Por Alfonso de la Vega
Como es sabido se trata de una maña o modalidad anticonceptiva algo chapucera y desprestigiada. Más de cien mil abortos al año en el reino de España lo avalarían. El Código de Derecho canónico tampoco lo ve bien; Según el Canon 1061 un matrimonio se considera consumado cuando los cónyuges realizan de modo natural el acto conyugal. Si el acto es interrumpido intencionalmente, sin lograrse la deposición del semen en el interior de la vagina, podría poner en duda la consumación canónica y afectar la validez del vínculo en caso de solicitar una declaración de nulidad por falta de consumación.
Sin embargo, me gustaría centrarme en otras modalidades de coitus interruptus sui generis de naturaleza institucional borbónica a las que estamos asistiendo como si fueran las cosas más normales del mundo aunque también evitarían la “consumación” y serían causa de nulidad de las instituciones. Veamos algunos ejemplos:
Don Felipe es muy locuaz con heroicas, filantrópicas y hermosas palabras, pero luego a la hora de la verdad no consuma sus obligaciones constitucionales. Si atendemos a lo que puede observarse desde la ciudadanía común en su comportamiento público, el Rey ni siquiera haría por disimular una cierta obligada neutralidad constitucional. Y vamos de escándalo en escándalo sin que hasta ahora se digne «intervenir», «ni arbitrar» ni «moderar el funcionamiento regular de las instituciones», como indica el artículo 56 de la C 78 dicen que vigente.
Don Felipe y la Armengol, acaban de protagonizar en el Congreso la entrega del VI Premio 15 de Junio a los Valores Constitucionales. En el acto, ambos muy serios y puestos en razón destacaron la importancia de «proteger las libertades democráticas y la Constitución». Lo de las cacicadas y arbitrariedades adquiere un nuevo rango de «valor constitucional» a proteger. Pero también hay conflictos ente su gobierno y el parlamento. Consiente que se ningunee la obligación constitucional de presentar y aprobar los presupuestos o que se abuse del autoritario cuando no despótico decreto ley. Y ahora otra importante arbitrariedad más. Debido a la inanidad de Feijoo para presentar una necesaria moción de censura, Junts pretendía forzar una votación en el Congreso esta semana para instar a Sánchez a convocar elecciones. Sabido esto, el PP ha dejado de remolonear y también ha presentado otra similar. El número uno se iba a enfrentar el pasado jueves a la alta probabilidad de perder la votación en el Congreso sobre el citado adelanto electoral. Se estima que al menos 178 diputados exigirían la convocatoria de elecciones.
Aunque nos han advertido que nuestro presidente progresista es tan demócrata y asaz filantrópico que no adelantará los comicios aun en el caso que prosperase una moción en su contra, la maquina socialista se ha puesto en marcha para proteger a su jefe. A madame Armengol le ha entrado un súbito pánico y se ha sabido que con toda urgencia el órgano de gobierno de la Cámara baja inadmitía ambas enmiendas porque “invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno”.
El artículo 66 de la C 78 que nos aseguran sigue vigente establece que:
«Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.»
Además de no poder aprobar los presupuestos que no se le presentan, al impedir controlar la acción del gobierno nos encontramos ante una especie de coitus interruptus o golpe interno contra el Parlamento de sus jefes que no autoridades, para no consumar su labor de control del gobierno otro nuevo y grave conflicto institucional a añadir al interminable y hasta ahora imparable suma y sigue del felipismo borbónico. Veremos qué sucede ahora.
Para rematar esta breve comentario quería hacer alusión a lo parece otro coito interrupto muy habitual que también pudiera generar abortos. Me refiero al que cabe observarse en asuntos judiciales que afectan a políticos y poderosos. Cabe admitir desde luego que la actividad judicial tenga sus propias normas y no funcione atropelladamente o con el apremio propio de los asuntos meramente políticos o económicos, ahora bien, eso no debiera significar como ahora acostumbra a suceder que las sentencias se demoren ad calendas graecas. Una de las funciones sociales de la Justicia es la de la ejemplaridad, el llevar a la sufrida ciudadanía la necesaria convicción democrática de que la ley es igual para todos, que el culpable paga. Que las mañas de los poderosos, pese a todo, no prevalecerán. Para colmo, cierta prensa entusiasta es contumaz en afirmar que ahora sí que va la vencida, pero como no suele pasar nada al final el descrédito aumenta.
Estamos asistiendo no sin estupor y cada vez mayor falta de credibilidad para sus agentes a instrucciones judiciales más largas y farragosas que culebrones venezolanos o turcos. Las cosas cuanto más complicadas o embrolladas peor desde el punto de vista práctico y facilitar nulidades que al cabo burlen la Justicia. No se trata de elaborar tesis doctorales de miles de páginas donde pasar revista a los más grandes enigmas del universo o de la Monarquía con sus muchos e intrincados vericuetos sino de acotar o delimitar algún delito claro y proceder al juicio y condena, si procede. Tampoco se entiende bien que una vez dictado el auto de procesamiento éste se pueda demorarse muchos más meses e incluso años. O que visto el caso para sentencia su publicación se demore semanas o meses.
Por desgracia para España, para la Justicia y para ellos mismos, los buenos jueces parecen estar, como Gary Cooper, solos ante el peligro. No se comprende que el supuesto tercer poder del Estado aparentemente no se defienda ni tampoco lo haga con sus miembros más honrados o valerosos, que pese a todo intentan cumplir con su deber. Si la dictadura se enroca definitivamente nadie va a estar ya a salvo.
Y para terminar, la sensación de indefensión de los españoles que ven como su querida patria se ve abocada al abismo sin que ninguno de las onerosas instituciones de la Monarquía les defienda, ni tenga trazas de hacerlo. Sin embargo, lo que hoy se trasluce es que nuestros próceres buscan su propio lugar en la dictadura que viene. Ni la Corona, ni la Judicatura mediante sentencias ágiles y contundentes, ni la presunta oposición parecen dignarse a hacer nada antes de que la sombra del despotismo más devastador cubra a España como un sudario para cubrir una democracia interrupta.
