Ana Botín y el Banco Santander han cruzado una línea roja que ni siquiera los bancos más agresivos de Wall Street se atreverían a pisar sin sonrojarse. Han mantenido —y mantienen a día de hoy— en su Consejo de Administración a Juan Carlos Barrabés, un empresario imputado por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el caso Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. No es un rumor.
No es una “investigación preliminar”. Es una imputación formal del juez Juan Carlos Peinado, reforzada por la Fiscalía Europea, que lleva dos años escarbando en los contratos millonarios que las empresas de Barrabés obtuvieron de Red.es gracias a las supuestas cartas de recomendación y favores de la mujer del presidente.
El Santander lo fichó en 2024 como consejero independiente, justo cuando ya se sabía que Barrabés era el hombre clave del escándalo.
Ana Botín no solo no lo cesó cuando el juez lo imputó: lo blindó. El banco emitió comunicados defendiendo su “idoneidad” y sigue pagándole dietas de consejero mientras la Justicia europea y española investigan si recibió trato de favor a cambio de influencias políticas.
¿Esto es gobierno corporativo o servilismo político descarado?
Barrabés no es un directivo cualquiera. Es el empresario que, según la instrucción, se reunía en Moncloa con Begoña Gómez, codirigía cátedras con ella y veía cómo sus empresas se llevaban contratos públicos de millones de euros financiados con fondos europeos.
El mismo que hoy está procesado por corrupción y cuya continuidad en el consejo del Santander sigue siendo defendida por la presidenta ejecutiva.
Mientras tanto, Ana Botín viaja por el mundo dando lecciones de sostenibilidad, diversidad e integridad. Hipocresía con mayúsculas.
El Banco Santander, uno de los mayores bancos de Europa, está dispuesto a jugarse su reputación internacional por no enfadar al poder político español. Porque eso es lo que está ocurriendo: priorizan el acceso al Palacio de la Moncloa antes que la credibilidad ante sus accionistas, reguladores y clientes.
El BCE ya ha tenido que revisar la idoneidad de Barrabés y el supervisor sigue vigilando. Cualquier banco serio en Estados Unidos o Reino Unido ya habría exigido la dimisión inmediata. Aquí, en cambio, silencio cómplice y “seguimiento continuo” de la causa judicial, como si fuera un mero trámite administrativo.
Esto no es un error de gobernanza. Es una elección deliberada. Ana Botín ha cedido, otra vez, ante Pedro Sánchez: Primero con el fichaje, después con la defensa pública tras la imputación, y ahora con la negativa a cesarlo pese a que el caso avanza hacia un juicio con jurado popular.
El mensaje que envía el Santander es clarísimo: en España, si tienes los contactos adecuados en Moncloa, hasta una imputación por corrupción es compatible con sentarte en el consejo de uno de los bancos más importantes del país.
¿Son Begoña Gómez y Pedro Sánchez quienes chantajean a Botín para que no lo cese?
No hay pruebas públicas de un chantaje explícito (grabaciones, correos o testigos directos que lo acrediten). Lo que sí existe es un patrón evidente de presión política y cesiones estratégicas por parte de Ana Botín hacia el Gobierno Sánchez.
Medios de diversas tendencias han documentado que el fichaje de Barrabés coincidió con un claro acercamiento de Botín al PSOE, y que el Santander ha mantenido al consejero imputado a pesar de las graves acusaciones. Hay quien habla de “llamadas directas” desde Moncloa y de que Botín “cede otra vez ante Sánchez”.
Es razonable sospechar que el banco prefiere no enemistarse con el Gobierno que regula, supervisa y puede complicarle la vida fiscal y regulatoria. Eso no es chantaje probado, pero sí una relación de dependencia tóxica que huele muy mal.
En cualquier democracia sana, un banco que mantiene a un procesado por corrupción en su máximo órgano de gobierno debería estar en el punto de mira de los supervisores y de sus propios accionistas.
En España, sin embargo, Ana Botín y el Santander siguen como si nada. Y mientras tanto, los españoles que pagan hipotecas al Santander se preguntan: ¿a quién le debe realmente lealtad este banco? ¿A sus clientes o al poder político que protege a sus amigos imputados?
El silencio de Ana Botín es ensordecedor. Y mientras no cese a Barrabés, su discurso sobre ética y buen gobierno no vale ni el papel en el que está escrito.