Por Alex Díaz
Vamos a poner como ejemplo el ayuntamiento de Vigo. Este ayuntamiento maneja unos 351 millones de euros al año. ¿Necesitamos realmente una gigantesca estructura política y administrativa para mantener limpia, iluminada y funcionando una ciudad?
Una propuesta incómoda: sustituir el Ayuntamiento político por un concejo vecinal, administrar Vigo como una enorme comunidad de propietarios y devolver al ciudadano todo aquello que no sea imprescindible recaudar.
Hay preguntas que parecen absurdas únicamente porque llevamos demasiado tiempo sin formularlas.
Esta es una de ellas:
¿Para qué necesitamos realmente un Ayuntamiento?
No hablamos de eliminar los bomberos, dejar de recoger la basura, apagar las farolas o abandonar el alcantarillado.
Hablamos precisamente de lo contrario.
De pagar exclusivamente por aquello que necesitamos.
Tomemos Vigo.
El presupuesto municipal consolidado para 2026 ronda los 350,9 millones de euros.
Más de 88 millones corresponden a personal. Cerca de 177 millones van destinados a bienes, servicios y contratos. Las transferencias corrientes rondan los 38,5 millones y las inversiones reales aproximadamente los 44,5 millones.
En números redondos, Vigo administra del orden de:
UN MILLÓN DE EUROS CADA DÍA.
Domingos incluidos.
Festivos incluidos.
También esos días en los que uno mira por la ventana y se pregunta dónde está exactamente ese millón de euros.
La cuestión, por tanto, no es si mantener una ciudad cuesta dinero.
Naturalmente que cuesta.
La pregunta es:
¿TIENE QUE COSTAR 351 MILLONES?
EL EXTRAÑO MUNDO DONDE GASTAR ES UN ÉXITO
Una familia funciona de una manera extraordinariamente anticuada.
Primero calcula cuánto necesita gastar.
Después consigue el dinero.
Una empresa bien administrada resulta todavía más peligrosa: compara proveedores, negocia precios, automatiza procesos, elimina duplicidades y pregunta para qué sirve cada departamento.
La Administración ha conseguido perfeccionar el procedimiento contrario.
Primero recauda. Después encuentra en qué gastar.
Y existe además un fenómeno fascinante: gastar todo el presupuesto suele considerarse una demostración de buena gestión.
Imagine aplicar ese principio a su casa.
—Este año nos sobraron 8.000 euros.
—Fantástico.
—No. Tenemos un problema. Hay que gastarlos antes de diciembre.
Probablemente cambiaríamos una cocina perfectamente funcional, sustituiríamos el portal que reformamos hace cinco años y encargaríamos un estudio sobre la resiliencia transversal del cuarto de contadores.
Suena ridículo.
Hasta que lo llamamos presupuesto público.
PRIMERA REGLA DEL NUEVO VIGO: SI FUNCIONA, NO SE CAMBIA
Una administración vecinal tendría una norma casi revolucionaria:
MANTENIMIENTO ANTES QUE SUSTITUCIÓN.
¿La acera está bien?
0 euros.
¿Tiene deteriorado un pequeño tramo?
Se repara ese tramo.
¿La carretera todavía tiene años de vida útil?
Se conserva.
¿Una plaza funciona perfectamente?
No necesita ser “reinventada”.
El programa relacionado con pavimentación de vías públicas maneja aproximadamente 21 millones de euros, mientras las inversiones reales consolidadas rondan los 44,5 millones.
Eso no convierte automáticamente ninguna de esas inversiones en despilfarro.
Significa que cada proyecto debería demostrar previamente su necesidad.
Estado actual.
Vida útil restante.
Coste de reparación.
Coste de sustitución.
Alternativas.
Beneficio esperado.
Y finalmente una pregunta devastadora:
¿LO HARÍAMOS SI TUVIÉRAMOS QUE PAGARLO DE NUESTRO BOLSILLO?
Porque ése es precisamente el pequeño detalle.
Lo estamos pagando de nuestro bolsillo.
