En un acto que ha sido calificado por los afectados como una usurpación al más puro estilo comunista y un robo descarado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) está llevando a cabo la expropiación de cientos de hectáreas de terrenos agrícolas en la provincia de Valencia, arrasados por la devastadora DANA del 29 de octubre de 2024, sin ofrecer una compensación justa a sus propietarios. El Gobierno justifica esta apropiación alegando que se trató de una “crecida ordinaria”, una afirmación que contradice el relato oficial de la catástrofe y la magnitud de la tragedia que dejó cientos de muertos y daños incalculables.
Más de 300 hectáreas robadas al sector agrario valenciano
Según datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y denuncias de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), se trata de más de 300 hectáreas de parcelas agrícolas colindantes con barrancos y ríos (como el Poyo o el Magro) que pasarán a formar parte del Dominio Público Hidráulico (DPH), es decir, propiedad del Estado. Esta superficie equivale aproximadamente a 300 estadios Santiago Bernabéu, un dato que ilustra la escala monumental del expolio.
Los terrenos, que en muchos casos quedaron totalmente desaparecidos tras la riada, son ahora incorporados al dominio público mediante una revisión normativa publicada en el BOE (Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación). El procedimiento es opaco: se publica en la letra pequeña del Boletín Oficial, se concede un plazo de tres meses para alegaciones (que muchos propietarios desconocen), y no se envía notificación individual previa. Los agricultores se enteran a menudo por casualidad, como ocurrió en reuniones en localidades afectadas como Sot de Chera.
El argumento cínico de la “crecida ordinaria”
El Gobierno de Sánchez recurre a un tecnicismo legal para evitar el pago de un justiprecio (compensación justa por expropiación). Según la Ley de Aguas, en caso de “crecida ordinaria” (basada en datos de los últimos diez años), los terrenos afectados pasan automáticamente al DPH sin obligación de indemnizar plenamente. Sin embargo, la DANA de 2024 fue un evento extraordinario, de magnitud histórica, que superó con creces cualquier riada previa y que el propio Ejecutivo calificó en su momento como catástrofe sin precedentes.
Esta contradicción ha provocado la indignación de AVA-ASAJA, cuyo presidente, Cristóbal Aguado, ha denunciado con dureza: “Es una incautación de tapadillo”, “torticera y miserable”, y “en la lengua de los agricultores es robar como hacían los bandoleros”. La organización acusa al Miteco de traicionar promesas verbales de compensación realizadas en múltiples reuniones con el Comisionado para la Reconstrucción.
Compensaciones irrisorias y contradicciones internas del Gobierno
Mientras el Ministerio de Agricultura ha ofrecido una ayuda de 11.800 euros por hectárea por pérdida de renta e infraestructuras (considerada insuficiente por los afectados, ya que el precio medio del suelo agrícola en la zona supera los 20.000-30.000 euros/ha según datos de la Generalitat), el Miteco se lava las manos y no ofrece nada por la pérdida de la propiedad misma. Dos ministerios del mismo Gobierno actuando de forma contradictoria.
AVA-ASAJA reclama insistentemente un justiprecio que permita al agricultor comprar otro campo equivalente y continuar con su actividad. De lo contrario, se trata de un desahucio encubierto que condena a muchos productores a la ruina. La Diputación de Valencia, a instancias del PP, ha exigido al Gobierno que pague estas compensaciones justas.
Un escándalo que se suma a la gestión desastrosa de la DANA
Han pasado más de 540 días desde la tragedia y los afectados siguen esperando soluciones dignas. En lugar de apoyar al sector primario valenciano —pilar económico de la región—, el Gobierno opta por este mecanismo para ampliar cauces a costa de los propietarios privados sin coste alguno. Los agricultores no descartan llevar el caso a los tribunales.
Este caso no es un mero trámite administrativo: es un robo institucional y un expolio a los que más sufrieron la DANA. Mientras se destinan ingentes fondos públicos a otras partidas, los agricultores valencianos ven cómo el Estado se enriquece a su costa con tierras que les pertenecían legítimamente. AVA-ASAJA exige una rectificación inmediata y una compensación justa. La dignidad de los productores y la credibilidad de las instituciones están en juego.
El silencio o la justificación técnica del Gobierno solo agravan el escándalo. Los valencianos damnificados merecen justicia, no más agravios.
