La Justicia se administra en nombre del rey

Por Alfonso de la Vega

Según la constitución española que nos aseguran aún sigue vigente, la Justicia se administra en nombre del rey, Su Majestad don Felipe Borbón Schleswig-Holstein Sonderburg Glücksburg.  Mucho nombre y asaz rimbombante para tan poca entidad y menos desempeño, la verdad sea dicha.

Un ejemplo reciente de tal administración de Justicia borbónica lo hemos tenido en la escandalosa condena un ciudadano de edad avanzada por defender su vida y hacienda de la agresión de un delincuente extranjero reincidente que había violado su domicilio a altas horas de la noche armado con una motosierra.

El pacífico y honrado ciudadano octogenario pudo acceder a su escopeta y conseguir pegar dos tiros al invasor antes de que el delincuente pudiera agredirle o asesinarle.  Después llamó a la Guardia civil para denunciar los hechos.  Fue detenido y encarcelado y ahora ha sido condenado.  Sí, condenado a presidio. Y para colmo, ha de indemnizar con una enorme suma a la familia del delincuente.

El invasor lo era por capítulo doble.  Por estar en España y por invadir la propiedad privada de un ciudadano español.  Sin oficio ni beneficio se dedicaba a robar como profesión habitual consentida en la práctica por nuestra Justicia en vez de meterle en presidio o ponerlo de vuelta  a su país natal.

Da idea del grado de deterioro moral de la plebe tras medio siglo de Monarquía el que haya sido un jurado de zoquetes o badulaques insensibles, manipulado por el fiscal o el abogado del delincuente, el que por mayoría de 7 a 9 ha condenado al anciano. Formaría parte de ese necio populacho ignaro que carece de empatía, además del sentido común o de la moral, incluso del más elemental instinto de supervivencia. Cada año nos invaden cientos de miles de gentes, la mayoría sin empleo, oficio ni beneficio, muchos dispuestos a robar o vivir del cuento. El jurado no advierte en su torpe estulticia que con esta sentencia se deja al ciudadano honrado y pacífico a merced de toda clase de criminales invasores o autóctonos. Y que está llamando a que ellos mismos o sus familiares pudieran ser las próximas víctimas.

Sí. Esta escandalosa sentencia supone una terrible advertencia desmoralizadora para todo español de bien, pacífico y que aún creía en las leyes y en que el Estado le defiende. Es preciso desengañarse en el reino de España, con Su Majestad don Felipe Borbón Schleswig-Holstein Sonderburg Glücksburg como Jefe del Estado y garante de la Justicia que se administra en Su nombre, el ciudadano carece del derecho a la legítima defensa y se encuentra inerme ante los abusos no ya del propio Estado como ha sido el caso del anticonstitucional encierro con lo de la plandemia sino de cualquier delincuente propio o extraño.

Por si no fuera bastante con la demostrada impunidad práctica de los capos de bandas político delictivas como la de los Pujol o los de los EREs, ahora más escándalos judiciales. Contrasta cruelmente la cobarde ferocidad del ministerio fiscal en este caso con la inoperancia en investigar las miles de muertes causadas por las autoridades borbónicas en residencias de ancianos con ocasión de la plandemia.  O el saqueo de las arcas públicas al que se dedicaron las diversas bandas políticas del Régimen con el pretexto de las lucrativas y perjudiciales mascarillas impuestas para engordar la gusanera.  O la mortandad causada por los rejonazos que se impusieron contra toda evidencia científica o del derecho internacional o de gentes. O la violencia ejercida por las instituciones impidiendo el ejercicio de derechos constitucionales básicos vulnerando incluso los propios procedimientos establecidos. Lo de la tutela efectiva de los derechos que la CE78 impone a jueces parece que está de adorno para que haga bonito. Recordemos que como derecho del ciudadano, la tutela judicial efectiva configura la obligación de los órganos judiciales de velar por su cumplimiento para evitar la indefensión de una persona ante la vulneración de sus derechos e intereses legítimos. Pero que, entre los que según la lógica judicial actual no se encontraría la defensa de la propia vida. El Reino de España se ha convertido gracias a sus instituciones en el paraíso de los delincuentes.

El Régimen borbónico cambia el Código penal a solicitud, gusto y mejor satisfacción de los delincuentes. Consiente la acción de golpistas, terroristas, desfalcadores, violadores y okupas. Para terminar de encender sospechas diversas fuentes no desmentidas ofrecen datos muy concretos y precisos que avalarían la hipótesis de que ciertos miembros de la judicatura estarían aumentando su patrimonio en países extranjeros de modo incoherente con sus ingresos oficiales.  Sin embargo, estas denuncias no se investigan ni aparece el mismo heroico celo fiscal por ninguna parte. Mal vendedor de telas invisibles, en su último sermón navideño don Felipe Borbón Schleswig-Holstein Sonderburg Glücksburg nos explicó muy serio, por si aún no nos habíamos dado cuenta, lo buena que es la Monarquía y la propia constitución, ¡no digamos! Misterio profundo digno de estudio por sofistas, alquimistas y filósofos resulta ser el que si es tan buena como nos asegura don Felipe el Régimen esté podrido de corrupción, la tiranía en la puerta o ya dentro y la Nación fatalmente amenazada incluso en su supervivencia, junto con los derechos civiles, por esa inservible constitución, sus instituciones y los mismos que han jurado defenderlas, empezando por la propia Corona.  Es el Régimen contra la Nación.