Pedro Sánchez aprovechó el foro World in Progress en Barcelona, apenas días después de la tragedia de Urda, para convertir el dolor de 69 muertos y decenas de heridos en un eslogan de campaña. “Cuando todo se rompe, lo que nos sostiene es aquello que es de todos. Una sanidad pública, unos servicios de emergencia públicos, unas fuerzas de seguridad públicas… La respuesta a esta tragedia nunca puede ser menos servicios públicos. Tiene que ser mucha más inversión… Porque cada recorte en lo público es un recorte en nuestra capacidad para poder protegernos unos a otros”.
Suena bien. Es el manual habitual: lo público nos salva, los recortes matan, y quien lo ponga en duda es el enemigo. El problema es que el servicio que acaba de fallar de forma catastrófica es precisamente uno de los que controla su Gobierno desde hace años.
El sistema que falló es público y está bajo su responsabilidad
El accidente del 28 de octubre de 2026 en Urda (Toledo) fue un choque por alcance: un AVE de Renfe embistió a un tren Iryo detenido a entre 160 y 200 km/h en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Murieron al menos 69 personas. Es el segundo desastre grave en la misma red en menos de diez meses, después de Adamuz (46 muertos en enero).
La infraestructura la gestiona Adif, empresa pública. El AVE es de Renfe, empresa pública. El centro de control, el sistema de señalización (LZB y demás), el mantenimiento y las decisiones operativas están bajo la órbita del Ministerio de Transportes, cuyo titular, Óscar Puente, no ha dimitido y cuenta con el respaldo de Sánchez. Las primeras informaciones oficiales apuntan a una cadena de fallos del sistema de seguridad combinados con decisiones humanas en el control que permitieron que un tren siguiera avanzando mientras el otro estaba parado. No es un “recortador” externo el que lo gestionaba: es el aparato público que lleva gobernando el país desde 2018.
Decir, ante este escenario, que “lo que nos sostiene es aquello que es de todos” y que la respuesta debe ser “nunca menos inversión pública” es una manipulación. Lo que falló no fue la falta de gasto genérico ni un recorte fantasma del PP: fue la gestión, el mantenimiento, la seguridad operacional y la capacidad de respuesta de un sistema que está en manos del Gobierno que ahora se presenta como su salvador.
Es un absoluto sinvergüenza. https://t.co/bbb9TURIDN
— Ofendidito 🇪🇸©™️ (@ofendidito__) November 2, 2026
El uso político del dolor
Sánchez anunció un decreto de ayudas (modelo Adamuz: doblar el seguro obligatorio, anticipos, incapacidades temporales, oficinas de atención). Eso es lo mínimo y correcto. Lo miserable es el envoltorio. En vez de centrarse en las causas, la responsabilidad política y las medidas concretas de seguridad, pivota de inmediato al mensaje electoral: los servicios públicos nos protegen, no los debilitéis, más inversión siempre. Es el mismo discurso que usa contra las autonomías del PP cuando hay incendios, listas de espera o DANA. Aquí lo aplica a un accidente ferroviario ocurrido en la red que él supervisa.
La ironía es doble. Primero, España ya tenía uno de los sistemas de alta velocidad más densos de Europa; el problema no parece ser “poca inversión histórica”, sino fallos de gestión, saturación, mantenimiento y protocolos bajo gobiernos recientes. Segundo, dos tragedias de esta magnitud en un año no se explican con el mantra “más dinero y menos recortes”. Se explican con fallos de diseño, supervisión y responsabilidad. Sánchez mismo dijo días antes que “no es asumible” sufrir dos accidentes así en un año y que “si ha habido negligencias se sabrá”. Luego, en Barcelona, convierte el mismo episodio en defensa abstracta de “lo público” frente a un adversario que no gobierna Adif ni Renfe.
Lo que realmente sostiene (y lo que no)
Los servicios públicos de emergencia, sanitarios y de seguridad respondieron en Urda y merecen reconocimiento. Eso no convierte en virtuoso el sistema que provocó la tragedia. Un hospital público que llega tarde no se justifica diciendo “al menos es público”; una infraestructura ferroviaria que mata a 69 personas no se justifica con “hay que invertir más”. La ciudadanía paga impuestos para que funcionen, no para que se usen como coartada.
El cinismo está en la secuencia: años de gestión, dos desastres graves, un ministro de Transportes cuestionado incluso por socios, y el presidente responde con un discurso de “cuidar lo de todos” y “nunca debilitar”. Como si la responsabilidad política se disolviera en la retórica del Estado del bienestar. Las familias rotas no necesitan eslóganes; necesitan que no vuelva a ocurrir y que alguien asuma las consecuencias de lo que ya ocurrió. El discurso de Sánchez hace exactamente lo contrario: instrumentaliza el luto para blindar el relato electoral. Eso no es liderazgo. Es miserable.