177 MILLONES EN CONTRATOS: AQUÍ ENTRARÍAN LOS AUDITORES
El enorme bloque de bienes, servicios y contratos ronda los 176,9 millones de euros.
Ésta sería la primera sala que abriría una Junta Gestora.
Contrato por contrato.
Proveedor por proveedor.
Factura por factura.
¿Cuánto pagamos?
¿Cuánto cuesta ese mismo servicio en otra ciudad?
¿Cuántas empresas pueden prestarlo?
¿Cuánto cuesta por usuario?
¿Se modificó el contrato después de adjudicarlo?
¿Qué resultados está produciendo?
¿Puede dividirse para introducir competencia?
Solamente un 5 % de ahorro representa aproximadamente:
8,8 MILLONES DE EUROS AL AÑO.
No hace falta descubrir ninguna conspiración.
A veces el despilfarro más aburrido consiste simplemente en comprar caro.
88 MILLONES EN PERSONAL: LA PREGUNTA PROHIBIDA
Llegamos a otro tabú.
El gasto consolidado en personal supera los 88 millones de euros.
Eso no significa que los trabajadores municipales sean innecesarios.
Significa que cada puesto debería demostrar que sigue siendo necesario.
Una empresa pregunta constantemente:
¿Qué trabajo necesitamos realizar?
¿Cuántas personas hacen falta?
¿Qué tareas están duplicadas?
¿Qué puede automatizarse?
¿Qué departamento dejó de tener sentido?
¿Qué servicio resulta más eficiente contratar externamente?
En la Administración suele formularse la pregunta al revés:
“Tenemos estas plazas. ¿Cómo las mantenemos?”
El Concejo Vecinal cambiaría radicalmente el planteamiento:
PRIMERO DECIDIMOS QUÉ TRABAJO NECESITAMOS. DESPUÉS CUÁNTAS PERSONAS HACEN FALTA.
Bomberos, técnicos, ingenieros, operarios y personal administrativo imprescindible continuarían.
Pero desaparecerían progresivamente los puestos redundantes, funciones duplicadas y estructuras cuya utilidad no pueda justificarse.
Jubilaciones no necesariamente reemplazadas.
Plazas amortizadas.
Departamentos fusionados.
Procesos automatizados.
Servicios externalizados cuando resulte objetivamente más barato.
Porque conservar durante cuarenta años un puesto que la tecnología convirtió en innecesario no es política social.
Es pagar por realizar un trabajo que ya no hace falta.
UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DEBERÍA NECESITAR MENOS ADMINISTRACIÓN
Registro.
Cobros.
Certificados.
Notificaciones.
Facturas.
Citas.
Seguimiento de expedientes.
Contabilidad.
Compras.
Una parte enorme de estos procesos puede automatizarse.
Y aquí aparece una de las grandes paradojas de nuestra época:
digitalizamos la Administración, pero muchas veces conservamos detrás prácticamente toda la estructura anterior.
Sería como instalar cajeros automáticos en un banco y conservar exactamente la misma organización que existía en 1975.
Digitalizar debería significar también:
simplificar.
LOS 38,5 MILLONES QUE TENDRÍAN QUE EXPLICARSE CADA ENERO
Las transferencias corrientes rondan los 38,5 millones de euros.
Hay servicios perfectamente necesarios dentro de ese dinero.
Pero toda subvención discrecional empezaría cada 1 de enero en:
0 EUROS.
¿Quiere financiación pública?
Explique qué hace.
Cuánto cuesta.
A quién beneficia.
Qué resultados consigue.
Y por qué tiene que pagarlo el conjunto de los vigueses.
La frase “siempre recibimos esta subvención” dejaría de tener valor.
Y existiría otra regla:
EL CONCEJO NO FINANCIA IDEOLOGÍAS.
Ni de izquierdas.
Ni de derechas.
Ni conservadoras.
Ni progresistas.
Ni verdes.
Ni de ningún otro color.
Una tubería no tiene ideología.
Una farola tampoco.
