Un informe de la Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica analiza las contrataciones públicas realizadas por la Comunidad Autónoma de Baleares durante la crisis del COVID-19 en 2020. El documento, fechado el 15 de abril de 2026 e integrado en unas diligencias previas, se centra en dos grandes operaciones: la compra de mascarillas FFP2 y la realización de pruebas diagnósticas (PCR y antígenos).
En el folio 135 del informe aparece una captura de pantalla de dos mensajes de WhatsApp intercambiados el 16 de octubre de 2020 entre una persona vinculada a Eurofins Megalab y otro participante de la conversación.
El primero dice textualmente: “Estoy mirando una vía para importar vacunas” (enviado a las 5:51:47 UTC+0).
Inmediatamente después, a las 5:51:58 UTC+0, llega la respuesta: “Nos dan de alta ya”.
Estos mensajes forman parte del análisis de las comunicaciones relacionadas con las contrataciones de pruebas diagnósticas (PCR y antígenos) que la Comunidad Autónoma de Baleares adjudicó a Eurofins Megalab en 2021. El contexto del informe sitúa estas conversaciones dentro de la misma red de contactos que gestionó los suministros de mascarillas y test durante la pandemia.
La anomalía cronológica
El 16 de octubre de 2020 ninguna vacuna contra el COVID-19 había demostrado eficacia pública ni estaba autorizada. Los hechos históricos son claros:
- El primer anuncio oficial de resultados positivos de eficacia se produjo el 9 de noviembre de 2020, cuando Pfizer y BioNTech comunicaron que su candidata (BNT162b2) superaba el 90 % de efectividad en el análisis interino de fase 3.
- La autorización de uso de emergencia en Reino Unido llegó el 2 de diciembre de 2020, en Estados Unidos el 11 de diciembre y en la Unión Europea el 21 de diciembre de 2020.
- La vacunación en España comenzó el 27 de diciembre de 2020.
Por tanto, tres semanas antes de que se conociera públicamente el éxito de cualquier vacuna, alguien vinculado a Eurofins Megalab (empresa dedicada en ese momento a pruebas diagnósticas, no a desarrollo ni distribución de vacunas) ya estaba “mirando una vía para importarlas” y recibía confirmación de que les “daban de alta” como proveedor.
Eurofins Megalab no participaba en la fabricación ni en la cadena de suministro de vacunas en octubre de 2020. Su actividad documentada en el informe y en el sector era la realización de test PCR y antígenos para administraciones públicas. La mención explícita a “importar vacunas” en esa fecha resulta, por tanto, cronológicamente imposible si se interpreta de forma literal: no existían vacunas aprobadas ni disponibles para importar.
Este mensaje se suma a los indicios que el informe recopila sobre la anticipación de negocios sanitarios por parte de la red investigada. Aparece en el epígrafe dedicado a la contratación de pruebas diagnósticas con Baleares y se presenta como uno más de los indicios obtenidos de los dispositivos intervenidos.
El informe no desarrolla ulteriormente este concreto mensaje ni lo vincula a una operación concreta de vacunas (el grueso del documento se centra en mascarillas y test), pero su inclusión en el folio 135 subraya que, ya en octubre de 2020, el entorno analizado exploraba líneas de negocio que, en ese momento, aún no existían en el mercado real.