Desde hace más de ocho días, cientos y a veces miles de rumanos se concentran noche tras noche frente al Arestul Central de Bucarest (centro penitenciario de preventivos) donde tienen recluido a Călin Georgescu. Llevan banderas nacionales, gritan «Georgescu es presidente» y algunos se colocan esposas simbólicas. La palabra que más se escucha no necesita traducción: ¡Libertad!
Casi dos años después de que el Tribunal Constitucional de Rumanía anulara las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 2024, miles de ciudadanos siguen reclamando respuestas, justicia y respeto por la voluntad popular. El hombre que ganó la primera vuelta, Georgescu, está ahora en prisión preventiva por un caso de presunta estafa. Sus partidarios ven en esta detención la continuación de una persecución política que empezó el día en que el establishment decidió que el resultado de las urnas no era aceptable.
El 24 de noviembre de 2024, Georgescu, un candidato independiente, nacionalista, crítico con la OTAN, con la Unión Europea y con el apoyo militar a Ucrania, obtuvo la mayor cantidad de votos en la primera vuelta. Era un resultado que nadie en Bruselas ni en las élites esperaba. Dos semanas después, el 6 de diciembre, el Tribunal Constitucional anuló por completo el proceso electoral. La justificación oficial: presunta injerencia rusa (el comodín de siempre) a través de redes sociales, financiación opaca de campaña y manipulación digital, aunque no se presentó ninguna evidencia clara que respaldara estas acusaciones.
Desde entonces, el relato oficial habla de «protección de la democracia» frente a la interferencia extranjera. Sin embargo, para una parte importante de la sociedad rumana y para quienes observan estos hechos con distancia crítica lo que se vivió fue algo muy distinto: la anulación de unas elecciones porque el candidato «equivocado» había ganado.
La Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen (señora a la que nadie votó), no ocultó su alivio. Bruselas había seguido con creciente inquietud el ascenso de una figura que cuestionaba abiertamente el consenso globalista, el apoyo incondicional a Ucrania y la cesión de soberanía a instituciones supranacionales. Aunque la decisión formal la tomaron las autoridades rumanas, el mensaje político que llegó desde las instituciones europeas fue inequívoco: ciertos resultados electorales son aceptables y otros no.
Georgescu fue posteriormente inhabilitado para volver a presentarse. Las nuevas elecciones se celebraron en 2025 y dieron la victoria a un candidato más cómodo para el statu quo. Mientras tanto, al antiguo favorito de muchos rumanos le van sumando causas judiciales. La más reciente, una investigación por presunta estafa de 1,1 millones de euros, ha terminado con su ingreso en prisión preventiva a finales de septiembre.
Sus partidarios no creen en la casualidad y ven un patrón: primero se anulan las elecciones, después se le impide volver a concurrir y finalmente se le encarcela. Las protestas de estos días no son solo por este hombre sino que van más allá: la sensación de que la supuesta democracia solo es válida cuando produce los resultados que las élites que mandan sobre los políticos de Bruselas consideran «correctos».
El silencio mediático español
Como de costumbre, la gran mayoría de los medios españoles han preferido ignorarlo. Mientras se dedican páginas y horas de televisión al temita de marras, las protestas de miles de rumanos que llevan días exigiendo libertades democráticas apenas existen en la agenda informativa.
Cuando un pueblo europeo se rebela contra lo que percibe como una injerencia de las instituciones comunitarias o contra el avance de un modelo globalista que considera que los ciudadanos deben aceptar sin rechistar, el silencio suele ser la respuesta preferida.
Casi dos años después de aquella anulación histórica, las calles de Bucarest siguen llenándose de ciudadanos que gritan “¡Libertad, libertad!”. Algunos llevan esposas de plástico. Otros simplemente se plantan frente a la cárcel y repiten el nombre de quien fue el legítimo ganador de unas elecciones.
Se puede debatir sobre las ideas de Georgescu o sobre sus posicionamientos respecto a Rusia. Lo que resulta más difícil de justificar es que, en el corazón de la Unión Europea, se anulen unas elecciones presidenciales y se persiga judicialmente al candidato ganador.
Mientras tanto, en Bucarest, la gente sigue saliendo a la calle. Y la pregunta que flota en el aire es cada vez más incómoda para quienes desde Bruselas predican democracia y Estado de derecho: ¿hasta qué punto se puede anular la voluntad de un pueblo en nombre de la «protección de la democracia»?
(Por Lourdes Martino)
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