Según hemos sabido recientemente, Bolaños ha estado presionando de forma insistente a la presidente del CGPJ para sancionar al juez Peinado. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha remitido en las últimas semanas varios mensajes escritos a la presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en los que exige que el órgano de gobierno de los jueces resuelva con la máxima celeridad las quejas que ha ido presentando contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez. Según desveló en exclusiva El Confidencial el pasado martes, Bolaños califica la actuación del magistrado como “impropia” y sostiene que daña de forma “irreparable” la imagen de la judicatura. En los escritos, el ministro defiende abiertamente que se le debe imponer una sanción disciplinaria.
Este jueves, Libertad Digital ha publicado que fuentes del propio CGPJ califican los mensajes de WhatsApp y las cartas remitidas por Bolaños a Perelló como “de un grosero y un maleducado”. Según estas mismas fuentes, “el ministro está desatado, se cree que el Consejo General del Poder Judicial es un departamento más del Ministerio de Justicia y que la presidenta Perelló es su subordinada”. Los mensajes son descritos como “machistas, impresentables e intolerables” y de “una prepotencia inusitada”.
El comportamiento de Bolaños, al que muchos ya se refieren como «Trolaños», “la chacha de Sánchez” o «Gracita Bolaños», no puede ser más lamentable y escandaloso. Lejos de respetar la independencia judicial, el ministro parece actuar como si el Poder Judicial estuviera a sus órdenes directas, presionando por escrito y de forma reiterada a la máxima responsable del CGPJ para que sancione a un juez que se ha limitado a cumplir con su obligación: instruir unas diligencias que han acabado en un auto de procesamiento por cuatro delitos contra la esposa del presidente del Gobierno.
A ello se suma que, recientemente, Bolaños aseguró que la decisión de Peinado de procesar a Begoña Gómez “ha avergonzado a muchos ciudadanos y a muchos jueces y magistrados en nuestro país”. Sin embargo, la realidad desmiente por completo sus palabras. Las principales asociaciones de jueces —entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria— han emitido comunicados (de los que nos hicimos eco) en los que tachan las declaraciones del ministro de “inadmisibles” y exigen “respeto institucional” a las decisiones judiciales. Consideran que sus críticas suponen un ataque frontal a la independencia judicial y a la separación de poderes.
Y este mismo jueves, la Junta de Jueces de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid ha publicado una declaración institucional en la que sale en defensa de su compañero Peinado. Los magistrados rechazan “los ataques profesionales y personales” que está recibiendo el juez y condenan las descalificaciones procedentes del Ejecutivo, incluido el propio Bolaños, que “tratan de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces”. Afirman con rotundidad que “la ley es igual para todos, sin privilegios”.
Lo más llamativo de todo este escándalo es que, pese a la gravedad de las presiones ejercidas por el ministro y al tono grosero e intolerable de sus comunicaciones, el propio CGPJ todavía no se ha pronunciado de forma clara y contundente sobre el comportamiento de Bolaños. La Comisión Permanente se ha limitado a recordar la necesidad de “respetar las decisiones judiciales”, pero ha evitado un comunicado directo contra el ministro.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por distintos medios coinciden en que la situación es insostenible y que el Ejecutivo está cruzando líneas rojas incompatibles con un Estado de Derecho.
Mientras tanto, el juez Peinado sigue siendo objeto de una campaña de descrédito sin precedentes por parte de periodistas a sueldo del PSOE (que copan la mayoría de los medios convencionales) y del Gobierno, que parece más preocupado por proteger a la esposa del presidente que por defender la independencia del Poder Judicial. El caso Begoña Gómez se ha convertido, una vez más, en el espejo en el que se refleja la verdadera naturaleza de Sánchez y los suyos: la intolerancia ante cualquier control judicial y la pretensión de someter al tercer poder del Estado a los intereses del primero.
(Por Laura González)