El presidente de Iustitia Europa, el abogado Luis María Pardo, ha denunciado este lunes que la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre pretende celebrarse con un censo electoral cerrado antes de las medidas cautelares del Tribunal Supremo sobre la llamada ley de nietos. La formación asegura que ya ha presentado un escrito urgente para impedir que las inscripciones afectadas por esa suspensión produzcan efectos en las urnas, y anuncia que concurrirá a los comicios.
El mensaje, publicado en X poco después del anuncio de Pedro Sánchez, se titula de forma explícita: «Ley de nietos. Sánchez convoca elecciones con un censo anterior a las cautelares del Supremo». Pardo sostiene que la convocatoria, adoptada «contra todo pronóstico», deja en el aire una resolución judicial obtenida por su partido tras una denuncia ante la Junta Electoral Central y un recurso posterior ante el Supremo. «No vamos a permitir que la sorpresiva convocatoria electoral de Sánchez deje sin efecto una resolución del Tribunal Supremo», escribe. El tuit cita un mensaje propio del domingo en el que anunciaba, en exclusiva, que no habría elecciones.
🟡 URGENTE. LEY DE NIETOS | SÁNCHEZ CONVOCA ELECCIONES CON UN CENSO ANTERIOR A LAS CAUTELARES DEL SUPREMO
Ahí está la jugada de Sánchez. Convoca elecciones contra todo pronóstico y el 29N se pretende votar con un censo cerrado antes de las cautelares conseguidas por @IustitiaEuropa tras nuestra denuncia ante la JEC y posterior recurso ante el Supremo.
No vamos a permitir que la sorpresiva convocatoria electoral de Sánchez deje sin efecto una resolución del Tribunal Supremo.
#ÚLTIMAHORA Iustitia Europa ya ha presentado un escrito urgente para impedir que las inscripciones sometidas a suspensión produzcan efectos electorales el 29N.
Nos hemos dado cuenta y actuamos.
👊 Iustitia irá hasta el final y se presentará el 29N.
— Luis María Pardo (@LMPardoAbogado) October 5, 2026
Qué dice la cautelar y por qué importa la fecha del censo
La disputa no nace hoy. El 10 de septiembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó, a instancia de Iustitia Europa y de Vox, suspender de forma cautelar los efectos electorales de determinadas altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Afecta a quienes adquirieron la nacionalidad por el primer inciso de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática —la vía conocida como ley de nietos—, vinculada a la presunción de exilio. La medida no retira la nacionalidad: regula, mientras se resuelve el fondo, si esas inscripciones pueden usarse para votar en los procesos que se convoquen antes de la sentencia.
Hay una excepción. La suspensión no se aplica cuando el registro consular certifica que el padre, la madre, el abuelo o la abuela originariamente español sufrió el exilio por los motivos previstos en la ley y que esa condición se acreditó sin recurrir a la presunción de la instrucción ministerial de 2022. El Supremo ordenó separar esos expedientes de los tramitados con aquella interpretación.
El problema que señala Iustitia es de calendario. El artículo 39.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General fija como censo vigente el cerrado el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria. Con una disolución formalizada en octubre, el censo de referencia del 29-N es el de 1 de agosto de 2026, semanas antes del auto del 10 de septiembre. En ese listado pueden figurar personas comprendidas en el ámbito de la cautelar.
El escrito de esta mañana
Según el propio Pardo, Iustitia Europa ha presentado ya un escrito urgente para que esas inscripciones no desplieguen efectos el 29 de noviembre. La prensa que ha tenido acceso al documento precisa el petitum: que el Supremo requiera a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral un informe sobre el estado de ejecución de las cautelares respecto del censo cerrado el 1 de agosto. Pide, en términos agregados y sin datos personales, cuántos electores del censo vigente entran en la suspensión, cuántos expedientes se han examinado, cuántas certificaciones consulares amparan la excepción y qué operaciones ha adoptado la Oficina del Censo para dejar sin efecto electoral al resto.
Pardo resume así la pretensión: el auto de septiembre ordenó que determinadas inscripciones del CERA quedaran sin efectos electorales mientras se resuelve el recurso, y lo hizo expresamente para los procesos que pudieran convocarse durante la vigencia de la medida. Si las generales son el 29 de noviembre, esa cautelar pasa a tener aplicación inmediata.
La lectura política de Iustitia, y lo que está acreditado
La tesis del partido va más lejos que el escrito procesal. En el mensaje de esta mañana, y en otro publicado minutos después, Pardo presenta la convocatoria como una «jugada» destinada a votar con un censo anterior a las cautelares «conseguidas por Iustitia Europa». Es una interpretación política: atribuye al presidente del Gobierno la intención de neutralizar una resolución del Supremo. Lo que sí está documentado es la secuencia: denuncia ante la JEC, recurso ante el Supremo, auto de 10 de septiembre, anuncio de Sánchez este 5 de octubre y escrito de ejecución presentado el mismo día.
Sánchez ha anunciado la disolución de las Cortes y la convocatoria para el domingo 29 de noviembre tras informar al Rey y convocar un Consejo de Ministros. El decreto se publicará en el BOE y abrirá un periodo de 54 días hasta las urnas. El adelanto llega después del rechazo en el Congreso a dos decretos sobre vivienda.
Iustitia, en las urnas
El cierre del mensaje es electoral, no solo judicial. «Iustitia irá hasta el final y se presentará el 29N», escribe Pardo. La formación, que se define como partido de la sociedad civil, convierte así la batalla del censo exterior en argumento de campaña: no basta, dice, con que el Supremo haya suspendido efectos; hay que lograr que esa suspensión se ejecute sobre el censo que realmente se usará el 29 de noviembre.
