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Ante la invasión de Ceuta y Melilla, Sánchez vuelve a optar por mentir

La avalancha de cerca de 50.000 inmigrantes irregulares —en su gran mayoría jóvenes marroquíes— que inundó Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 no fue un accidente migratorio ni el resultado espontáneo de unas “mafias”. Fue un acto de presión calculada orquestado desde el régimen de Mohamed VI. Pedro Sánchez lo sabe. Y, una vez más, eligió mentir, exculpar al auténtico responsable y agradecer la “cooperación” del chantajista.

Las cifras son demoledoras. En cuestión de horas, una ciudad de unos 84.000 habitantes recibió una entrada masiva equivalente a más de la mitad de su población. Miles cruzaron a nado bordeando el espigón del Tarajal o caminando por la orilla mientras las fuerzas de seguridad marroquíes miraban hacia otro lado o simplemente desaparecían. Al menos 57 personas murieron en el intento. Para el final del viernes, según datos oficiales, entre 25.000 y más de 48.000 ya habían sido devueltos a Marruecos a un ritmo frenético. El propio presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, llegó a hablar de cifras cercanas a las 60.000.

Sánchez se presentó en la ciudad autónoma, pronunció las palabras grandilocuentes de rigor —“deplorable violación y ataque a la integridad territorial de España”, “toda España está con los ceutíes”— y acto seguido se negó a señalar al elefante en la habitación. Atribuyó la avalancha a la “lectura interesada” que las mafias habrían hecho de la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio de 2026, que impide las devoluciones en caliente a quienes entran por mar al no existir una “frontera física”. Anunció la instalación de boyas en el Tarajal para crear una “barrera física en términos visuales” y así poder aplicar de nuevo el rechazo en frontera. Y, lo más escandaloso: agradeció reiteradamente la “colaboración”, la “interlocución constante, fluida y razonable” de Marruecos, “a diferencia de lo que ocurrió en 2021”.

Esto es una mentira en toda regla. Todos sabemos que la entrada masiva de marroquíes en Ceuta ha sido promovida por parte de Mohamed VI. No hace falta ser un experto en inteligencia para verlo. Los servicios de información españoles habían alertado días antes de la llegada masiva de autobuses a Castillejos (Fnideq), de la relajación deliberada de controles y de la probabilidad de un “gesto” coincidiendo con la Fiesta del Trono y la presencia del monarca alauí de vacaciones a apenas 25 kilómetros de la frontera. Las fuerzas marroquíes levantaron de facto el control. Cuando Rabat decidió “mandar parar”, el éxodo se detuvo y el reflujo se produjo con la misma eficacia con la que se había permitido. Eso no lo hacen las mafias. Eso lo decide un Estado.

Hasta el socio de coalición de Sánchez, Sumar, se vio obligado a decir lo evidente: Marruecos utiliza a personas vulnerables como herramienta de presión política. Sindicatos policiales y de la Guardia Civil hablaron de “invasión orquestada” y “guerra híbrida”. El precedente de mayo de 2021 —cuando Rabat abrió el grifo en represalia por la hospitalización de Brahim Ghali— es idéntico en el método. Entonces también se habló de “pasividad” marroquí. Ahora, con las relaciones aparentemente “excelentes” tras la cesión de Sánchez en el Sáhara Occidental (reconocimiento del plan de autonomía bajo soberanía marroquí), la presión se repite. Porque cuando se cede al chantaje, el chantajista sube la apuesta.

Sánchez miente continuamente. Culpa a las mafias para no mirar a Rabat a los ojos. Agradece la “cooperación” del mismo régimen que permite o empuja a decenas de miles de sus ciudadanos a cruzar la frontera cuando le conviene como arma de presión. Anuncia boyas improvisadas —un parche legal para sortear la sentencia del Supremo— mientras la soberanía de Ceuta sigue a merced de la voluntad del rey alauí. Y todo ello después de años de concesiones: la carta secreta a Mohamed VI, el viraje sobre el Sáhara, la pasividad ante las reivindicaciones territoriales marroquíes sobre Ceuta y Melilla.

Lo ocurrido no es una crisis migratoria ordinaria. Es la demostración de que España, bajo este Gobierno, ha aceptado que su integridad territorial en el norte de África se gestione con el permiso de Rabat. Sánchez denuncia el “ataque” sin atreverse a nombrar al agresor. Culpa a las mafias mientras el verdadero responsable se sienta cómodo sabiendo que Madrid preferirá siempre agradecer su “cooperación” antes que defender con firmeza la soberanía española. Ceuta ha vuelto a ser el escenario del chantaje. Y Sánchez, una vez más, ha pagado el precio.

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