El Boletín Oficial del Estado ha publicado este lunes la concesión del Collar de la Orden de Isabel la Católica a Emmanuel Macron y la Gran Cruz a su esposa Brigitte. El gesto, firmado por Felipe VI a propuesta del Gobierno socialcomunista, se produce en vísperas de la visita de Estado del presidente francés a España. Se trata de un acto protocolario más, pero que merece un rechazo frontal por lo que representa.
La Real Orden de Isabel la Católica nació el 14 de marzo de 1815 por decisión de Fernando VII. Su nombre original era Real y Americana Orden de Isabel la Católica. El propósito declarado era claro y concreto: “premiar la lealtad acrisolada a España y los méritos de ciudadanos españoles y extranjeros en bien de la Nación y muy especialmente en aquellos servicios excepcionales prestados en favor de la prosperidad de los territorios americanos y ultramarinos”. Se creó en un momento de crisis imperial, cuando España luchaba por mantener sus dominios en América. La Reina Isabel I de Castilla, figura central de la unidad territorial, de la proyección de España en el mundo y de una monarquía que no se avergonzaba de su propia historia, daba nombre a una distinción pensada para recompensar lealtad y servicio a los intereses españoles.
Precisamente en la época de Isabel la Católica, Francia no era una potencia amiga, sino una rival declarada. Mientras la reina consolidaba la unidad de Castilla y Aragón y proyectaba el poder de España, el rey Carlos VIII de Francia invadió Italia en 1494 reclamando el Reino de Nápoles, territorio vinculado a la Corona de Aragón. Aquella agresiva expedición francesa amenazaba directamente los intereses españoles en el Mediterráneo y obligó a los Reyes Católicos a enfrentarse a la expansión gala, formando coaliciones para contenerla. No era un conflicto menor ni anecdótico: Francia buscaba arrancar a la monarquía hispánica dominios que consideraba propios. Esa rivalidad estructural entre ambas coronas marcó la política exterior de Isabel y Fernando. Entregar hoy una orden que lleva el nombre de aquella gran Reina al jefe de Estado de la misma nación que, en su tiempo, pretendía despojar a España de territorios, resulta especialmente incongruente.
Hoy esa misma orden, en su grado más alto, se entrega a un presidente francés. El contraste no puede ser más brutal.
Emmanuel Macron no es un amigo de España. Durante años los agricultores españoles han sufrido la competencia desleal, las protestas y los bloqueos en la frontera francesa. Las relaciones bilaterales han estado marcadas por desconfianza y rivalidad más que por fraternidad. Macron personifica además una visión globalista que prioriza la Agenda 2030 y las políticas de Bruselas por encima de los intereses nacionales de los pueblos europeos. Su gestión ha generado un rechazo profundo en su propio país: protestas masivas, huelgas, crisis de legitimidad y una popularidad que, en varios momentos, se ha hundido hasta niveles que ni siquiera sus partidarios pueden disimular. Los escándalos y la distancia con la calle francesa son de sobra conocidos.
Entregar el Collar, el grado más elevado de una orden creada en honor de la Reina Isabel la Católica, a quien representa una Francia que históricamente ha competido y a menudo hostigado los intereses españoles es una contradicción flagrante con el espíritu original de la distinción. Convertir en caballero del Collar a un dirigente que ha impulsado políticas que muchos españoles perciben como lesivas para su soberanía y su economía es vaciar de contenido el nombre de una Reina que simboliza precisamente lo contrario: defensa de los intereses de España y afirmación de su identidad.
La Gran Cruz concedida a Brigitte Macron no mejora el cuadro. Es el mismo protocolo de siempre: se condecora al jefe de Estado y se hace lo propio con su esposa, sin que medie un mérito extraordinario propio que justifique vincular su nombre al de Isabel la Católica.
Las condecoraciones de Estado no son meros adornos de protocolo. Cuando se entregan sin criterio, desvirtúan la memoria de quienes les dieron nombre. Isabel la Católica no necesita que se use su nombre para endulzar una visita de Estado a un dirigente francés que no ha demostrado especial lealtad ni especial beneficio hacia España. Al contrario: entregar estas insignias en las actuales circunstancias es una forma de banalizar una orden que nació para premiar lealtad acrisolada a España, no para premiar la simple presencia protocolaria de un presidente extranjero cuya trayectoria genera más rechazo que adhesión entre amplios sectores de la opinión pública europea.
Una distinción que se concede con tanta facilidad deja de ser distinción. Y cuando se concede a quien no la merece, termina por manchar el nombre que pretende honrar.
(Por Lourdes Martino)
