El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como imputado (investigado) al exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, para que declare el próximo 10 de septiembre en el marco del caso Leire Díez, también conocido como las “cloacas del PSOE”. Además, ha citado como testigo al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso para esa misma fecha. Esta nueva imputación es por ahora el último capítulo de una preocupante cadena de escándalos que cuestionan la independencia y la integridad de una de las instituciones más valoradas y respetadas por los españoles.
Según las investigaciones, el caso gira en torno a las presuntas maniobras de Leire Díez, exmilitante y fontanera del PSOE, para activar expedientes y actuaciones contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El objetivo sería frenar o minimizar investigaciones que afectaban al gobierno, al partido socialista y al entorno más próximo del presidente del gobierno. Leonardo Marcos, que dirigió el Instituto Armado entre junio de 2023 y septiembre de 2024, habría participado en presiones para que la UCO no fuese “proactiva” en ciertos asuntos sensibles, como los relacionados con el hermano o la mujer de Pedro Sánchez.
El “destino dorado” de Leonardo Marcos
Tras su dimisión “por motivos personales” tras apenas quince meses en el cargo, Marcos no volvió a su plaza de funcionario. El Gobierno le recompensó con un lujoso destino en la embajada de España en Washington como director de la Oficina de Comunicación, con un salario que supera los 20.000 euros mensuales (más de 135.000 euros anuales). Un premio que muchos en el Instituto Armado interpretan como pago por “servicios prestados”. Mientras la Benemérita lidia con la desconfianza y la moral baja, su exdirector disfruta actualmente de un puesto muy confortable al otro lado del Atlántico.
Una sucesión de escándalos
Como saben, no es la primera vez que la cúpula política de la Guardia Civil se ve salpicada. La anterior directora general, María Gámez, tuvo que dimitir en marzo de 2023 tras la imputación de su marido en el caso Cuarteles, relacionado con irregularidades en contratos y supuestas comisiones. También se investigaron compras de viviendas al contado por parte de personas vinculadas al entorno. Gámez fue sustituida por Mercedes González, actual directora general, quien a su vez ha sido imputada por el juez Pedraz junto al director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en el mismo caso Leire Díez.
Mercedes González es la segunda directora imputada tras el histórico caso de Luis Roldán. Y ahora Leonardo Marcos. Un récord nada envidiable para una institución centenaria que siempre ha gozado del respeto ciudadano precisamente por su lejanía de la política partidista.
El problema de fondo: politizar la Benemérita. El patrón es claro y alarmante. El Gobierno de Pedro Sánchez ha colocado en la dirección de la Guardia Civil a perfiles políticos afines en lugar de profesionales con larga trayectoria en el Instituto. Leonardo Marcos, María Gámez y Mercedes González comparten un denominador común: su vinculación previa con el PSOE. Este clientelismo ha generado una percepción de que la Guardia Civil se utiliza como herramienta al servicio del poder político en lugar de al servicio exclusivo de la ley y los ciudadanos.
Las consecuencias son graves: filtraciones, presiones a unidades de élite como la UCO, moral hundida entre los guardias civiles de a pie, descrédito institucional y una creciente desconfianza social. Una institución que demostró su valía en la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado no merece ser convertida en un apéndice más del aparato del partido socialista en el Gobierno.
Colocar a políticos en cargos de tanta responsabilidad en la Guardia Civil no solo es un error estratégico; es una forma de corrupción institucional blanda que desgasta los pilares del Estado de Derecho. La Benemérita no es propiedad del Gobierno de turno, sino patrimonio de todos los españoles. Exigir su despolitización urgente es una defensa de la separación de poderes y de la dignidad de quienes visten el uniforme verde.
(Por Lourdes Martino)
