Por Antonio Barrera (Abogado)
La decisión de recortar 16 millones en la Universidad de Sevilla no es una simple medida de ajuste. Es un paso más hacia un modelo que empuja a la universidad pública a degradarse para abrir espacio a lo privado. Cuando se reducen grupos, se cierran turnos de tarde, se frenan contrataciones y se aplazan promociones, el mensaje que recibe la ciudadanía es claro: menos acceso, menos calidad y más barreras para la clase trabajadora.
La noticia publicada en medios como el Diario de Sevilla, confirma que la rectora justifica los recortes por el presupuesto prorrogado, por la subida salarial obligatoria y por la falta de cierre definitivo de la financiación para 2026.
También admite medidas que afectan de lleno a la docencia y al personal: aulas más masificadas, menos créditos, restricción de contratación temporal y suspensión de promociones. Sobre el papel, todo esto se presenta como una solución técnica; en la práctica, es una forma de deteriorar el servicio público y acostumbrar a la comunidad universitaria a funcionar con menos medios.
Lo verdaderamente grave es que esta no parece una decisión aislada, sino parte de una orientación política más amplia. El modelo al que se apunta es el de recortar la universidad pública hasta dejarla debilitada, obligando a quienes puedan pagar a irse a centros privados y expulsando de facto a quienes no tienen recursos suficientes. Eso no es eficiencia: es una privatización encubierta de la educación superior.
Excusas muy pobres. Realmente son argumentos que suenan a justificación, no a solución. Nadie discute que una universidad necesita planificación presupuestaria, pero una cosa es gestionar las cuentas y otra muy distinta usar las cuentas como coartada para desmantelar capacidad pública. Cuando la respuesta a la falta de financiación es recortar actividad académica, el problema ya no es solo contable: es ideológico.
Y aquí aparece el verdadero responsable político. La Junta de Andalucía, y en particular Juanma Moreno Bonilla, tiene la obligación de financiar adecuadamente a las universidades públicas andaluzas. Si no lo hace, si deja que la asfixia presupuestaria se convierta en norma, entonces no estamos ante un simple retraso administrativo, sino ante una renuncia deliberada a sostener la educación pública como derecho.
La universidad pública no puede depender de equilibrios precarios ni de decisiones pensadas para favorecer una deriva privatizadora.
El caso de la Universidad de Sevilla no puede leerse aislado del resto de la gestión del Gobierno andaluz. La crítica social a la falta de recursos en educación se suma a otros episodios de enorme gravedad política y sanitaria, como el escándalo de los cribados del cáncer de mama, que ha generado una indignación profunda por sus consecuencias en la salud de muchas afectadas. Cuando una administración acumula conflictos de este calibre, el problema ya no es solo de gestión: es de prioridades.
La educación y la sanidad – nos referimos a la pública – son dos pilares que no se pueden erosionar sin pagar un precio social altísimo. Si se acepta que la universidad funcione con ajustes que empeoran la docencia y debilitan el empleo, mañana se normalizará que estudiar dependa cada vez más del bolsillo. Y ese es precisamente el camino que hay que rechazar.
Un servidor estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Sevilla, y completó allí su posterior formación para la habilitación nacional del ejercicio de la Abogacía. Me hierve la sangre al ver como las generaciones venideras no podrán disfrutar con la misma calidad el servicio del que fui beneficiario durante años. Una noble institución que unía a todos bajo unas mismas nomenclaturas, sin importar su procedencia ni raíces: estudiante, alumno.
Hay que defender lo público. La respuesta no debería ser resignarse, sino exigir financiación suficiente, estabilidad para el personal, grupos razonables y acceso universal a la universidad pública. Porque lo que está en juego no es solo el presupuesto de una institución, sino el derecho real a estudiar sin que la renta familiar marque el límite de entrada. La universidad pública no puede convertirse en un filtro social.
Lo que está ocurriendo en Sevilla apunta en la dirección contraria: menos recursos, más presión sobre docentes y estudiantes, y más terreno para el discurso de que lo privado funciona mejor. Ese relato es viejo, pero sigue siendo peligroso. Si se deja avanzar, no solo se deteriora la universidad pública, sino que además condena a una parte de la sociedad a quedar fuera de ella, a la clase obrera.