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Comienza en el Reino Unido lo que sucederá en todo el mundo agendista: El robo de la naturaleza por parte de las corporaciones amparado por la ONU

Ayer el Gobierno del Reino Unido ha dado un paso decisivo —exactamente como se había advertido— para convertir la naturaleza en una clase de activo financiero diseñada para generar enormes retornos a inversores, bancos, corporaciones e instituciones. El proceso llega directo desde los marcos de las Naciones Unidas a la legislación británica bajo el nombre de “natural capital” (capital natural). Lo que la ONU llama “capital natural”, otros lo califican sin rodeos como el robo de los productos de la Tierra.

¿Qué está ocurriendo?

Bosques, ríos, suelos y biodiversidad serán medidos, certificados, empaquetados y vendidos como productos de inversión. El Gobierno impulsará la regulación necesaria y obligará a los contribuyentes a crear la demanda artificial que haga el negocio rentable para el capital privado.

El 5 de noviembre de 2026, la Office for Investment (OfI) del Gobierno británico publicó el informe UK natural capital and ecosystem services: a pathway to at-scale investment capital flows (una vía hacia flujos de capital de inversión a gran escala), elaborado en colaboración con North Devon Biosphere Enterprises. El documento declara sin ambages que el capital natural está pasando de ser un bien público infravalorado a una “clase de activo estratégico”. Identifica usos prioritarios, necesidades de infraestructura de mercado y oportunidades para que el Reino Unido desarrolle ventaja competitiva en inversión de “alta integridad” en naturaleza.

El mismo día, la OfI reunió en Bristol a inversores, proyectos de naturaleza y representantes de gobiernos locales y nacionales para impulsar mecanismos de financiación innovadores y hacer que los proyectos de recuperación natural sean “investment-ready” (listos para inversión). El mensaje oficial es claro: desbloquear capital privado a escala, dar confianza a los inversores y convertir la recuperación de la naturaleza en un flujo de capital.

El mecanismo: medir, certificar, empaquetar y vender

El informe describe un mercado fragmentado pero en crecimiento que incluye:

  • Biodiversity Net Gain (BNG): obligatorio en Inglaterra desde 2024 para desarrollos urbanísticos y, desde el 2 de noviembre de 2026, también para proyectos de infraestructura de importancia nacional (NSIPs). Los promotores deben entregar al menos un 10 % de ganancia neta de biodiversidad. Esto crea demanda obligatoria de “unidades de biodiversidad” que se pueden comprar fuera del sitio.
  • Códigos de carbono (Woodland Carbon Code y Peatland Code).
  • Mercados de nutrientes y otros servicios ecosistémicos.
  • Plataformas de agregación a escala de paisaje y financiación mixta (público-privada).

El objetivo es superar los obstáculos actuales (ingresos de corta duración, proyectos pequeños, altos costes de transacción, falta de contrapartes invertibles) y generar flujos multimillonarios en restauración de turberas y bosques, resiliencia de cuencas, agricultura regenerativa, bancos de hábitats y “infraestructura inteligente con la naturaleza”.

Todo esto se apoya en el marco contable de la ONU: el System of Environmental-Economic Accounting – Ecosystem Accounting (SEEA-EA). Las cuentas de capital natural del Reino Unido, elaboradas por la Office for National Statistics, siguen explícitamente estas directrices de Naciones Unidas. Así se asigna valor monetario a los servicios ecosistémicos y se los convierte en activos que pueden servir de colateral, generar créditos y atraer inversión institucional.

El papel del Gobierno y los contribuyentes

El Gobierno no se limita a “facilitar”: fuerza la demanda mediante regulación (BNG y otras normas), alinea estándares, apoya plataformas de agregación y utiliza fondos públicos o mixtos para hacer los proyectos atractivos. Los contribuyentes financian la creación del mercado, la “preparación para la inversión” de los proyectos y, en muchos casos, el backstop o la demanda inicial. Mientras tanto, bancos, corporaciones e inversores institucionales recogen los retornos una vez que los activos están medidos, certificados y empaquetados.

Esto encaja con la lógica descrita en comentarios al post original: más activos → más crédito posible → más actividad económica → más ingresos fiscales. Los acreedores quieren activos adicionales contra los que prestar. La naturaleza, convertida en capital natural, cumple ese papel.

La perspectiva crítica

La narrativa oficial habla de “recuperación de la naturaleza”, resiliencia climática y oportunidades de inversión de alta integridad. La crítica, expresada con claridad en el post de @Artemisfornow, es otra: se está transformando el producto de la Tierra —bosques, ríos, suelos, biodiversidad— en mercancía financiera. Lo que antes era un bien común o un patrimonio natural pasa a ser un activo clase que genera retornos para inversores privados, amparado conceptual y metodológicamente por la ONU y ejecutado a través de legislación nacional.

El vídeo que acompaña el post muestra al secretario general de la ONU, António Guterres, hablando de la “moment of truth” climática y de la necesidad de salir de la “highway to climate hell”. El post lo usa como marco para señalar que, bajo ese discurso, se está implementando precisamente este modelo de financiarización.

No se trata de un debate abstracto. El proceso ya está en marcha: regulación que crea demanda obligatoria, cuentas que monetizan los servicios ecosistémicos siguiendo estándares de la ONU, y un esfuerzo activo del Gobierno británico para atraer capital a escala hacia estos nuevos productos. El resultado, según la denuncia, es el robo institucionalizado de la naturaleza, presentado como solución de mercado y de sostenibilidad.

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