La magistrada Beatriz Biedma, la juez de Badajoz que instruyó la causa contra David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno— y que lo envió al banquillo hasta lograr su condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, ha dado un paso de enorme importancia por un hecho de suma gravedad. Ha solicitado personarse como acusación particular (perjudicada) en la causa de las “cloacas del PSOE” que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Y no lo hace con un escrito tibio: denuncia que el grupo criminal investigado, con Leire Díez como “fontanera” y Santos Cerdán en el epicentro político, no solo intentó destruir el procedimiento judicial y desacreditarla profesionalmente, sino que llegó a contactar con personas vinculadas a un conocido clan de narcotráfico asentado en Badajoz con la finalidad de “actuar” contra ella.
Es decir: la trama que operaba desde el entorno del partido en el Gobierno no se contentó con denuncias falsas, vigilancia de sus movimientos (incluido el colegio de sus hijas), campañas de desprestigio y el uso de un exjuez expulsado por violencia doméstica. Según la propia magistrada, buscó el apoyo de elementos del crimen organizado local para comprometer su seguridad personal. Biedma aprecia hasta seis delitos: obstrucción a la Justicia, contra la integridad moral, amenazas o coacciones, revelación de secretos, acusación o denuncia falsa y pertenencia a organización criminal. Reclama además las agendas completas intervenidas a Leire Díez, donde figuran referencias a su persona.
Este no es un episodio puntual de “guerra sucia” de manual. Es la confirmación de que, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, se ha tolerado o impulsado una maquinaria de fontanería política dispuesta a cruzar todas las líneas rojas para proteger al “hermanísimo” y a la cúpula del partido. Las anotaciones de la “fontanera”, los audios y los documentos de la UCO ya habían mostrado la obsesión por “destruir el procedimiento” contra David Sánchez y por apartar a la juez Biedma. Ahora la propia instructora revela que esa maquinaria se acercó al narcotráfico extremeño. Un salto cualitativo que convierte las cloacas en algo mucho más siniestro que simples maniobras de desinformación.
El PSOE y el Gobierno llevan meses negando, minimizando o descalificando como “cacería” cualquier avance judicial que les salpique. Mientras tanto, la realidad judicial es tozuda: David Sánchez fue condenado; la instrucción de Biedma resistió las presiones; y ahora la magistrada, víctima directa del acoso, se personará para exigir responsabilidades. La trama incluía a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset, al exjuez Luis José Sáenz de Tejada y a figuras como Joaquín Parra. El objetivo no era solo “limpiar” causas molestas (las del hermano, las de Begoña Gómez…) sino amedrentar a jueces y fiscales independientes.
Que un partido que ocupa el poder ejecutivo alimentado una estructura capaz de buscar contactos con clanes de narcotráfico para hostigar a una juez que investigaba a un familiar del presidente debería provocar una crisis institucional inmediata. En cualquier verdadera democracia sana, dimisiones en cascada y una comisión de investigación con luz y taquígrafos. En la España de Sánchez, es previsible que se responda con el habitual discurso de victimismo, ataques a la “justicia patriótica” y silencio cómplice de los socios parlamentarios.
La personación de la juez Biedma no es solo un acto de defensa personal. Es un espejo frente al que el Gobierno del PSOE no puede mirarse sin sonrojarse. Cuando la “fontanería” de Ferraz llega a tantear el mundo del narco para neutralizar a una magistrada, el problema deja de ser de imagen o de “ruido mediático”. Es algo gravísimo y la responsabilidad política y penal recae en la banda de corruptos, mafiosos y criminales que desgobiernan.
(Por Lourdes Martino)