AGENDA 2030, ZBE Y CUALQUIER OTRA ETIQUETA: TRAIGAN LA CALCULADORA
La misma regla se aplicaría a cualquier política asociada a la Agenda 2030, zonas de bajas emisiones, movilidad sostenible o cualquier otro programa nacional o internacional.
Esta Agenda es completamente perniciosa, peligrosa e innecesaria, diseñada para destruir la sociedad tal y como la conocemos y sustituirla por un Gulaj para controlar la población, estabularla y robar la propiedad privada
En todo caso primero habría que ver:
Números.
¿Cuánto cuesta?
¿Qué problema pretende solucionar?
¿Cuánto lo reduce?
¿Cómo se mide?
¿Qué perjuicio económico provoca?
¿Qué restricciones impone al ciudadano?
¿Qué alternativas existen?
¿Compensa?
Sí:
se estudia.
No:
a la papelera.
Una pegatina con muchos colores no constituye un estudio económico.
AHORA VIENE LO DIVERTIDO: QUITEMOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Imaginemos que desaparece el Ayuntamiento político tal como lo conocemos.
No desaparece la ciudad.
No desaparecen los servicios.
Desaparece la necesidad de convertir su administración cotidiana en una batalla permanente entre siglas.
En su lugar tendríamos:
EL CONCEJO VECINAL DE VIGO.
La ciudad se dividiría en distritos.
Cada barrio elegiría representantes directamente.
No partidos.
No listas cerradas.
Personas.
Con nombre.
Currículum.
Actividad profesional.
Conflictos de interés públicos.
Patrimonio declarado.
Votaciones conocidas.
Y mandato limitado.
De esos distritos saldría una Junta Gestora de apenas 15 o 25 personas.
No necesitamos reproducir el Congreso de los Diputados para decidir cuánto cuesta limpiar Coia.
UN GERENTE QUE SEPA GESTIONAR
La Junta contrataría mediante concurso público un gerente profesional de la ciudad.
No necesitaríamos saber qué piensa sobre Palestina, Ucrania, el cambio climático o la última discusión parlamentaria.
Necesitaríamos saber:
¿sabe administrar 260 millones de euros?
Tendría objetivos cuantificables.
Coste por habitante.
Coste de residuos.
Estado de las calles.
Consumo energético.
Tiempo de tramitación.
Calidad de servicios.
Cumplimiento presupuestario.
Resultados trimestrales publicados.
Cumple:
continúa.
No cumple:
se busca otro.
Como sucede en cualquier organización que tenga que responder por sus resultados.
EL GRAN INVENTO: DECIRLE AL VECINO CUÁNTO CUESTAN SUS IDEAS
Las grandes inversiones se decidirían mediante votación digital.
Pero cada propuesta llevaría obligatoriamente el precio al lado.
No:
¿Quiere usted mejorar esta avenida?
Pregunta absurda.
La pregunta sería:
Reforma integral: 18,2 millones.
Reforma parcial: 6,5 millones.
Mantenimiento: 2,1 millones.
Coste equivalente por hogar de cada opción: X euros.
¿Cuál elige?
Entonces sí estamos votando.
Porque ocurre algo fascinante cuando el ciudadano descubre que una obra pública no la paga una criatura mitológica llamada “Ayuntamiento”.
LA PAGA ÉL.
LA DERRAMA: LA MEJOR ESCUELA DE ECONOMÍA
Las comunidades de propietarios poseen una extraordinaria herramienta contra el entusiasmo presupuestario:
la derrama.
El administrador anuncia:
—Hay que cambiar el ascensor. Son 3.000 euros por vecino.
En aproximadamente doce segundos aparecen diecisiete expertos en ascensores.
¿No puede repararse?
¿Tenemos otro presupuesto?
¿Por qué cuesta tanto?
¿Realmente hace falta?
Magnífico.
Apliquemos el mismo principio a Vigo.
¿Una obra extraordinaria cuesta 30 millones?
Perfecto.
Proyecto público.
Tres alternativas.
Presupuestos públicos.
Y:
DERRAMA EQUIVALENTE: X EUROS POR HOGAR.
