con solo 8 aviones apagafuegos Canadair operativos, una flota envejecida y reparada con piezas de otros aparatos que ni siquiera pueden volar. El último gran pedido de estos aviones se remonta a hace décadas.
Mientras tanto, el Ejecutivo destinó en marzo 340 millones de euros a Marruecos para obras hídricas y rescató a la aerolínea Plus Ultra con fondos que, según las críticas, podrían haber servido para adquirir hasta tres nuevos aviones contra incendios, cada uno valorado en torno a 30 millones de euros.
Sólo con el presupuestos del inservible Ministerio de Igualdad, se podría haber
Adquirido una flota de los modernos AIRBUS apagafuegos con los que ya cuenta Francia.
Con los 500 millones gastados en 2026 en integración de inmigrantes ilegales, podríamos haber comprado los aviones que nos faltan para salvar el campo y los bosques del fanatismo de la Secta Climática de Pedro Sánchez.
El resultado es visible: Portugal, Francia, Italia y Turquía envían medios aéreos mientras España depende en gran medida de la ayuda internacional.
La gestión sobre el terreno es aún más polémica. En zonas como el Valle del Tiétar (Ávila), el teniente de alcalde de Pedro Bernardo, Javier Capitán Jiménez, ha denunciado públicamente que existe una orden expresa de “no hacer nada” por parte de las autoridades. Según su testimonio, los vecinos fueron desalojados no por seguridad real, sino para evitar que vieran a los efectivos de la UME inactivos junto a sus vehículos. Los que realmente han combatido el fuego, afirma, han sido los habitantes de los pueblos y voluntarios llegados de fuera. Denuncias similares hablan de cuadrillas ELIF que recibieron órdenes de regresar y de permisos preventivos denegados antes de que se declarara el incendio.
El Gobierno solo ha ejecutado el 26% de los 401 millones de euros de fondos europeos destinados a prevención de incendios y gestión forestal. Al mismo tiempo, los españoles afrontan una presión fiscal histórica mientras los servicios públicos se degradan: infraestructuras obsoletas, sanidad colapsada, carreteras y vías de tren que cobran víctimas y ríos sin mantenimiento que se desbordan.
Parte de esa recaudación se destina a sostener un sistema de subsidios que roza lo insostenible: más de 2,8 millones de personas cobrando el paro, medio millón con subsidios para mayores de 50 años y 2,5 millones con el Ingreso Mínimo Vital.
Mientras los montes arden, muchos de estos perceptores permanecen en casa. Los vecinos de las zonas afectadas se preguntan abiertamente por qué no se moviliza a la población ociosa en tareas de limpieza de montes y prevención, en lugar de mantener un modelo que, según los críticos, reparte pobreza para comprar votos.
La atención a los inmigrantes ilegales genera aún más indignación. Mientras familias españolas afectadas por incendios o por el volcán de La Palma siguen en barracones años después, se destinan recursos a alojar a migrantes y MENAs en hoteles de cuatro estrellas o palacios. La frontera sur permanece permeable y el Gobierno parece más ocupado en gestos diplomáticos con Marruecos que en defender el territorio nacional.
Burocracia, abandono rural y falta de prevención, esa es la receta del desastre que para todo el mundo rural español es conocida: se aparta a ganaderos, agricultores y vecinos de la gestión del monte con regulaciones, prohibiciones y multas. Se permite que el combustible acumulado crezca durante años y, cuando llega el fuego, se organiza una rueda de prensa. Después, los mismos responsables invocan el “cambio climático” como explicación cómoda que exime de responsabilidades concretas.
La disolución del ICONA en 1987 y la transferencia de competencias a las comunidades autónomas —convertidas en “reinos de taifas”— han agravado la fragmentación y la ineficacia. Los incendios se producen en un contexto de abandono rural planificado, donde la burocracia prima sobre el conocimiento tradicional del territorio. Tras cada catástrofe, proliferan informes, observatorios y nuevos proyectos “ecosostenibles” que nunca resuelven el problema de fondo.
España es un Estado fallido ante sus ciudadanos, el contraste es brutal: se destinan recursos ingentes a causas ideológicas o clientelares mientras fallan las funciones básicas del Estado —defensa de las fronteras, protección de vidas y bienes, y mantenimiento del territorio—. Los españoles pagan más impuestos por peores servicios y ven cómo sus montes arden, sus pueblos se vacían y sus prioridades son sistemáticamente ignoradas. La gestión de esta crisis no es solo una cuestión técnica. Es la fotografía de un modelo de gobierno que antepone el relato y el clientelismo a la protección real de los ciudadanos.
Mientras España se quema, el Gobierno de Sánchez sigue repartiendo subsidios, firmando acuerdos con terceros países y mirando hacia otro lado. Los vecinos de los pueblos afectados ya no esperan soluciones desde arriba: están apagando el fuego con sus propias manos.
El monstruo se va de vacaciones a la Mareta, (Palacio Real de Lanzarote) convertido en la casa de los condenados, imputados y procesados. La Bego, el Chirimollo, los de la subvención de Playbol, la japonesa de la ambulancia, acompañados de sus visitas herederas de los puticlubs y saunas del suegro proxeneta. Parece una broma, pero es la realidad de España. A todos esos les pagas tú sus vacaciones. Solo faltan que acudan como invitados Zapatero “el joyero”, la soprano del piano y las góticas, una de ellas clónico de Steven Sigal.
Antes de irse, Pedrito el Sátrapa, ha regalado el indulto a dos delincuentes más: La Borras y a otro “indepe” cutre de los que le apoyan, cuando no se chotean de él.
Hagamos algo. Reconquistemos nuestro futuro.
