España afronta una de las mayores producciones de aceite de oliva de su historia reciente. Tras las lluvias de la temporada pasada, las previsiones del propio Ministerio de agricultura sitúan la campaña 2026/2027 en torno a 1,6 millones de toneladas, un 23 % más que la anterior y muy por encima de la media de los últimos años. Los precios en origen ya han bajado con fuerza desde los máximos de hace un par de campañas (cuando el virgen extra rozaba o superaba los 8-10 euros/litro en el lineal y de casi 12 euros en algunos momentos). Ahora cotizan alrededor de 3 euros el kilo. El consumidor, por fin, podía ver alivio en el carrito de la compra.
La respuesta del Gobierno: ordenar la retirada obligatoria del 12 % de la producción de las almazaras. Unas 188.000 toneladas que deberán permanecer almacenadas hasta el 30 de septiembre de 2027. Es la primera vez que se activa este mecanismo. El Ministerio de Luis Planas lo justifica como medida de “estabilidad del mercado” y para evitar “distorsiones”. Traducción: no queremos que baje el precio del aceite. Cuando el aceite se pagaba a precios obscenos y muchas familias dejaron de comprarlo o lo racionaron, no hubo intervención comparable para proteger al consumidor. Ahora que la oferta sobra y el precio podría seguir moderándose, el gobierno sí se actúa. La prioridad queda clara.
El discurso oficial del gobierno repite hasta la saciedad la frase de “mejorar la vida de la gente”. Resulta difícil de cuadrar con una decisión que limita artificialmente la oferta de un producto básico en el momento en que la naturaleza y el trabajo de los olivareros españoles permiten precisamente eso: más cantidad y precios más asequibles. El mecanismo beneficia prioritariamente a quien produce y almacena; el consumidor paga la diferencia de no poder aprovechar plenamente la abundancia.
Y aquí aparece el elemento que hace la medida especialmente sospechosa. Mientras se inmoviliza aceite español, las importaciones de aceite de oliva marroquí han crecido de forma espectacular en los últimos meses. No es un detalle menor. Marruecos ha recuperado producción y está colocando producto en la UE, con España como destino principal de buena parte de ese volumen. Retirar la oferta nacional mientras se facilita o se tolera la entrada de aceite del incómodo vecino del sur es una decisión descaradamente política con ganadores y perdedores muy concretos.
El ministro que firma o ampara esta política no es un desconocido en Rabat. Luis Planas fue embajador de España en Marruecos entre 2004 y 2010. Mantiene vínculos conocidos con el país. Su teléfono fue objetivo de un intento de infección con Pegasus (el mismo software que sí infectó a Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska). El patrón es demasiado llamativo para ignorarlo: un responsable con trayectoria diplomática en Marruecos, espiado en el contexto de las tensiones bilaterales, dirigiendo ahora la política agraria española en un sector donde la competencia marroquí es directa y creciente.
El campo español lleva años denunciando el abandono: costes disparados, competencia desleal por productos de terceros países con menores exigencias laborales y fitosanitarias, y una política comercial que parece priorizar las buenas relaciones con Rabat por encima de la defensa de los productores nacionales. Esta retirada de aceite forma parte de un patrón en el que España parece dispuesta a ceder terreno productivo, a convertirse, poco a poco, en un solar agroalimentario, a cambio de estabilidad diplomática o de intereses que no se explican con claridad al ciudadano.
Cuando sobra aceite español y los precios bajan, el Gobierno interviene para sostener cotizaciones. Cuando faltaba y los precios se disparaban, la intervención fue inexistente en favor del consumidor. Cuando el producto que entra es marroquí, la sensibilidad parece distinta.
Todo esto, con un ministro que conoce de primera mano los pasillos de Rabat y que compartió lista de objetivos de Pegasus con el núcleo duro del Gobierno. No hace falta ser conspiranoico para encontrar la situación mosqueante. Basta con mirar los números de producción, la decisión del BOE, la evolución de las importaciones y el currículum del responsable del desastre.
(Por Lourdes Martino)