Después votamos.
Es posible que algunas avenidas aparentemente insoportables recuperasen de repente un extraordinario encanto histórico.
ADIÓS AL IBI: HOLA A LA CUOTA VECINAL
Vigo prevé recaudar aproximadamente:
78,45 MILLONES DE EUROS DE IBI URBANO.
Aquí cambiaría completamente la filosofía.
El Concejo no cobraría a una familia simplemente en función del valor o características de su vivienda como mecanismo general para financiar los servicios comunes.
Lo sustituiríamos conceptualmente por una:
CUOTA VECINAL POR HOGAR.
¿Por qué?
Porque una vivienda de 160 metros no necesita necesariamente el doble de farolas, el doble de bomberos o que el camión de basura pase dos veces.
La filosofía sería similar a una comunidad.
Primero calculamos cuánto cuesta mantener los servicios comunes.
Después distribuimos razonablemente ese coste.
Podrían contemplarse correcciones por actividad económica, vulnerabilidad, grandes productores de residuos u otras circunstancias objetivas.
Pero la vivienda familiar dejaría de contemplarse simplemente como una base sobre la que recaudar indefinidamente.
CADA BARRIO TENDRÍA SU PROPIA CUENTA
Los vigueses podrían abrir una aplicación y consultar:
Teis
Ingresos.
Gastos.
Limpieza.
Mantenimiento.
Obras.
Contratos.
Coia
Lo mismo.
Bouzas
Lo mismo.
Lavadores
Lo mismo.
Cada barrio sabría cuánto cuesta mantenerlo.
Y cada contrato tendría una ficha comprensible:
empresa,
precio,
duración,
facturas,
modificaciones,
competidores,
calidad obtenida.
Transparencia no significa arrojar veinte mil PDF sobre una página web.
Transparencia significa que un vecino pueda averiguar en cinco minutos:
QUIÉN COBRA, CUÁNTO COBRA Y POR QUÉ.
BOMBEROS SÍ; ESTRUCTURA DECORATIVA NO
Una ciudad necesita servicios.
Bomberos.
Emergencias.
Agua.
Saneamiento.
Basura.
Alumbrado.
Mantenimiento.
Parques.
Infraestructuras.
Movilidad.
Servicios sociales verdaderamente esenciales.
Todo eso seguiría existiendo.
Lo que tendría que justificar su supervivencia sería todo lo demás.
¿Y LA POLICÍA LOCAL?
En este modelo, la seguridad ciudadana general descansaría fundamentalmente en los cuerpos estatales correspondientes y en el sistema judicial.
El Concejo conservaría solamente la estructura estrictamente necesaria para ordenación de tráfico, movilidad e incidencias urbanas.
Algo parecido, en espíritu, a aquellos antiguos vigilantes de circulación conocidos popularmente en algunos lugares como “bacenillas”.
La pregunta volvería a ser la misma:
Si otra Administración ya realiza una función, ¿por qué pagar dos veces por estructuras parcialmente superpuestas?
EL PRESUPUESTO NO PODRÍA CRECER SOLO
Otra regla fundamental.
Si gestionar Vigo cuesta este año 260 millones, el presupuesto del siguiente ejercicio no podría crecer por encima de inflación y población salvo aprobación expresa de los vecinos.
¿Alguien quiere 25 millones adicionales?
Fantástico.
Explique:
para qué.
Uno por uno.
Y votamos.
DE 351 A 260 MILLONES
Llegamos al ejercicio central.
Presupuesto consolidado actual:
≈351 MILLONES.
Objetivo de una gestión extremadamente austera:
≈260 MILLONES.
Diferencia potencial:
≈91 MILLONES DE EUROS.
Conviene repetir algo fundamental.
Esos 91 millones no representan 91 millones de corrupción demostrada ni 91 millones de gasto inútil identificado.
Representan un objetivo teórico de transformación que habría que comprobar mediante auditoría:
menos estructura administrativa,
amortización de puestos redundantes,
automatización,
mejores contratos,
menos subvenciones prescindibles,
menos inversión de baja prioridad,
menos gasto político,
y mantenimiento frente a sustitución.
