En plena primavera, la justicia española celebra simultáneamente varios macrojuicios por corrupción que involucran a las principales fuerzas políticas del país. El panorama ofrece una imagen poco edificante: antiguos presidentes autonómicos, exministros, asesores y empresarios desfilan por las salas de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Mientras unos procesos llegan a su recta final desinflados, otros se encuentran en plena efervescencia con declaraciones de alto voltaje.
La pista catalana con el caso Pujol: En la Audiencia Nacional se desarrolla el juicio contra el clan Pujol por la fortuna oculta en Andorra y la presunta trama de comisiones durante los 23 años en que Jordi Pujol presidió la Generalitat de Cataluña. La Fiscalía acusa a la familia de haber creado una organización criminal que se habría enriquecido mediante mordidas a cambio de adjudicaciones públicas, blanqueo de capitales y otros delitos. Las cantidades en juego son millonarias: cuentas secretas en Andorra con decenas de millones de euros cuyo origen la acusación vincula a la corrupción sistemática.
El proceso, que arrancó en noviembre de 2025, ha llegado a su fase final notablemente desinflado a pesar de ser una de las presuntas tramas de corrupción más grandes que ha habido en España junto con la de los EREs de Andalucía. No han aparecido testimonios sólidos de empresarios que reconozcan pagos indebidos a cambio de obra pública, y la tesis principal de la Fiscalía (que el patrimonio andorrano procede de comisiones ilegales) carece, según diversas crónicas, de pruebas concluyentes en la sala. El golpe más reciente ha sido la exoneración del propio Jordi Pujol, de 95 años, al que algunos médicos forenses han certificado un deterioro cognitivo que le impide defenderse con plenas garantías. El expresidente queda así fuera del procedimiento y no asumirá responsabilidad penal, aunque su familia (especialmente el primogénito Jordi Pujol Ferrusola y sus hermanos) continúa en el banquillo enfrentándose a peticiones de penas que van de los 8 a los 29 años de cárcel.
La pista del PP con el caso Kitchen y la financiación irregular: En paralelo, la Audiencia Nacional acoge el juicio de la Operación Kitchen, uno de los episodios más oscuros de la etapa del PP en el Gobierno. Se investiga una operación parapolicial supuestamente orquestada desde el Ministerio del Interior (con Jorge Fernández Díaz al frente) entre 2013 y 2015 para espiar al extesorero del partido, Luis Bárcenas, y sustraerle documentación comprometedora: agendas, notas sobre contabilidad B y pruebas relacionadas con la financiación irregular del PP (caso Gürtel y otros).
La operación se financió presuntamente con fondos reservados del Estado (más de 53.000 euros según el sumario), desviados para pagar a un “topo” y llevar a cabo vigilancias y robos de información. El objetivo era impedir que esa documentación llegara a la justicia y proteger al partido de las consecuencias de su presunta caja B, alimentada durante años con donaciones ilegales de empresarios a cambio de favores en adjudicaciones. La Fiscalía acusa a ex altos cargos policiales y políticos de delitos como malversación, descubrimiento y revelación de secretos o encubrimiento. No se sientan en el banquillo ni Mariano Rajoy ni María Dolores de Cospedal, aunque han declarado como testigos. El juicio ha reabierto el debate sobre el uso partidista de las cloacas del Estado.
La pista central con el caso Koldo y las declaraciones de Aldama: El foco mediático más intenso se sitúa en el Tribunal Supremo, donde se celebra el juicio por la trama Koldo (o caso mascarillas). Se investiga una presunta red de corrupción en torno al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García durante la plandem¡a. La acusación sostiene que adjudicaron contratos millonarios de compra de material sanitario (mascarillas) a empresas vinculadas al empresario Víctor de Aldama, quien presuntamente pagó comisiones (mordidas) a cambio.
Las cantidades son elevadas y los testimonios, especialmente los de Aldama, han resultado incendiarios. El empresario, que colabora con la Justicia y se enfrenta a una petición de pena reducida (7 años), ha relatado pagos en efectivo y regalos (incluidos inmuebles) a Koldo y Ábalos. Lo más llamativo han sido sus declaraciones apuntando directamente al “número 1”: Pedro Sánchez. Aldama ha afirmado que Koldo actuaba con “poder transversal” otorgado desde arriba, y que en un mitin de 2019 Sánchez le dio personalmente las gracias: “Muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo”. También ha vinculado la trama a influencias en otros ministerios y comunidades autónomas gobernadas por el PSOE.
Estas afirmaciones, que Sánchez y su entorno negaban rotundamente («menuda inventada» decía Sánc-hez ¿recuerdan?), han situado al caso en el centro de todas las miradas. Ábalos y Koldo se enfrentan a peticiones de penas mucho más altas (alrededor de 20-24 años). El proceso ha salpicado además a otras figuras del PSOE y ha reabierto preguntas sobre posibles pagos en metálico en Ferraz y sobre la influencia real de Koldo en el Gobierno.
Un panorama desolador: Tres casos simultáneos que afectan a la antigua Convergencia y actual Junts (caso Pujol), al PP (caso Kitchen y su financiación irregular) y al PSOE (caso Koldo). Decenas de millones de euros presuntamente desviados, uso irregular de fondos públicos, comisiones por contratos y, en algunos casos, intentos de obstruir a la Justicia. La imagen que proyecta es la de un sistema donde la frontera entre poder político y enriquecimiento personal se ha difuminado demasiado a menudo, con independencia del color del partido.
En un país donde los políticos presumen de contar con instituciones democráticas consolidadas, ver cómo se suceden estos procesos genera indignación legítima y cansancio ciudadano. Y la pregunta que flota en el ambiente es incómoda: ¿sirve de algo el voto cuando los escándalos se repiten década tras década, los partidos se blindan entre sí y las condenas definitivas llegan tarde o nunca?
Millones de españoles siguen acudiendo a las urnas cada vez que se les convoca, muchos de ellos convencidos de que su papeleta cambiará las cosas, pero no cambiará absolutamente nada. No se debería votar hasta que no haya un cambio real, hasta que haya una verdadera democracia, hasta que la sociedad civil logre cambiar el sistema con la abstención activa.
La experiencia histórica sugiere que la regeneración real requiere algo más que alternancia en el poder: exige exigencia ciudadana constante, transparencia radical, independencia judicial efectiva, cambio en el sistema de voto y partidos que estén dispuestos a limpiar de arriba a abajo sus propias casas sin excusas tribales. Mientras eso no ocurra, el circo de las tres pistas continuará ofreciendo funciones lamentables.
(Por Lourdes Martino)