Apenas 24 horas después de la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, Luis Pedro Marco de la Peña ha presentado su renuncia como presidente de ADIF y ADIF Alta Velocidad. La formalización ha producido en una reunión con Carlos Cuerpo, vicepresidente y ministro de Economía que ha asumido temporalmente las competencias de Transportes. Fuentes del Gobierno lo presentan como una dimisión; otros medios hablan abiertamente de cese tras la retirada de confianza. Pero el resultado es el mismo: el máximo responsable del administrador de infraestructuras ferroviarias abandona el cargo en plena crisis por el accidente de Urda, que se ha cobrado la vida de al menos 69 personas el 28 de octubre.
Marco de la Peña fue nombrado en septiembre de 2024 a propuesta directa de Óscar Puente y con el visto bueno del Consejo de Ministros. Provenía del Gobierno vasco, donde había sido viceconsejero de Infraestructuras y Transportes (2020-2024) y antes director general de Euskal Trenbide Sarea. Su trayectoria estaba vinculada al entorno del PSE-EE y al entonces secretario de Estado José Antonio Santano. Llegó a ADIF para sustituir a Ángel Contreras, cesado tras verse salpicado por irregularidades en contratos vinculadas al caso Koldo.
La gestión de ADIF bajo Puente y Marco ha sido objeto de reiteradas críticas por la sustitución de perfiles técnicos por personas afines al PSOE o a su entorno. Reportajes de diversos medios documentaron cómo se reconfiguró la cúpula: se eliminaron o diluyeron direcciones generales de Seguridad y Mantenimiento, se colocaron cargos con trayectorias políticas (asesores de Ximo Puig, excandidatos socialistas, familiares de altos cargos) y se limitaron los procesos de selección. En una convocatoria para cinco puestos de dirección, de 54 candidaturas solo siete pasaron el filtro inicial, dejando sin competencia real la mayoría de las plazas.
ADIF arrastra un historial de irregularidades investigadas: la expresidenta Isabel Pardo de Vera está imputada por varios delitos en el marco del caso Koldo (malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación); se han documentado modificaciones de puntuaciones técnicas en licitaciones, adjudicaciones sospechosas a constructoras afines y recolocaciones de cargos salpicados por amaños. El Tribunal de Cuentas ha señalado fallos de control y arbitrariedad en la gestión de fondos, incluyendo periodos anteriores. Informaciones periodísticas han hablado de cientos de puestos creados o cubiertos de forma discrecional. Todo ello en una empresa pública encargada de la seguridad de millones de viajeros.
Gestión desastrosa y las tragedias
Como saben, la tragedia de Urda se ha producido nueve meses después de la tragedia de Adamuz, que dejó 46 muertos. En ambos casos han aflorado fallos de sistemas de seguridad (LZB), decisiones del centro de control de ADIF y cuestionamientos sobre el mantenimiento y los protocolos. En ambos siniestros Puente intentó distanciarse de su responsabilidad política.
La crítica más dura apunta a una cultura de priorizar la continuidad del servicio, los intereses políticos y la colocación de afines por encima de la seguridad de las personas y el rigor técnico. Los sistemas envejecidos, las incidencias recurrentes en la línea Madrid-Sevilla y la dilución de controles técnicos bajo una cúpula politizada forman parte del diagnóstico que circula entre sindicatos, técnicos y oposición. El resultado, en menos de un año, es más de un centenar de muertos en accidentes de alta velocidad.
La dimisión no es suficiente
La salida de Marco de la Peña y la previa de Puente no cierran el asunto ni mucho menos. Dimitir o ser cesado es un gesto político de contención de daños de cara a las próximas elecciones generales como descaradamente ha reconocido algún que otro sujeto en el entorno del PSOE. Pero las familias de las víctimas de Urda y Adamuz merecen algo más que relevos en los despachos. Las investigaciones judiciales y técnicas deben llegar hasta el final: determinar si hubo negligencia grave, incumplimiento de protocolos, priorización de intereses espurios o irregularidades en la gestión de fondos y contratos que afectaran a la seguridad.
En una democracia de verdad, los responsables políticos y gestores de un servicio público esencial no pueden limitarse a abandonar el cargo cuando el desastre ya ha ocurrido. Si las pesquisas confirman fallos graves de dirección, politización que degradó la capacidad técnica o irregularidades en la administración de recursos públicos, tanto Óscar Puente como Luis Pedro Marco de la Peña, y cuantos compartan responsabilidad, deben responder ante la Justicia. La dimisión no borra las consecuencias. El coste se mide en vidas, y la sociedad tiene derecho a exigir que se depuren responsabilidades penales cuando la gestión pública produce tragedias de esta magnitud.
(Por Lourdes Martino)
