Correos, empresa pública, ha vendido su sede central de Bilbao. El edificio de la Alameda de Urquijo 19, construido en 1927 por Secundino Zuazo y con protección patrimonial, salió a subasta con un precio de salida de 13,5 millones de euros. La única oferta la presentó Dauber Hoteles, sociedad de Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners y una de las mayores fortunas de España. El precio final, según El Correo, fue de 14.510.003 euros. El destino anunciado no es vivienda. Es un hotel de lujo. Correos debe abandonar el inmueble antes del 31 de diciembre de 2026.
El post de Daniel Caballero lo formula con crudeza: el Gobierno vende esa sede por más de 14,5 millones «a un fondo buitre» en vez de dedicarla a vivienda social, y luego señala como especulador a quien tiene un piso en alquiler. El matiz importa. Dauber Hoteles no es un fondo de deuda distressed al uso. Es una sociedad inmobiliaria de inversión ligada a una empresaria que quiere reconvertir el edificio en hotel. El fondo de la denuncia no cambia. Un activo público, en el centro de una capital, pasa a manos privadas para uso turístico de alto standing mientras el Ejecutivo presenta la vivienda como emergencia nacional.
El Gobierno de España, acaba d vender la sede d Correos en Bilbao por más de 14.500.000 € a un fondo buitre en vez de construir viviendas sociales
Construirán un hotel de lujo
Pero oye, tu eres un especulando, facha asqueroso por tener un piso en alquiler
Asi es la izquierda pic.twitter.com/DYrKprevoA
— DANIEL CABALLERO GALINDO 🇪🇸 (@danicaballero90) October 3, 2026
Hasta los sindicatos de la propia empresa lo dijeron en esos términos. La sección de CCOO en Correos criticó que el inmueble fuera a pasar «a manos privadas a precio de saldo» y avisó de que «especuladores inmobiliarios se harán de oro a cuenta de lo público». La palabra especulador, aquí, no la pone un tertuliano. La pone un sindicato de clase sobre una venta del sector público.
Dos varas de medir
El contraste es el argumento. Desde 2023, Pedro Sánchez ha repetido que su Gobierno habilitaría unos 183.000 o 184.000 inmuebles para alquiler asequible. Tres años después, el Ejecutivo habla de más de 120.000 viviendas «movilizadas». Bajo esa etiqueta caben casas entregadas, promociones en obra, proyectos sin urbanizar y suelo con potencial residencial. En Sareb, de las 50.000 anunciadas, una parte ya estaba habitada y otra ni siquiera existía como vivienda. El Gobierno no aclara cuántas están terminadas y disponibles. CASA47, el vehículo público creado para promover, tenía en junio 44 actuaciones para construir 3.266 viviendas.
Mientras tanto, la ley de vivienda y los decretos posteriores han convertido al pequeño propietario en el villano de la película. Zonas tensionadas, topes de renta, prórrogas obligatorias, trabas a la desocupación y un relato en el que alquilar un piso es casi un delito moral. El Real Decreto-ley 26/2026, de 96 páginas y una quincena de normas tocadas, insiste en esa línea. Define una «vivienda asequible» con un umbral tan estrecho que, aplicado a la renta media, dejaría fuera casi cualquier piso en venta. Anuncia la prohibición de la compra especulativa y, en el articulado, se limita a «limitar» adquisiciones de sociedades por debajo del 70 % de la tasación, sin decir qué ocurre si se incumple y dejando fuera las subastas judiciales. El preámbulo presume de un decreto anterior que el Congreso ya había tumbado.
El particular que intenta alquilar su piso entra en ese marco. La sociedad que compra la sede de Correos para un hotel de cinco estrellas, no. Una operación es mercado. La otra, al parecer, también, pero solo cuando la firma el sector público.
Lo que no se construye
Bilbao no es una excepción anecdótica. Forma parte de un patrón. El Estado se desprende de inmuebles céntricos, ingresa la plusvalía y deja el uso final al comprador. En paralelo, la vivienda social de nueva planta sigue en mínimos. Prometer decenas o cientos de miles de casas y entregar una fracción, rebautizada como «movilización», no es una política de oferta. Es una política de anuncio.
Nadie discute que Correos pueda reorganizar su patrimonio ni que un edificio de 1927 necesite un uso viable. Lo discutible es la jerarquía. Si la vivienda es la emergencia que el Gobierno dice que es, un solar o un inmueble público en Abando era, como mínimo, una pieza a estudiar para alquiler asequible o para una promoción pública. No lo fue. Fue una subasta con una sola puja y un hotel al final del recorrido.
La frase del post cierra el círculo mejor que cualquier preámbulo de decreto. El mismo poder público que vende patrimonio para un hotel de lujo reserva la palabra especulador para el ciudadano que tiene un piso en alquiler. Una de las dos cosas puede ser política de vivienda. Las dos a la vez, no.
