Por Alfonso de la Vega
“… por los caballeros debe mantenerse la Justicia, porque así como el oficio de los jueces es juzgar, el de los caballeros es mantener la Justicia… el caballero que permita o sostenga al traidor, ladrón o robador no usa de su oficio… la Caballería no está en el caballo ni en las armas sino en el caballero.” (Raimundo Lulio)
Tras medio siglo de Monarquía el reino abundan los indeseables y traidores. Vienen a ocupar la cabeza de casi toda la panoplia institucional. En la Zarzuela, la Moncloa, San Jerónimo, Domenico Scarlatti, y en la paradójicamente llamada plaza de la Lealtad. La última coz perpetrada por el que ejerce de excelentísimo señor presidente del gobierno de la Corona: “eso pregúnteselo a Vivas”, describe mejor que cualquier discurso la calaña del andoba. Un personaje amoral que se ampara en un partido degradado a banda envilecida.
No se entiende que un país civilizado con siglos de gloriosa historia como España soporte tanta humillación, tanta degeneración moral, tanta ignominia. La oposición mayoritaria ha vuelto a demostrar ser colaboracionista. Que ni el jefe del Estado, ni los Tribunales, ni el Parlamento, ni las FFAA, ni la Guardia civil, ni los empresarios, impidan el imperio del mal y dejen hacer sin poner remedio.
El falsario ha demostrado ser capaz de todo para mantenerse en el poder, porque sabe que en un país civilizado su destino ineludible sería al menos la perpetua. Si no se le derroca pronto España está gravemente amenazada.
Pero por desgracia es la Monarquía la que ha criado, fomentado y mantiene personajes como el presidente, mostrándose como un estado fallido, muy influido por el narcotráfico internacional y especialmente en el Estrecho y que ha abandonado la soberanía y la beneficiosa neutralidad y ha desertado de la Tradición cultural española para someterse a la enemiga anglosionista.
¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de degradación moral y política? ¿Ventajas de la “democracia”? Pues en puridad, no. Se supone que en una auténtica democracia o Estado de derecho la separación de poderes actuaría para reprimir y condenar a los delincuentes por muy poderosos que fuesen. Pero, pasen y vean. Riñas y escaramuzas entre tribunales. Bueno entre un auténtico tribunal y lo que hoy es una cándida dependencia togada del sanchismo para limpiarle sus legañas traidoras y liberticidas cuando sea menester. Un Tribunal Constitucional que superando la constitución ha desnaturalizado al propio Tribunal Supremo hasta el punto de que ya no justifica tal nombre, subordinándolo a sus conveniencias políticas socialistas y dejándole en ridículo. Una auténtica vergüenza.
Ahora la Abogacía del “gobierno” va y dice que resulta imposible gestionar tanta solicitud ergo… ¡aprueba que sea un coladero en beneficio de la trampa! En efecto, la última escaramuza que se refiere a la liberticida y prevaricadora ley de nietos, hoy temporal y justamente suspendida por el Tribunal Supremo en defensa de la soberanía nacional, es el recurso de reposición. Se trataría de conseguir de forma rápida en el Constitucional medidas «cautelarísimas» contra las medidas cautelares y provisionales que, por el momento, han congelado la organización del ‘pucherazo’ en ciernes.
Obras y sentencias son amores y no buenas razones. Hace unos días durante la apertura del año judicial la presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha sostenido que: “la independencia judicial no constituye una excepción al principio democrático, sino una de sus garantías.,.. La democracia constitucional no se agota en la regla de la mayoría, sino que “se asienta también en el reconocimiento de derechos cuya efectividad no puede depender de la posición política, social o económica de quien los invoca: los tribunales han de resolver conforme a lo que el Derecho dispone, sin presiones directas ni indirectas”. “Solo juzga conforme a la ley quien no está sometido a nada más; precisamente por ello el Estado de Derecho requiere de un Poder Judicial independiente”.
Conviene recordar que el Tribunal constitucional es una entidad sui generis que NO pertenece al Poder Judicial pero que se permite subordinarlo eliminando su independencia y creando conflictos institucionales a beneficio del gobierno sectario y liberticida. Una anomalía que neutraliza la posibilidad siquiera de separación de poderes, requisito de toda democracia digna de tal nombre.
La realidad actual parece querer confirmar la lúcida profecía de Donoso Cortés: “yo no temo la democracia en las calles pero la temo en la ley, porque no la temo cuando combate, sino cuando vicia el espíritu de nuestras instituciones. Sus rugidos cuando suenan en el recinto porque la ley que convoca en él a los que lo lanzan, al revestirlos con su manto los santifica y los hace invulnerables…”
En efecto, el TC actuaría desde una presunta legitimidad en abuso de ley que resultaría muy difícil empalmar con la constitución tanto con los ideales expresados en su preámbulo cuanto con en el Artículo 123. 1. “El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.” La misión fundamental del TC debiera ser corregir las posibles extralimitaciones del parlamento, teórico órgano de la soberanía nacional, en homenaje a unos principios previamente declarados intangibles o superiores a la propia soberanía e incluso acaso a la estricta literalidad del texto constitucional. Pero nunca la de convertirse en tribunal de casación y menos al servicio de bandería sectaria. Y es que si no se quiere caer en fariseísmos «el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado«. Es decir, las leyes existen para servir, proteger y beneficiar al ciudadano, y no para someterlo ni convertirlo en esclavo de una norma más o menos arbitraria o contingente.
Lulio nos recuerda principios elementales de la civilización y de las condiciones de su permanencia: auténticos jueces y caballeros. La actual degradación del régimen hace recaer en la Judicatura no ya sólo el proteger las garantías constitucionales y el ordenamiento legal sino también a la propia nación amenazada. En mi ignorancia de simple ciudadano, ¿es que para desactivar el proceso en curso no cabe la posibilidad de que la Judicatura y el Supremo actúen con la celeridad que requiere el caso contra los integrantes de la banda insurgente? Y si es posible, ya puestos a emplear medidas “cautelares”, ¿a qué se espera?