Pero supongamos que lo conseguimos.
¿Qué hacemos con esos 91 millones?
Aquí llega nuestra medida económica más sofisticada:
NADA.
No creamos un nuevo organismo para administrar el ahorro.
No contratamos veinte técnicos para estudiar qué hacer con él.
No organizamos unas jornadas tituladas “Vigo Ahorra 2035”.
No encargamos un logotipo.
DEJAMOS DE COBRARLO.
EL DINERO QUE NO RECAUDA EL CONCEJO NO DESAPARECE
Se queda en Vigo.
En los bolsillos de familias.
Autónomos.
Comercios.
Empresas.
Se convierte en:
reformas,
consumo,
ahorro,
estudios,
inversión,
maquinaria,
restaurantes,
hipotecas,
nuevos negocios.
El dinero no empieza a existir cuando entra en una cuenta municipal.
Existía antes.
Lo produjo alguien.
TAMBIÉN DEVOLVERÍAMOS AL CIUDADANO SU TIEMPO
La reducción burocrática tendría otro dividendo.
Tiempo.
Si un trámite puede hacerse automáticamente:
se automatiza.
Si puede resolverse en un día:
no tarda un mes.
Si la Administración ya posee un documento:
no vuelve a pedírselo al ciudadano.
Para actividades sencillas y de bajo riesgo debería imperar una filosofía radicalmente distinta:
el ciudadano no necesita demostrar permanentemente por qué debe permitírsele hacer algo.
Cuando exista una razón seria para impedirlo, será la Administración quien tenga que justificarla.
EL MEJOR CONCEJO SERÍA EL QUE CASI NADIE NOTASE
Ésta sería quizá la mayor diferencia.
No necesitaríamos una Administración recordándonos constantemente que existe.
No necesitaríamos propaganda explicándonos lo bien que administra.
Los resultados hablarían.
Calles limpias.
Bomberos operativos.
Alcantarillado funcionando.
Contratos baratos.
Trámites rápidos.
Presupuesto equilibrado.
Cuotas bajas.
El mejor administrador de una comunidad de propietarios tampoco convoca una rueda de prensa porque ha cambiado tres bombillas.
Las cambia.
Y se marcha.
VIGO NO NECESITA SER GOBERNADO. NECESITA SER ADMINISTRADO
Ésa es toda la propuesta.
Una cuota ordinaria por hogar.
Para mantener la ciudad.
Un fondo de reserva.
Para emergencias.
Derramas extraordinarias.
Para grandes inversiones aprobadas por los vecinos.
Una pequeña Junta Gestora.
Para supervisar.
Un gerente profesional.
Para ejecutar.
Concejos de barrio.
Para representar directamente a los vecinos.
Votación digital.
Para decidir cuestiones importantes.
Auditoría permanente.
Para vigilar cada euro.
Y después:
QUE NOS DEJEN EN PAZ.
Que el agua llegue.
Que las calles estén limpias.
Que la basura desaparezca.
Que los bomberos lleguen cuando se necesitan.
Que las cuentas cuadren.
Que paguemos solamente lo imprescindible.
Y que después cada vigués pueda vivir su vida como considere oportuno.
LA PREGUNTA DE LOS 91 MILLONES
Todo este artículo puede resumirse finalmente en una reunión imaginaria de comunidad.
El administrador llega con las cuentas.
—Señores, este edificio cuesta actualmente 351 millones de euros al año.
Un vecino levanta la mano.
—Hemos hecho números y creemos que podríamos administrarlo correctamente por aproximadamente 260 millones.
Silencio.
Otro vecino pregunta:
—¿Entonces qué hacemos con los otros 91?
Y aquí aparece quizá la respuesta más revolucionaria que puede pronunciarse dentro de cualquier Administración:
—NO LOS COBRAMOS.
Tan sencillo que parece imposible.
Y quizá precisamente por eso merezca la pena empezar a hablar de ello.
