La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha hecho pública hoy la sentencia 418/2026 (Causa Especial 20775/2020), por la que condena a José Luis Ábalos Meco —exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE— a un máximo de 15 años y 18 meses de prisión efectiva, además de importantes inhabilitaciones. Su exasesor Koldo García Izaguirre recibe una pena similar de 15 años de prisión máxima efectiva. El empresario Víctor de Aldama Delgado es condenado a penas de prisión que quedan suspendidas durante cinco años bajo estrictas condiciones.
La resolución, de 224 páginas y ponencia del magistrado Andrés Martínez Arrieta, declara probada la existencia de una organización criminal que operó entre 2018 y 2022 aprovechando el cargo de Ábalos al frente del Ministerio de Fomento (luego MITMA) para adjudicar contratos públicos a cambio de sobornos.
Hechos probados: la organización criminal y los pagos mensuales
El tribunal considera acreditado que Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama constituyeron una organización con reparto claro de funciones y vocación de permanencia:
- José Luis Ábalos aportaba la autoridad institucional y la influencia política (como ministro y secretario de Organización del PSOE).
- Koldo García, su conductor primero y luego asesor de confianza (nombrado miembro de consejos de Puertos del Estado y RENFE), actuaba como intermediario y “mano derecha”, manejando incluso dinero en efectivo del ministro.
- Víctor de Aldama, empresario con intereses en inmobiliario, hostelero y hidrocarburos, captaba oportunidades de negocio y pagaba las comisiones.
Para cohesionar el grupo, los tres acordaron pagos mensuales de 10.000 euros que Aldama entregaba a Ábalos y Koldo (primero a Koldo y luego a su hermano Joseba García) desde octubre de 2019 hasta junio de 2022 (34 meses). Estos pagos están documentados y forman parte central de la prueba.
El núcleo del caso: las adjudicaciones de mascarillas COVID-19
El episodio más relevante juzgado en esta causa es la adjudicación de dos contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia:
- Puertos del Estado: 8 millones de mascarillas FFP2/KN95 por unos 20 millones de euros (Orden Ministerial de 21 de marzo de 2020).
- ADIF: 5 millones de mascarillas (Orden Ministerial de 26 de marzo de 2020).
Ambos contratos fueron adjudicados a Soluciones de Gestión, S.L., mercantil vinculada a Víctor de Aldama. El tribunal considera probado que:
- Existió connivencia previa: se firmaron acuerdos de prestación de servicios entre Aldama y la empresa antes incluso de publicarse las órdenes ministeriales.
- Koldo García tuvo una intervención “excesiva y omnipresente” en el proceso, transmitiendo decisiones del ministro y coordinando con los entes públicos.
- Se modificó al alza el número de mascarillas (de 4 a 8 millones en el caso de Puertos) tras intervención de Aldama.
- Se utilizó el procedimiento de emergencia por COVID-19 de forma que se favoreció a la empresa de Aldama, que obtuvo sustanciosos beneficios de los que una parte revertía en los pagos mensuales y otras comisiones a Ábalos y Koldo.
El Supremo rechaza que las órdenes ministeriales fueran en sí mismas prevaricadoras (había urgencia real de material sanitario), pero sí aprecia cohecho y tráfico de influencias en la forma en que se canalizó la adjudicación hacia la empresa vinculada al pago de sobornos.
Fallo: penas impuestas
José Luis Ábalos Meco (autor, sin circunstancias modificativas):
- Delito de organización criminal (art. 570 bis CP) + cohecho continuado (art. 419 CP): 5 años y 6 meses de prisión + inhabilitaciones.
- Otro cohecho (art. 419) en concurso con tráfico de influencias: 3 años y 6 meses de prisión + multa.
- Tráfico de influencias (art. 428): 1 año y 6 meses de prisión + multa.
- Malversación (art. 432) en concurso con tráfico de influencias: 3 años y 6 meses de prisión + inhabilitaciones.
- Dos delitos de cohecho (art. 422): 9 meses de prisión cada uno + suspensión de empleo/cargo.
Máximo de cumplimiento efectivo: 15 años y 18 meses de prisión (art. 76 CP). Absuelto de prevaricación, uso de información privilegiada y falsedad.
Koldo García Izaguirre (autor, sin circunstancias modificativas): penas muy similares, con máximo efectivo de 15 años de prisión. También absuelto de prevaricación, uso de información privilegiada y falsedad.
Víctor de Aldama Delgado (autor, con atenuante analógica de confesión muy cualificada):
Condenado por organización criminal + cohecho continuado y varios delitos de cohecho (arts. 424 y 422). Las penas de prisión quedan suspendidas durante 5 años condicionadas a: no delinquir, comparecer semestralmente ante el Tribunal y realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante 1 año. Absuelto de inducción a prevaricación, aprovechamiento de información privilegiada y falsedad.
Responsabilidad civil y decomiso
- Ábalos y Koldo deben indemnizar conjunta y solidariamente a INECO (34.450 €) y a TRAGSATEC (9.500,54 €).
- Se acuerda el decomiso de 430.298 euros de ganancias del delito de cohecho (340.000 € de los pagos mensuales + rentas de viviendas en Plaza de España y Marbella/Villa Parra).
- Costas: Ábalos y Koldo pagan cada uno 4/15 partes; Aldama, 5/21 partes; el resto de oficio.
Contexto procesal
La causa se inició por exposición razonada del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional. El Supremo asumió la competencia por la condición de aforado de Ábalos. Tras instrucción, apertura de juicio oral y celebración del juicio en abril-mayo de 2026, el Ministerio Fiscal y las acusaciones populares (PP, Vox y otras) mantuvieron acusaciones por organización criminal, cohecho continuado y otros delitos. Las defensas de Ábalos y Koldo mantuvieron su oposición; la de Aldama mostró conformidad parcial con la Fiscalía.
La sentencia es firme en lo que respecta al Tribunal Supremo y detalla una prueba abundante: testimonios (incluido el de Aldama), documentos, correos electrónicos, hojas Excel de “previsión de mascarillas”, auditorías internas del MITMA, movimientos económicos y periciales caligráficas.
Esta resolución judicial marca un hito en la persecución de la corrupción vinculada a la contratación pública durante la pandemia y confirma la existencia de una trama que utilizó el poder institucional para beneficio privado.
