El Gobierno socialcomunista ha vuelto a demostrar su incapacidad para gestionar nada y su desprecio por los ciudadanos. Este jueves hemos conocido lo que muchos nos temíamos desde hace meses y es que el gobierno se planea redistribuir en la factura de la luz de todos los consumidores el sobrecoste, que ya acumula 800 millones de euros, generado por el reciente apagón masivo. Una medida que, lejos de asumir responsabilidades, traslada el peso de su desastrosa gestión a los bolsillos de los españoles, quienes ya soportan una de las tarifas eléctricas más altas de Europa.
Lo más indignante es la opacidad con la que el Ejecutivo ha manejado esta crisis. A día de hoy, no han pronunciado una sola palabra sobre la verdadera causa del apagón. Ni una explicación, ni un análisis técnico, ni una disculpa convincente y, por supuesto, ni una sola dimisión. Solo silencio y evasivas. Este proceder no solo fomenta la desconfianza, sino que refuerza la idea de que el Gobierno está ocultando información crucial, ya sea por incompetencia o por temor a las consecuencias políticas.
Peor aún, el apagón no fue un mero contratiempo. Por puro sentido común, es evidente que las consecuencias fueron muchísimo más graves de lo que nos han querido hacer creer. Mientras los responsables del gobierno minimizaban el impacto, asegurando un número limitado de víctimas mortales, los testimonios y la lógica indican que el caos generado –hospitales colapsados, máquinas de diálisis sin funcionar, fallos en respiradores, ventiladores domiciliarios con baterías agotadas, sistemas de emergencia desbordados y hogares sin suministro – se cobró más vidas de las que se han reconocido oficialmente. ¿Dónde está la transparencia de la que tanto presumen? ¿Dónde está la rendición de cuentas?
En lugar de asumir su responsabilidad el Gobierno opta por la vía más fácil: cargar el coste de su ineptitud a los ciudadanos. Estos 800 millones no son solo un número; son el precio de una gestión caótica y de una planificación energética que lleva años dando señales de colapso. Los españoles, que ya lidian con los precios desorbitados, el saqueo de los impuestos y la precariedad económica, ahora tendrán que pagar el desastre.
Este nuevo capítulo de ineptitud revela la verdadera cara de un Gobierno hecho pedazos que antepone su propaganda al sufrimiento de los españoles. En vez de esclarecer de una vez las causas del apagón, asumir responsabilidades y asegurar que no se repita este desastre, el Ejecutivo opta por la cobardía: cargar a los ciudadanos con una factura de 800 millones de euros. Y como si de una broma de mal gusto se tratara, Beatriz Corredor, la presidente de Red Eléctrica, una de las responsables de esta catástrofe, lejos de dimitir por su estrepitoso fracaso, sigue cobrando un sueldo escandaloso de más de 546.000 euros anuales a cargo del erario público; de igual modo, la ministro Sara Aagesen, cuya cartera supervisa el sector energético, permanece en su puesto sin inmutarse, como si el monumental desastre no tuviera consecuencias
¿Hasta cuándo vamos a soportar el coste de su desvergüenza? Es imperativo exigir justicia a un Gobierno que, lejos de gobernar, abandona a su pueblo en cada crisis.
(Por Laura González)